El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha anunciado en la tarde del martes que las familias que accedan a un alquiler del Fondo Social de Vivienda deberán cumplir los requisitos de vulnerabilidad fijados en el decreto antidesahucios y haber sido desalojadas de su residencia después del 1 de enero de 2008. Asimismo, los beneficiarios deberán tener unos ingresos familiares inferiores a tres veces el IPREM (unos 19.000 euros) y no poseer una vivienda en propiedad, ha indicado Guindos en el Senado.
En el decreto por el que se paralizaron los desahucios dos años, se acotaba los beneficiarios a familias numerosas, monoparentales con dos hijos, con algún menor de tres años a su cargo, con personas con una discapacidad superior al 33% o dependencia que incapacite permanentemente para trabajar y algunos supuestos de violencia de género. También tendrán derecho los deudores en paro y que hayan agotado la prestación por desempleo, las unidades familiares en las que convivan con el deudor una o más personas unidas al titular de la hipoteca o a su cónyuge por parentesco o vínculo hasta tercer grado de consanguinidad y que estén en situación de discapacidad, dependencia o enfermedad grave que incapacite para trabajar.
Tal como se había anunciado, el Fondo contará con 6.000 viviendas propiedad de las entidades de crédito de entre las que no se hayan aportado a la Sareb (la sociedad que aglutinará los activos inmobiliarios tóxicos propiedad de la banca) y estar "en condiciones adecuadas de habitabilidad", indicó Guindos.
El precio del alquiler estará comprendido entre 150 y 400 euros mensuales con un máximo del 30% de la renta total neta de la unidad familiar y el contrato tendrá una duración inicial de dos años prorrogable por uno más, salvo que la familia deje de cumplir alguno de los criterios estipulados.
Luis de Guindos ha indicado en su intervención en la Cámara Alta que en el diseño y funcionamiento del FSV, que ha dado prácticamente por terminado, han participado representantes del Gobierno, de las entidades financieras y de los municipios. El Fondo se articulará mediante la firma de un convenio entre las autoridades públicas implicadas y entidades financieras, que se adherirán al mismo de forma voluntaria, aunque una vez que lo hagan deberán cumplir obligatoriamente lo estipulado en el mismo.
Una vez firmado el convenio, cada entidad constituirá su fondo de vivienda y ofrecerán información sobre el mismo a potenciales beneficiarios, entidades locales colaboradoras y a la comisión de coordinación y seguimiento. Este órgano de nueva creación estará formado por representantes de los ministerios de Economía, Fomento, Sanidad, del Banco de España, la FEMP, las entidades financieras adheridas al Fondo y algunas ONG. Los bancos deberán remitirle información y se reunirá a instancias de cualquiera de sus integrantes cada tres meses con el objetivo de recibir incidencias, datos y conocer la evolución del FSV.
De Guindos ha indicado que el Gobierno ha considerado "conveniente" contar con la colaboración de las organizaciones sociales que conocen de primera mano las necesidades de las familias, como ayuntamientos y ONG. De esta forma, los ayuntamientos que se sumen al Fondo tendrán un papel "preeminente" en la selección de las familias beneficiaras, mientras que las organizaciones sociales realizarán tareas de información para facilitar el acceso a las viviendas.
