El principal acusado en el llamado 'caso Romanones' sobre abusos sexuales presuntamente cometidos por sacerdotes en Granada, el padre Román M.C.C., se ha opuesto este martes a que se entregue al juez sus declaraciones ante el arzobispo de Granada, dado que éstas están "bajo secreto pontificio" y ha considerado "desproporcionada" la petición del Juzgado de Instrucción número 4 de Granada de solicitarle al Arzobispado toda documentación de la que dispone sobre los supuesto implicados con apercibimiento de sanción de desobediencia a autoridad judicial.
"A Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César", ha mantenido el abogado
En declaraciones a Europa Press, el letrado Javier Muriel ha señalado además que esta última solicitud, realizada mediante una reciente providencia, demuestra que "hay una absoluta falta de pruebas", si "la jurisdicción penal no es capaz por sí misma" de disponer de toda la información al respecto. Asimismo, ha señalado que ésta es la primera vez en la historia judicial española que se reclama información "que está bajo secreto pontificio" y ha incidido en que el acuerdo de la Conferencia Episcopal sobre abusos sexuales a menores no es "jurídicamente vinculante", algo que el magistrado instructor del caso, Antonio Moreno, "ya sabe". "A Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César", ha mantenido el abogado.
Su respuesta se produce después de que el juez señalara en una providencia del 7 de mayo, que el Arzobispado de Granada ha omitido en la información facilitada hasta ahora "las declaraciones e interrogatorios escritos de los sacerdotes sobre los que se inició expediente eclesiástico", y que "necesariamente deben de obrar de forma escrita a la luz de las disposiciones sobre procedimientos administrativos y eclesiásticos que dieron lugar incluso a resoluciones de suspensión" de los acusados, conminándole a que entregue todo de lo que dispone. Esta última resolución se produce después de otra providencia de finales de marzo en la que el juez daba un plazo de diez días a la Diócesis para que le aportase los datos reclamados, tras aceptar la petición de la acusación particular -que representa al primer denunciante, un joven de 24 años que trasladó su caso al papa Francisco-.
Concretamente, el titular del Juzgado solicitó el 1 de marzo al Arzobispado que informase si los diez sacerdotes -imputados inicialmente junto a otros dos seglares- han solicitado a la Diócesis el reconocimiento eclesiástico de la asociación o fraternidad o hermandad sacerdotal y de fieles "que de hecho han tenido constituida al menos en los últimos diez años" y, en su caso, si le constan "quejas, reclamaciones o denuncias referidas al modo de proceder de dicha asociación o fraternidad de facto".
El Arzobispado recordó que mantiene su posición de "tolerancia cero" con estas prácticas y con quienes las cometan
El Arzobispado no comenta la exigencia
Aunque el Arzobispado, según las fuentes consultadas por Efe, ha eludido valorar la referida resolución judicial, ha confiando en que se siga trabajando "hasta el final para que se sepa la verdad". Se ha remitido para ello a pronunciamientos públicos anteriores respecto a la investigación judicial, en los que reiteró su colaboración con la Justicia, su ayuda a las víctimas en el caso de supuestos abusos sexuales y recordó que mantiene su posición de "tolerancia cero" con estas prácticas y con quienes las cometan.
En una providencia, según informaron a Efe fuentes del caso, el juez Antonio Moreno tomó la decisión tras observar en la documentación remitida con anterioridad que se habían "omitido" las referidas declaraciones e interrogatorios escritos de los religiosos sobre los que se inició el expediente eclesiástico. En su resolución, el juez entendía que dichas comparecencias debían obrar "de forma escrita", a la luz de las disposiciones sobre procedimientos administrativos y eclesiásticos, y que en el caso de Granada dieron incluso lugar a resoluciones de suspensión de funciones para algunos de los investigados.
El instructor requiere "de forma definitiva" al Arzobispado que encabeza Javier Martínez que le facilite la documentación íntegra de los interrogatorios y el informe escrito que se derivaría de los mismos, en relación a las personas implicadas y respecto a las que se siguió expediente canónico. En la causa, cuya investigación comenzó en octubre de 2014, fueron imputados diez sacerdotes y dos seglares, aunque el principal imputado, el padre Román, es el único contra el que actualmente continúan las actuaciones judiciales.
