Farmaindustria ha aprobado prorrogar su actual convenio con el Ministerio de Hacienda. Era la medida más esperada dentro del sector, ya que las divisiones internas habían hecho que se ponga en duda si se llegará a un acuerdo para negociar uno nuevo.
Según ha informado la patronal farmacéutica española, ha acordado con el Gobierno en funciones una prórroga del convenio de colaboración con una duración de seis meses, durante los cuales se tendrá que negociar la firma de uno nuevo para el resto de 2020. Tal y como ha trasladado Farmaindustria, tiene la voluntad de "seguir contribuyendo a la sostenibilidad de Sistema Nacional de Salud y a garantizar el acceso de los pacientes a los medicamentos".
Este convenio entre Farmaindustria y el Gobierno es un acuerdo de colaboración que comenzó hace cuatro años, en 2015. Lo que establece este pacto es que la industria farmacéutica se compromete a devolver dinero a las autoridades en el caso de que el gasto público en medicamentos supere al crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de nuestro país.
Herramienta de control presupuestario
Bajo esta herramienta de control presupuestario, la industria farmacéutica en España se vio obligada a tener que devolver hasta 150 millones de euros al Estado para compensar que durante 2018 el conjunto del gasto público de medicamentos alcanzó los 17.482 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 4,6% interanual, dos puntos por encima de la tasa de crecimiento de la economía española durante el mismo periodo, que se quedó en un 2,6%.
Es la primera vez desde que se firmó el acuerdo que la industria ha tenido que hacerse cargo de este gasto. El presidente de Farmaindustria aseguró entonces que aunque las condiciones de la devolución del dinero "son muy razonables", se trata de "una cifra muy importante de dinero", que supondrá "un gran esfuerzo para todas las compañías que forman parte de Farmaindustria".
No obstante, este acuerdo se encuentra en tierra de nadie a día de hoy. A lo largo de este año, Farmaindustria ha criticado que los laboratorios de genéricos no forman parte del acuerdo, por lo que consideran que cuentan con ventaja competitiva. En ese sentido se han manifestado en su último comunicado. "Es propósito, asimismo, de las partes que este nuevo acuerdo refleje la implicación de todas las compañías farmacéuticas involucradas en la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y la racionalización del gasto público en medicamentos", han expresado.
Incluir a los genéricos
Para poder renovar el acuerdo, que finalizó el pasado mes de diciembre, han puesto esta vez dos condiciones: que los laboratorios de genéricos y biosimilares también formen parte del acuerdo y que se calcule la cantidad a pagar en relación al PIB nominal, contando con la inflación.
Desde la patronal de los genéricos, AESEG y la Asociación Española de Biosimilares (Biosim), han rechazado tajantemente la propuesta. Además declararon en varios medios de comunicación que se habían enterado "por la prensa" de la sugerencia de Farmaindustria, lo que puso de relieve su división interna.
El principal argumento que esgrimen es que ya cuentan con sus propios acuerdos con el Gobierno, al mismo tiempo que son en sí mismos una forma de reducir el gasto, ya que tanto los genéricos como los biosimilares son una forma de ahorro para las arcas públicas.
Otro de los motivos que pone en peligro el acuerdo, además de la negativa de los laboratorios de genéricos y biosimilares a suscribirse al convenio, ha sido la puesta en marcha por parte del Ministerio de Sanidad del Plan de Biosimilares y Genéricos, en el que se pretende impulsar el uso de estos medicamentos por encima de los de marca. Farmaindustria, al contrario que Aeseg, está principalmente formado por laboratorios que comercializan fármacos de marca, lo que genera conflicto de manera directa.
