Los estudiantes de la licenciatura en Derecho llevan meses reclamando justicia -permítase el juego de palabras- respecto a sus planes de estudio. Desde que entrara en vigor la ley 34/2006 de 30 de octubre, tanto a los licenciados como a los graduados en Derecho se les exige un máster de acceso a la abogacía, seguido de un periodo de prácticas profesionales obligatorias y de un examen estatal para poder ejercer.
El máster en cuestión tiene un coste que oscila entre los 6.000 y los 9.000 euros y serán muy pocas las plazas que se ofertarán el curso que viene. De hecho, para los 1.300 licenciados en Derecho que estudian en la Universidad Complutense de Madrid, sólo saldrán 100 plazas del máster y en Comunidades Autónomas como Castilla y León, Asturias o Canarias, ni siquiera estará disponible. Todo esto, condena a buena parte de los futuros licenciados a engrosar las filas del paro o a plantearse el emigrar a otros países.
El alto coste del máster y la falta de plazas limitan el acceso al mercado laboral
A esto hay que añadir que el agravio comparativo entre los licenciados y los graduados de Bolonia es evidente: mientras que la licenciatura dura cinco años y exige en torno a 300 créditos matriculados, el grado dura cuatro años y pide cerca de 180 créditos. Por tanto, los licenciados tendrían que esperar siete años hasta poder ejercer, mientras que para los graduados ese proceso se reduciría a seis años.
Por todo ello, se creó la Asociación de afectados por la Ley de Acceso a la Abogacía y Procura (ANALAP) y el movimiento No a la ley 34/2006, que mediante manifestaciones pacíficas y reuniones con representantes del ámbito jurídico y político han presionado para defender sus derechos.
"Nosotros no estamos en contra de mejorar la formación de los juristas españoles. Todo lo contrario, lo apoyamos. Lo que no compartimos es la forma en que intenta imponerse", afirmaba Jose Beceiro, Presidente de ANALAP, en una entrevista concedida a VozPópuli. "La medida es injusta porque restringe la competencia de los licenciados. Al final, lo que se pretende es encubrir el dato de paro, porque quien esté cursando el postgrado no entrará dentro de la EPA", explicaba.
"ANALAP apoya la mejora en la formación de los juristas, pero no comparte las formas"
Gracias a la presión desde esta plataforma se consiguió que el grupo parlamentario del Partido Popular presentase en el mes de febrero una Proposición no de Ley en el Congreso para excluir a todos los licenciados del cumplimiento de esta ley, propuesta a la que se sumaron otros representantes de la Cámara Baja como UPyD o IU. Sin embargo, el pasado 16 de febrero, el Ministerio de Justicia sorprendía al públicar una disposición adicional por la que sólo se excluía del máster a los estudiantes matriculados antes de 2006 (año en el que se creó la ley), pese a que los planes de estudios y la carga lectiva fueran prácticamente idénticos a los del resto de licenciados.
Crece la incertidumbre
Finalmente, el pasado viernes el Consejo de Ministros se hacía eco de estas reclamaciones y anunciaba una modificación de la Ley de Acceso a las profesiones de Abogado y Procurador con el objetivo de "evitar la discriminación de los Licenciados en Derecho" permitiéndoles "bien quedar exentos, o bien convalidar los créditos teóricos del postgrado que impone la Ley original de 2006".
De este modo, se establecieron cuatro excepciones para evitar la realización del máster:
- Los alumnos que se licenciaron antes de 2006, no tendrán que hacer el máster salvo que no estén colegiados en un plazo de dos años a partir de ahora.
- Los estudiantes que solicitaron la homologación de un título extranjero antes de que entrara en vigor la ley (octubre de 2011) no tendrán que hacer el máster, pero igualmente tendrán un plazo de dos años desde que obtengan la homologación para colegiarse.
- Quienes se matricularon antes de octubre de 2006, no tendrán que realizar el postgrado siempre que se colegien en un plazo de dos años tras licenciarse.
- Los que se matricularon después de 2006, podrán convalidar la carga teórica del postgrado (60 créditos) pero tendrán que cumplir con la parte práctica del mismo (30 créditos).
10 de marzo, manifestación
Esta medida no ha satisfecho del todo las reclamaciones del colectivo de estudiantes, que opina que el Gobierno ha optado por una solución "tibia" que sigue perjudicando a los licenciados matriculados después de 2006. Además, no se aclaran cuestiones tan importantes como si se mantendrá el examen estatal, si se podrán convalidar las prácticas realizadas durante la carrera o si las prácticas obligatorias tendrán algún coste. "Vamos a abrir un periodo de reflexión durante este fin de semana mientras seguimos tratando de recabar mas detalles", anunciaba ANALAP desde su perfil en Facebook.
A la espera de la publicación en el BOE de esta última modificación, de momento se mantiene la convocatoria de manifestación para el próximo sábado 10 de marzo.
