Después de que la revista 'cafeambllet' saltara a los medios por sus investigaciones sobre la corrupción en la sanidad catalana, ahora toma el relevo la iniciativa #QuerellaBoi, una unión de seis asociaciones ciudadanas (La PARS, La Lliga de la Síndrome de Fatiga Crònica, Attac Acordem, Attac Catalunya, CATAC-CTS-IAC y DEMPEUS per la Salut Pública) que han presentado una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra el conseller de Sanitat, Boi Ruiz, y otros cargos de su equipo de Gobierno.
Ellos consideran que el conseller y su equipo podrían haber cometido delitos tipificados en el Código Penal referidos al impedimento del ejercicio de derechos cívicos como es la sanidad (artículo 542), la omisión del deber de socorro (artículo 196), el tráfico de influencias (artículo 428) y las negociaciones y actividades prohibidos para los funcionarios públicos (artículo 441).
"Los políticos están incumpliendo leyes y eso está quedando impune. Llevamos generaciones aceptando la impunidad de los políticos en este país, pero ya se acabó, no podemos seguir haciéndolo". Son las palabras de Clara Valverde, de la Lliga de la Síndrome de Fatiga Crònica, quien el pasado día 19 acudía junto a los portavoces de las otras cinco asociaciones a presentar la querella y las firmas recogidas.
Una de las portavoces explica que los políticos están incumpliendo las leyes y que eso está quedando impune, pero que ya se acabó el permitirlo
Esta querella es un segundo paso en su lucha por defender la sanidad pública. En marzo de 2012 ya presentaron una denuncia ante la Fiscalía Superior de Catalunya en la que el fiscal reconoció el daño causado a los ciudadanos por las decisiones del Departament de Salut, pero decidió no indagar en los hechos. "Por eso decidimos seguir investigando y presentamos ahora esta nueva querella. Es notorio el peligro en que se encuentra ahora la protección a la salut en Cataluña. Los que firmamos la denuncia sabemos que el sistema sanitario se puede resentir por la crisis económica, pero las consecuencias de decisiones de los altos cargos que aquí denunciamos provocan un deterioro en el derecho de protección a la salud que tiene un límite fijado en la legislación vigente", explica uno de los portavoces.
Esta acción nombrada #QuerellaBoi se fundamenta en este incumplimiento de la ley que según ellos está llevando a cabo el departamento de sanidad catalán. "Hay indicios de que no están cumpliendo la ley a la hora de elaborar información pública sobre listas de espera, hay ciudadanos que mueren sin ser atendidos porque están cerrando centros, hay estrategias estadísticas para esconder datos oficiales, hay altos cargos de la sanidad pública que también tienen cargos en el sector privado. La corrupción no acabará hasta que no acabemos con la impunidad", defienden en una especie de manifiesto publicado por todas las asociaciones.
La querella ha sido renombrada con el nombre del conseller Ruiz por ser el responsable del departamento de sanidad, pero también por ser uno de los que, según sus investigaciones, incumplen las leyes. "No se puede ser administrador en la sanidad pública y tener al mismo tiempo un negocio en la sanidad privada. Boi Ruiz tiene su compañía en la sanidad privada y ha salido a la luz que su mujer ha sido contratada en una corporación sanitaria pública (Parc Taulí de Sabadell) para tareas de gestión, mientras se está reduciendo personal sanitario", comenta Clara Valverde.
"Boi Ruiz tiene su compañía por lo privado y ahora contratan a su mujer en una corporación pública para tareas de gestión mientras se reduce personal sanitario", explica Valverde
"Aunque lo parezca, esta querella no habla directamente de casos de corrupción como pudieran ser los casos Prat, Bagó, Crespo, etc. Están provocando muertos con la gestión actual y eso es muy grave, se ha de condenar", argumenta Ramón Serna, de CATAC-CTS-IAC.
Éxito de convocatoria pero respuesta inesperada
La acción había sido anunciada días antes como una sorpresa, y cuando se hizo pública en forma de querella el 19 de noviembre no tardó en difundirse a través de diferentes medios, especialmente internet. Estuvo todo el día entre los temas más comentados en Twitter, y fueron muchos los que se sumaron a apoyar la causa. Entre ellos, los propios editores de la revista 'cafeambllet', que el mismo día colgaron un nuevo vídeo el que recuerdan cómo actúa el Govern ante los escándalos de la sanidad catalana.
Sin embargo, la euforia dio paso a la indignación cuando apenas tres días después 'eldebat.cat' publicaba que fuentes del consejo de administración del Institut Català de Salut (ICS) había comunicado que Boi Ruiz tenía intención de recortar la sanidad pública pura, dependiente del ICS, entre un 15 y un 20% más de manera inminente.
'eldebat.cat' publicaba a los dos días de la querella que Boi Ruiz tenía intención de recortar la sanidad catalana tras las elecciones entre un 15 y un 20% más
La informació tenía como punto de partida a Marina Geli, antigua consellera de Salut del PSC, que admitía al periódico tener conocimiento de que Mas, tras las elecciones, pensava plantear un ajuste de un mínimo del 15% básicamente en el primer capítulo, gastos de personal. Las mismas declaraciones hizo Geli a la Agència Catalana de Noticies (ACN), pero horas después habían desaparecido.
Según 'eldebat.cat', el clima en el Govern era de nerviosismo por las informaciones que publicaban, y Ruiz habría intentado que el presidente del ICS, el respetado cirujano Joan Viñas, hiciera público un recorte sanitario de sólo un 3% para mantener la versión hasta las elecciones.
Lo cierto es que desde hace meses, todas las denuncias que se hacen públicas sobre el tema apuntan a demasiados puntos flacos en la gestión de la sanidad catalana. De momento, apenas ha habido un par de dimisiones de los nombres que han salido a la palestra, lo que confirma las palabras de una de las portavoces de #QuerellaBoi al decir que la norma que rige la opacidad catalana en sanidad es la impunidad. Pero cada vez son más quienes dan el paso al frente para denunciar sin tapujos que las cosas no funcionan como deben y que los responsables tienen que cumplir con la legalidad.
