La Audiencia Provincial de Guadalajara celebrará a partir de este lunes el juicio contra M.H.S., J.J.J.C. e I.K., los tres procesados por el incendio de la Riba de Saelices (Guadalajara), que en julio de 2005 acabó con la vida de los 11 miembros del retén de Cogolludo y arrasó 13.000 hectáreas de bosque y pinares en Guadalajara, para los que la Fiscalía pide dos años de cárcel para cada uno, 3.600 euros de multa y una indemnización a la Junta de 13,9 millones de euros.
La Junta reclama esta indemnización por los gastos de extinción del incendio, para sufragar los daños producidos en vehículos, las indemnizaciones por daños materiales a los perjudicados y los trabajos y los planes de urgencia llevados a cabo en la lucha contra el fuego.
Según se desprende del escrito de acusaciones, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal considera probado que en la mañana del 16 de julio, los tres procesados acudieron junto con otras seis personas a visitar la Cueva de los Casares con la intención de, tras la visita, preparar en un merendero una comida de carne a la brasa utilizando las barbacoas instaladas en el paraje.
Para encender el fuego, el procesado M.H.S. recogió leña y utilizó dos de las barbacoas del merendero, en las que encendió fuego utilizando papeles, pasto seco, leña y piñas secas, en lo que le ayudaron los otros dos procesados, según la versión del Ministerio Fiscal.
La Fiscalía asegura que no se adoptaron las medidas elementales de precaución, y que durante la preparación de la comida carecían de un recipiente con agua para humedecer el terreno contiguo, tierra para apagar un posible fuego, y no se vigiló de forma rigurosa la hoguera.
Dicho riesgo, según el fiscal, se hizo patente cuando una primera brasa cayó al suelo, siendo apagada por los procesados, pese a lo cual descuidaron el fuego, por lo que a las 14.40 horas, una brasa cayó sobre hierba seca que actuó como combustible, favoreciendo la propagación del fuego hacia las zonas de vegetación.
Durante la evolución del fuego, que fue controlado el 21 de julio y extinguido el dos de agosto de 2005, fallecieron 11 operarios del retén de extinción y se vieron afectados 11 términos municipales. Según la Fiscalía, se ha calculado que la superficie carbonizada por el incendio fue de 12.874 hectáreas.
Como consecuencia del incendio, el fiscal destaca la eliminación de cubierta vegetal, destrucción de poblaciones de especies animales y vegetales, alteración de la textura del suelo, pérdida de elementos bióticos e incremento de la erosión.
