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El Tribunal Supremo confirma la ilegalidad de las elecciones del Colegio de Farmacia de Pontevedra de 2018

La denuncia original partió de Gerardo Santamarta, uno de los oponentes a Alba Soutelo, la presidenta del Colegio de Pontevedra que ganaría las elecciones

  • Fachada del Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo ha confirmado la ilegalidad de las elecciones al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Pontevedra que se celebraron en el año 2018 en una providencia en la que inadmite a trámite un recurso de casación presentado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, que defendía la legalidad del proceso electoral.

El alto tribunal considera que "el voto no fue emitido de forma libre y personal y con transparencia, puesto que las empresas, además de no cumplir los requisitos legales para el transporte del voto por correo, sus gerentes tenían interés en el referido proceso".

En este caso se juzgaba que el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Pontevedra (al que pertenecen unos 1.900 colegiados de la provincia) contrató el voto por correo con la cooperativa que se encarga del transporte de medicamentos, Cofano. Algunos directivos de esta cooperativa formaban parte de dos de las tres candidaturas en el proceso electoral. Por ello, el Supremo pone en cuestión el procedimiento que se siguió para aprobar el voto por correo.

La denuncia original partió de Gerardo Santamarta, uno de los oponentes a Alba Soutelo, la presidenta del Colegio de Pontevedra que ganaría las elecciones. Ahora el Supremo valida la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que, en su momento, consideró que se habían vulnerado "las reglas del 'fair play' electoral".

Una vez conocida la invalidación de las elecciones por parte del tribunal gallego y para evitar la interinidad, Soutelo adelantó unos meses las elecciones en junio de 2021, cuando deberían celebrarse en enero del 2022. En este caso fue Correos la entidad que se encargó de la gestión del voto no presencial. Alba Soutelo ganó de nuevo las elecciones con la participación de un tercio de los colegiados de Pontevedra. El resultado ha vuelto a ser recurrido en los tribunales

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