El Juzgado de Primera Instancia nº 22 de Barcelona ha condenado a uno de los ‘okupas’ que accedieron en junio de 2022 a un inmueble de la conocida como Casa Orsola, en una sentencia en la que se ordena el desalojo de la vivienda y el pago de las costas, al tiempo que se subraya la “mala fe” y “temeridad” del ocupante ilegal por reclamar un alquiler social a la propiedad.
En la sentencia, la jueza califica de “insólito” que el ‘okupa’ reconociese la usurpación durante el juicio oral y, pese a ello, pretendiese “proseguir en la vivienda sin pagar renta o merced, exigiendo de la propiedad un alquiler social al que no tiene derecho y menos aún si ha accedido por la fuerza”, tal y como considera probado.
En esta línea, la magistrada señala que “esta no es la manera de acceder a una vivienda, cuando existen ciudadanos que realmente sí necesitan el alquiler social, efectúan sus trámites y soportan una lista de espera sin acceder a inmuebles por la fuerza”, recalca.
La propia jueza señala en la sentencia que, en estas situaciones, “los propietarios se hallan abocados a esperar sin poder disponer libremente de sus propiedades, esperando en vano a que se desocupen, porque, por otra parte –lamenta–, la normativa no permite ser más rápido, todo ello en absoluto perjuicio de quien es titular de una propiedad”.
Este es uno de los dos presuntos casos de ocupación ilegal que se dieron en Casa Orsola en la noche de San Juan de 2022. En esos días, un vecino alertó a representantes de la propiedad de que una de las cámaras de seguridad del edificio había sido tapada. Cuando estos acudieron al edificio, comprobaron que no podían acceder a un inmueble, por lo que avisaron a los Mossos d’Esquadra, quienes indicaron que les constaba que esta y otra vivienda llevaban más de dos días ocupadas, por lo que no podían intervenir.
Sindicat
El abogado de la propiedad, Jordi Ribot, explica que en ambos casos los ‘okupas’ desactivaron el sistema de alarmas, y apunta al apoyo de algunos inquilinos y del Sindicat de Llogateres en determinados momentos. “Empezaron a llegar varias personas llamadas por los ‘okupas’ que, además, impedían a la propiedad entrar en el edificio. Entre este grupo de personas –destaca Ribot– se encontraban varios representantes del Sindicat de Llogateres”.
Asimismo, el abogado incide en que los ocupantes ilegales “tenían llaves de la puerta de la calle, según imágenes de las cámaras”, por lo que la propiedad cree que estas ocupaciones fueron “una acción a todas luces planificada y coordinada”.
En este sentido, Ribot indica que las ocupaciones se produjeron durante la verbena de San Juan “para dificultar al máximo que se pudiera tener una constancia rápida de la entrada, y esto es lo que ha ayudado también a la apertura de oficio del proceso penal por parte de la jueza”.
La justicia todavía no se ha pronunciado sobre el otro caso de ocupación, que sigue pendiente de juicio. El abogado precisa que son casos distintos, “aunque está acreditado que algunos vecinos concretos de la finca han facilitado la ocupación, por ejemplo, abriéndoles la puerta de la calle, lo que nos lleva a intuir –insiste– que existe una coordinación y una planificación detrás de estas acciones y otras que hemos sufrido como empresa propietaria”, subraya.
A juicio de la propiedad de Casa Orsola, de la que varios inquilinos se han negado a irse pese a que no se les han renovado los contratos de arrendamiento, el objetivo de este tipo de acciones es obligarles a renovar alquileres de manera colectiva y “en términos inaceptables, cuando es conocido que se trata de tan solo unos pocos arrendatarios que, además, no son vulnerables”, apunta Ribot.
Ocupación ilegal
Un estudio del Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada apuntaba recientemente que los altos índices de ocupación ilegal de vivienda en Barcelona y su área metropolitana han llevado a Cataluña a convertirse en la comunidad autónoma con más casos en todo el país y sitúan ahora a Barcelona como “epicentro de un nuevo perfil” de ‘okupa’.
Esta entidad indica que Cataluña lidera “las cifras estatales por ocupación de vivienda desde al año 2015”. El estudio señala que entre 2015 y 2022 las denuncias por este delito han aumentado más de un 77% en la comunidad autónoma. En cifras absolutas, este porcentaje “se traduce en 7.005 casos de ocupación ilegal registrados el año pasado frente a los 3.950 de siete años antes", señala.
