La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha señalado este viernes que el lote de AstraZeneca retirado en otros países por supuestos episodios trombóticos y que está siendo investigado ya fue suministrado y administrado en España por lo que "no se trata de parar un lote que no tenemos".
En una entrevista en 'RNE' y a la pregunta de si se activará un seguimiento específico de las personas inoculadas con esa partida, Darias ha explicado que el Ministerio y la Agencia Española del Medicamento hace un seguimiento de farmacovigilancia "permanente" desde que se administra cualquier vacuna por lo que no se pondrá en marcha ningún proceso concreto porque el que hay es ya "muy potente".
Darias ha insistido en que la vacuna de AstraZeneca es "segura" y así lo dice la Agencia Europea del Medicamento (EMA), que ha puesto de manifiesto que "no hay relación causal entre el evento trombótico y la vacuna en sí".
La vacuna de AstraZeneca se está administrando a trabajadores esenciales menores de 55 años.
Por tanto, ha reiterado el mensaje de "prudencia y tranquilidad" y máxima vigilancia.
Respecto al hecho de que la EMA se haya dado 14 días para establecer una recomendación general sobre la vacunación de AstraZeneca y si España finalmente la va a aplicar a mayores de 55 años, Darias ha dicho que el Gobierno se dará "un tiempo de espera" en función de lo que diga la EMA "y a partir de ahí actuaremos".
Vacuna de AstraZeneca para trabajadores esenciales
Según decidió a mediados de febrero la Comisión de Salud Pública, la vacuna de AstraZeneca se está administrando a trabajadores esenciales menores de 55 años (bomberos, docentes, policías y algunos sanitarios no de primera línea, entre otros), a los que seguirá la población general entre 45 y 55 años.
De hecho, tal y como ha publicado 'Vozpópuli', un sindicato policial denuncia que varios agentes han recibido la vacuna de AstraZeneca que provoca grandes trombos.
La ministra también se ha referido a la vacunación de la población infantil y ha señalado que mientras no haya ensayos clínicos ni evidencias "no se puede proceder a esa vacunación" y ha recordado que la ficha técnica de la EMA es a partir de los 18 años.
En el caso de las embarazadas, Darias ha considerado que, de momento, solo se llevará a cabo bajo prescripción médica.
Pio Foncillas
Venimos advirtiendo, que la vacunarse es jugar a la ruleta rusa. Que los científicos serios (que son los que no salen en TV), han advertido que el lanzamiento de una vacuna es un proceso de 10 años de estudios, ensayos y pruebas, primero en animales, inferiores, después en superiores y se termina en humanos. Que, en 10 meses no ha dado tiempo a hacer pruebas Que, para lanzar las vacunas, los laboratorios, conscientes del riesgo, han exigido una cláusula de indemnidad, respecto a la responsabilidad derivada de los efectos adversos. ¿Y hay quién se sigue vacunando? Pues si los hay. Pues allá ellos, pero el riesgo de la vacuna es igual, o superior al del COVID-8M. Caminamos hacia la Talidomida 2.0 Y lo sabemos! Y el que dude que se lea el Informe a cargo de Haim Yativ, ingeniero y del doctor Hervé Seligmann, ex miembro de la unidad de investigación sobre enfermedades infecciosas y tropicales emergentes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Aix-Marsella, que analizaron datos de vacunas de Israel en un artículo publicado en el sitio web Nakim.org. Los resultados son simples: Existe un desajuste entre los datos publicados por las autoridades y la realidad comprobada. En enero de 2021, hay 3000 registros de efectos secundarios de la vacuna, incluidos 2900 para las vacunas de ARNm. En comparación con otros años, la mortalidad es 40 veces mayor. Al analizar estos datos, llegamos a cifras sorprendentes que dan una mortalidad significativa de la vacuna. Los autores dicen que las vacunas causaron más muertes de las que habría causado el coronavirus durante el mismo período. Haim Yativ y el Dr. Seligmann declaran que para ellos "esta es una nueva Shoah" frente a la presión de las autoridades israelíes para vacunar a los ciudadanos. Los autores deploran el hecho de no poder comunicar esta información vital para sus conciudadanos.