Cabizbajo y con el rostro desencajado, el empresario Miguel Ángel Flores, promotor de la macrofiesta en el Madrid Arena que costó la vida a cuatro jóvenes y heridas muy graves a una quinta, acudió ayer al Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid a prestar declaración como imputado por el trágico suceso. Durante más de tres horas, Flores respondió durante el interrogatorio al que le sometieron el juez, el fiscal y varios abogados con una línea argumental muy definida: acusar de todo lo sucedido al Ayuntamiento y a la Policía Municipal, entre otros motivos, por no evitar el "escandaloso" botellón que se celebró en los alrededores del recinto aquella noche.
Según su testimonio, entre 6.000 y 7.000 jóvenes consumieron alcohol fuera del pabellón, de los que 4.000 consiguieron saltarse los controles de acceso al Madrid Arena poco antes de producirse la avalancha. "Si hubieran estado allí –en referencia a los agentes locales– no se habría producido la tragedia", dijo. Sin embargo, desde el consistorio la situación vivida fuera del recinto aquella noche se vio de manera muy diferente, como ha quedado reflejado en varios informes incorporados al sumario. De hecho un alto cargo del Ayuntamiento, Rafael Pastor, director de seguridad de la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos (MADRIDEC), emitió el pasado 6 de noviembre uno en el que describía la concentación de jóvenes "escuchando música y bebiendo" que vio en el parking del recinto como de "ambiente normal".
El promotor reconoció ante el juez que hubo 15.000 personas en la macrofiesta, pero achaca el exceso de aforo a 4.000 jóvenes "ebrios" que se colaron
El promotor reconoció ante el juez que durante la macrofiesta llegó a haber entre 14.000 y 15.000 personas en el pabellón, una cifra muy superior al aforo de poco más de 10.000 que se había fijado. Sin embargo, insistió que esta cifra no fue responsabilidad suya y se ratificó en que el número de entradas que vendió su empresa, Diviertt, fueron 9.650. Lo único que admitió es que, por culpa de la venta por internet, un número muy reducido de tickets pudo ser duplicados por asistentes para colarse. ¿Como llegaron entonces a entrar, entonces, casi un 50% más personas? Flores insistió que aquella noche entre "3.000 y 4.000 jóvenes ebrios" burlaron los controles de acceso y se colaron para entrar directamente en la pista central y provocar la avalancha que costó la vida a Katia, Rocío, Cristina y Belén. Fue el momento de su declaración en el que señaló directamente al Ayuntamiento, a la Policía Municipal y a los vigilantes de la empresa Seguriber, contratada por MADRIDEC, de "no haber controlado el botellón que se estaba celebrando el parking del Madrid Arena y la entrada masiva al pabellón".
Según Flores, entre sus responsabilidades aquella noche no estaban ni la seguridad exterior ni, tan siquiera, la interior del recinto, pese a lo cual aseguró que puso en conocimiento de los responsables de Seguriber y de la empresa municipal presentes en el Pabellón el riesgo que suponía lo que estaba ocurriendo en el exterior del Madrid Arena. Se refería, recalcó, a la concentración de jóvenes consumiendo alcohol en los alrededores del recinto, que calificó de "escandalosa", y que llegó a extenderse hasta una zona de restaurantes situada a cierta distancia del recinto sin que los 18 agentes de la Policía Municipal destinados al evento hicieran nada por evitarlo. Como ejemplo del consumo masivo, Flores dio un dato de facturación: en una fiesta de estas características, su empresa suele facturar en los bares que monta en el interior hasta 100.000 euros. Aquella noche, la caja no pasó de 40.000.
"No hay incidentes"
La versión del botellón "escandaloso" no coincide, sin embargo, con la que el propio Ayuntamiento ha aportado al sumario en el informe que remitió la pasada semana al juzgado. Así, por ejemplo, el director de seguridad de MADRDEC, Rafael Pastor no sólo habló de "ambiente "normal" al referirse a la escena de los jóvenes bebiendo en el aparcamiento del recinto, sino que en su escrito reflejó que en otro punto cercano al Madrid Arena había "un importante número de jóvenes en situación de charlar, beber, etc", por lo que hasta allí se habían desplazado varios vehículos policiales. "No hay incidentes", remachó. Pastor incluso aseguró en su escrito que cerca de la zona de taquillas situada en la calle de las Aves, se encontró con el propio Flores, al que saludó y con el que comentó que la situación se encontraba "en principio normalizada".
