Una de las propuestas estrellas del nuevo Gobierno de coalición está la del "blindaje" del Sistema Nacional de Salud (SNS), con el objetivo de que no se pueda "hacer negocio" con la sanidad pública y frenar, de alguna manera el avance que están logrando algunas empresas del sector sanitario a raíz de los recortes que han sufrido centenares de hospitales y centros sanitarios públicos en nuestro país.
El acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos, en particular, recoge reformar la Ley 15/97 para limitar la actividad de la sanidad privada en España aunque no han entrado en especificaciones.
Como resulta evidente, desde la patronal del sector, la Alianza para la Sanidad Privada (ASPE), se han posicionado radicalmente en contra de esta iniciativa. Más allá de calificar el enfoque del nuevo Gobierno como "demagógico", el presidente de ASPE, Carlos Rus, asegura durante una entrevista con Vozpópuli que no contar con la sanidad privada en el SNS, es simplemente "imposible".
"Hablan mucho de lo que quieren hacer, pero ¿pueden hacerlo? No, es completamente imposible. No se puede prescindir de la privada, porque muchas comunidades autónomas entrarían en quiebra", sostiene tajante el presidente de ASPE.
¿Por qué es "imposible"?
La afirmación de Rus no es aleatoria. Mantener el Sistema Nacional de Salud no sólo es complicado, sino que es caro. De media, las comunidades autónomas destinan entre el 30 y 40% de su PIB a la salud, una cifra que en los próximos años se estima que crezca debido al envejecimiento de la población.
¿Pero dónde entra la sanidad privada en todo esto? Todas las Comunidades Autónomas, sin excepción, cuentan con algún tipo de acuerdo de colaboración con empresas sanitarias privadas, como son los conciertos hospitalarios, que permiten la gestión privada de centros sanitarios públicos.
Desde el nuevo Gobierno la medida está inicialmente enfocada a revertir este tipo de sistemas para fomentar la gestión por parte de las administraciones de los centros sanitarios públicos. Desde ASPE consideran que este tipo de colaboraciones no sólo responden a una necesidad económica, sino que han demostrado ser una forma de ahorro.
"¿Por qué creen que las comunidades autónomas han optado por utilizar estos modelos? Porque necesitaban una estructura y no tenía capacidad económica. Y ha encontrado en la concesión una forma de dar un servicio al ciudadano", señala.
De media, las administraciones públicas se gastan cerca de 1.200 euros anuales por ciudadano en proporcionarle servicios sanitarios. Cuando lo hacen a través de un gestión privada, apunta Rus, el coste disminuye hasta los 600, 700 euros por persona. Es por ello que el presidente de ASPE cree que la mayoría de las comunidades entrarían en quiebra al no poder asumir el coste de prescindir de empresas privadas.
Un 40% del coste sanitario es privado
Según los datos que maneja ASPE, la sanidad cuesta al año en nuestro país más de 100.000 millones de euros, un 5,7% del PIB. Puede parecer mucho, pero de hecho, una de las históricas reclamaciones del sector -tanto público como privado- es que aumente esta dotación hasta alcanzar el 7% del PIB. El nuevo Gobierno incluye esta iniciativa en sus programa por el momento.
De esos más de 100.000 millones, el grueso del gasto corresponde, como es lógico, a la sanidad pública: cerca de 64.000 millones, algo más de un 60% del total. El 40% restante lo asumen las compañías del sector sanitario, unos 36.000 millones de euros al año. El tamaño del sector sanitario en nuestro país es tal que a día de hoy hay más hospitales privados que públicos, casi un 20% más.
No obstante, es importante coger esta cifra "con pinzas", como el propio presidente de ASPE reconoce. De los 36.000 millones de euros que se dejan las empresas sanitarias en ofrecer servicios de salud en nuestro país al año, sólo un 20% corresponde a los conciertos sanitarios que mantiene con las administraciones.
Esta partida es la que más preocupa a ASPE, ya que según explica Rus, acabar con la gestión privada de hospitales públicos será con toda probabilidad la primera medida que se tome -si es que se toma alguna en este sentido- por parte del Gobierno.
"Dentro de su retórica hay varios niveles. Hay un primer nivel que es eliminar los modelos de gestión público privada. Hay un segundo nivel que es eliminar la colaboración público privada y hay un tercer nivel que es que no exista la sanidad privada", explica. Según cuenta, aunque cree que el Gobierno no llegará a tomar medidas tan drásticas, se muestra convencido de que hará "algún gesto" con fines electorales.
"Sólo poner en marcha el primero les haría mucho daño económicamente y el problema no lo tendría el Gobierno, lo tendrían las CC.AA, en comunidades de todos los colores", apunta el presidente de ASPE.
El polémico 'Modelo Alzira'
"Esto ya ha ocurrido, ya lo pusieron en marcha en Valencia. Lo puso en marcha la Comunidad Valenciana y ha sido un completo desastre". Rus hace así referencia a la reversión del 'Modelo Alzira' en Valencia, que ha sido el centro de una enorme controversia y en el protagonista del debate sobre la gestión privada. ¿Es o no es más eficiente? ¿Supone un ahorro?
En 2018, el Hospital de La Ribera, en Alzira, pasó a ser competencia de la Generalitat Valenciana tras más de 18 años de gestión privada por parte de Ribera Salud y se convirtió en un símbolo del fin de las concesiones a empresas sanitarias privadas en Valencia. Las autoridades valencianas justificaron esta decisión alegando que la gestión privada era poco transparente y no resultaba más eficiente.
Por su parte, el Tribunal de Cuentas valenciano ha llevado a cabo varios informes en los que sostiene que el "modelo Alzira" puede suponer un ahorro de hasta un 30%, avalando los argumentos de las compañías privadas. De acuerdo con los últimos datos proporcionados por la Generalitat, los servicios sanitarios se mantienen "sin problemas" con gestión pública, algo con lo que no coincide Rus.
"Pura ideología"
La conclusión que saca Rus es clara: "Es una medida puramente ideológica". "Nadie da un argumento que ponga al paciente como motivo. Aquí al ciudadano lo que le preocupa es perder las coberturas que tiene porque el Gobierno no pueda hacer frente a ese gasto, cosa que no pasará si mantenemos la colaboración público-privada", señala.
Pero uno de los argumentos que sí esgrimen desde los partidos políticos en el Gobierno es que las compañías sanitarias privadas han experimentado un enorme crecimiento durante la crisis. El número de personas que han optado por acudir a la sanidad privada por motivos como el aumento de las listas de espera se ha disparado.
Rus, en ese punto, se desmarca. Según explica, es muy importante tener en cuenta que lo que más ha crecido es el número de pólizas privadas por parte de las aseguradoras, lo que implica que hay más pacientes que reciben asistencia completamente privada. "Eso, que es una cuestión en si misma, nada tiene que ver con los modelos de colaboración entre la sanidad privada y la pública". apunta.
