En ocasiones ocurre que las medidas que se adoptan con intención de reducir costes o de sanear un sistema terminan convirtiéndose en justo lo contrario. El caso de los sanitarios de 65 o más años que fueron jubilados forzosamente por la Generalitat Valenciana puede ser un ejemplo de ello, después de que ahora pueda darse el caso de que con la readmisión de estos y los abonos de salarios no percibidos a los que tienen derecho los profesionales la medida sea más cara que el recorte que se buscaba.
En 2013 la Generalitat aprobaba la Orden 2/2013, de 7 de junio, que establecía que el personal sanitario estaba obligado a jubilarse de manera forzosa a los 65 años, una medida que dejaba a cerca de 1.654 profesionales despedidos en los cinco años siguientes. De ellos, unos 327 se jubilaron antes del uno de octubre, siendo una gran parte de estos jefes de sus áreas asistenciales. En este rango de edad se incluyen tanto a los que cumplen 65 años como a los que habiendo pasado de esa edad hubieran solicitado la prórroga para seguir ejerciendo, una vez analizadas sus capacidades.
Contra esta decisión interpuso un recurso la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), un recurso que finalmente ha supuesto que el Tribunal Superior de la Comunitat Valenciana haya declarado la nulidad de la orden, obligando a readmitir al personal afectado y a abonarles los salarios no percibidos desde el momento de su jubilación forzosa. La decisión es aplaudida tanto por el sindicato como por el Colegio Oficial de Médicos de Valencia que explica que la medida no tenía sentido, y que los afectados tienen capacidad de sobra para seguir ejerciendo y aportar esa experiencia y ese conocimiento que han atesorado.
El TSJCV señala que se tendría que haber abierto la Mesa de Negociación con los sindicatos y que no se pidió informe al Consell Jurídic Consultiu, por lo que la orden es nula por defecto de forma
"No es sólo esa orden en concreto, sino también los anexos 2, 3 y 4 del plan de recursos humanos lo que está mal redactado. El tribunal ha dictaminado que existen fallos como que en lugar de una orden debería ser un decreto, o que esta medida debería haberse adoptado tras un proceso de negociación con los sindicatos", explican desde el Colegio valenciano. En la misma línea se manifestaba a Vozpópuli el presidente del área de Sanidad del sindicato CSI-F, Rafael Cantó, quien señala que la sentencia explica que existe un defecto formal en el documento y que no se ha entrado a valorar el fondo de lo establecido en la orden. "La Administración tiene la última palabra y puede recurrirlo, pero lo lógico sería que mientras tanto, dejaran de jubilar gente porque si no la bola se terminará haciendo más grande", decía.
El fallo del TSJCV señala que la materia regulada por la orden 2/2013 afecta a las condiciones de trabajo del empleado público, de manera que habría que haberse sentado con la Mesa de Negociación sindical para tratarlo, además de que hacía falta el informe del Consell Jurídic Consultiu, "un control preventivo de legalidad, de naturaleza esencial, de las disposiciones de carácter general y de determinados actos de la Administración", lo que supone la nulidad del texto.
Aunque las cifras oficiales de profesionales afectados sólo las tiene la consellería, actualmente existen 882 médicos sólo en Valencia entre los 64 y 70 años, y el sindicato explica que en toda la Comunitat habría 165 médicos despedidos forzosamente. La diferencia radica en que mientras la Administración considera que esta sentencia solo obligaría a readmitir a los que hayan iniciado el proceso judicial individualmente, CSI-F apunta a que deberían ser todos aquellos que habrían solicitado la prórroga para continuar ejerciendo. Unos 675 sanitarios estarían trabajando con esta prolongación.
Para hacer un cálculo por encima, cabe destacar que los médicos jubilados han estado percibiendo una media de 2.400 euros brutos de pensión de jubilación, mientras que estando en activo cobraría unos 3.400 tras consolidar el grado cuatro de carrera y trienios. Esta cantidad debería ser abonada al ser reincorporados a sus puestos, además de la indemnización por haber dejado de percibir su salario desde el momento de haber sido jubilados. "Además habría aquí un conflicto, ya que al médico jubilado le ha pagado el INS, y la parte que ha cobrado debería ser a cargo del gobierno autonómico", explica Cantó. En total, entre 800 y 1.000 afectados a los que habría que indemnizar y reubicar, teniendo en cuenta que sus plazas igual han sido amortizadas o por el contrario eliminadas o cubiertas por gente con menor grado y menor salario.
El fallo afectaría a entre 800 y 1.000 sanitarios que jubilados cobraban unos 2.400 euros y en activo unos 3.400, y que ahora además de ser readmitidos deberán ser indemnizados por el tiempo que no han recibido su salario
No es el único caso
Un conflicto similar es el que vivieron los 700 médicos y facultativos mayores de 65 años que el entonces consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, jubiló por sorpresa en 2013 en la Comunidad de Madrid. También en este caso, los tribunales están empezando a emitir fallos en los que se obliga a la Administración al reingreso directo de los profesionales y a una retribución por el periodo en el que haya estado desempleado.
El pasado mes de marzo un recurso de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS) admitido en parte por un juzgado madrileño provocaba un fallo judicial en el que se obligaba a la Comunidad a abonar a un facultativo mayor de 65 años la retribución perdida de ocho meses al considerar que tenía pleno derecho a acogerse al reingreso directo. El juzgado consideraba que la resolución para no prorrogarle el servicio era "parca, abstracta, indeterminada y sin razones objetivas".
También otras comunidades habrían intentado en los últimos años modificar su legislación para jubilar forzosamente a los sanitarios a los 65 años. De hecho, Cataluña también fue obligada a dar marcha atrás por los tribunales.