La Policía Municipal aseguró en un informe que se limitó a alejar "unos 50 metros" a los jóvenes que bebían alcohol a la entrada del recinto
No fue el único que restó importancia al botellón. El informe de la propia Policía Municipal también apuntó a que la concentración de jóvenes no fue tan masiva como aseguró ayer el promotor. De hecho, reconocía en su escrito que no se disolvió a los que lo practicaban y que simplemente se apartó de los acceso a los que lo estaban realizando cerca de la puerta principal: “Se despejó el acceso sin problemas y se alejó a los jóvenes a una distancia de unos 40 o 50 metros de la puerta”. Incluso, destacaba que "todo se desarrollaba con absoluta normalidad" hasta que a las cuatro de la madrugada los agentes recibieron el aviso de que una joven estaba siendo atendido por los servicios de emergencias por sufrir serios problemas respiratorios. Era una de las víctimas mortales de la avalancha.
Únicamente el coordinador jefe de Seguridad de MADRIDEC, José Rodríguez Caamaño, resaltó en su informe algo parecido a la situación que esgrimió ayer el empresario en su declaración. El jefe del seguridad reconoció en un escrito incorporado al sumario que sobre las 23:30 de la noche pudo observar en la zona cercana a la entrada denominada F2 "a cientos de individuos practicando 'botellón' en el exterior del recinto. Hay que resaltar que en esta clase de eventos es la primera vez que se aprecia la celebración de 'botellón' en dicho área", añadía. Rodríguez Caamaño reconoció que cuando abandonó el recinto, sobre las tres de la madrugada, los únicos avisos de incidentes que había recibido, y que luego él trasladó a su superior, fueron precisamente por la presencia de grupos de jóvenes bebiendo alcohol "en el perímetro exterior del recinto". El Samur reportó que durante aquellas horas los servicios médicos tuvieron que asistir a nueve jóvenes, muchos de ellos menores de edad, con "síntomas compatibles con intoxicación etílica".
Acusaciones implícitas de falsificación
Las acusaciones de Flores contra el Ayuntamiento durante su declaración ante el juez no se quedaron, sin embargo, en una supuesta permisividad de los agentes municipales ante el botellón, sino que incluso apuntó a un presunto caso de falsificación de uno de los documentos que la empresa municipal MADRIDEC ha entregado en el Juzgado. En concreto, un supuesto correo suyo en el que supuestamente su empresa asumía la responsabilidad de la seguridad tanto interior como exterior del Madrid Arena, y en la que se detallaba el número de personas que se harían cargo de ella. El empresario también aseguró ante el magistrado que hace dos años había alertado a la empresa municipal que gestiona el recinto de que algunas puertas del mismo no funcionaban bien, entre ellas una de las situadas en el vomitorio donde el pasado 1 de noviembre se produjo la mortal avalancha. Sin embargo, no aclaró por qué, pese a ello, siguió utilizando el recinto para sus conciertos y macrofiestas.
Tras finalizar su declaración, en la que sólo respondió a las preguntas del magistrado, del fiscal y de los abogados de las familias de las víctimas, el juez dejó a Flores en libertad con cargos, pero con la obligación de acudir al juzgado todos los días 8 y 24 de cada mes. La Fiscalía no había solicitado la adopción de ninguna medida cautelar contra él, entre ellas el ingreso en prisión, al considerar que la investigación está en una fase muy incipiente y aún no se ha podido determinar la responsabilidad exacta de cada uno de los imputados en los delitos que se investigan: cuatro homicidios por imprudencia, uno de lesiones graves y uno contra la seguridad del público que asistió al evento. El Ministerio Público también consideró para no pedir su encarcelamiento que no existía riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas ni de reiteración delictiva.
