El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha declarado en torno a la próxima aprobación de la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión, que la norma servirá “para blindar la equidad, la cohesión y la universalidad de la sanidad pública y que, por tanto, no se privatice por ningún Gobierno de derechas en ninguna comunidad autónoma”. Unas declaraciones que no han gustado nada al Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), entidad constituida por la mayoría de las empresas sanitarias de titularidad privada de España.
En un comunicado, ha puesto sobra la mesa que “la magnitud de los problemas existentes en el sistema sanitario público, que requerirían de una auditoría en profundidad, no se puede ver respondido por un discurso cada vez más politizado circunscrito a una supuesta privatización de los servicios sanitarios que, por otra parte, no es real”.
El artículo primero de esta Ley establece la gestión pública directa como forma preferente para la prestación y gestión de servicios sanitarios y sociosanitarios, y regula el procedimiento de gestión de los servicios sanitarios públicos, no impidiendo la concertación de servicios con el sector privado, sino protocolizándolo; un planteamiento que la Fundación IDIS considera respetable. En cualquier caso, al sector sanitario privado “le es indiferente el modelo que elija la autoridad política correspondiente para la gestión de los servicios sanitarios; lo que siempre ha defendido es que se gestione de manera eficiente y bajo criterios profesionales”. El texto incorpora además la necesidad de implementar indicadores de resultados sanitarios de acuerdo con las Comunidades Autónomas, otro aspecto destacable y que la Fundación IDIS considera clave para fomentar estrategias de mejora en los procesos y de libertad de elección de los pacientes.
Desde IDIS consideran que “las declaraciones del presidente del Gobierno son el reflejo de una clase política que vive de espaldas a la realidad y a los problemas del sistema sanitario: aumento desproporcionado de las listas de espera para diagnóstico y tratamientos, falta de cohesión entre CC.AA, desigualdades en el acceso a nuevas tecnologías o fármacos ya aprobados, etc. Por ello, la Fundación IDIS considera que las manifestaciones ante la aprobación de este anteproyecto no son acordes a la realidad de un Sistema Nacional de Salud roto y acechado por la rigidez, la falta de dotación y recursos y la inadecuación a la realidad”.
“Resulta difícilmente entendible que los problemas que afectan al sistema sanitario público se sigan tratando de vincular a “privatizaciones” que además no son tales, obviando la gravedad de la situación y generando incertidumbre y confusión en la población. Estos problemas reales que tiene el sistema sanitario público, de hecho, están llevando a los pacientes a recurrir a la sanidad privada en cualquiera de sus formas de aseguramiento y provisión para tener una atención sanitaria que de otra forma se está haciendo inaccesible”, continúa el comunicado.
La institución considera que las autoridades políticas deberían escuchar a la población y atender sus demandas. A modo de ejemplo, la encuesta de la Fundación IDIS sobre percepción del sistema sanitario presentada hace solo unos días, señala que el 95,2% de los encuestados considera importante que el Gobierno incremente la financiación de la sanidad, que un 94,9% ve muy necesario, bastante necesario o necesario que exista colaboración entre sectores y en el que el 96,4% de la población considera esencial que exista equidad de acceso a pruebas diagnósticas, tratamientos y terapias novedosas independientemente de las circunstancias y del territorio en que se viva. Igualmente, los datos de la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) corrobora que el 83% de los españoles ve urgente implantar reformas sanitarias para reforzar el Sistema Nacional de Salud. “Esa es la realidad a la que debe prestarse atención y no otra”, insisten.
En definitiva, desde la Fundación IDIS señalan “que la burbuja de la política populista no hace más que dificultar una solución eficaz de los problemas, cuando lo importante e imprescindible es sumar voluntades y multiplicar esfuerzos, con una estrategia consensuada, y sinérgica. Lo contrario solo lleva al fracaso y al empobrecimiento de un sistema público ya a todas luces insuficiente”.
