Seis años después del trágico accidente del vuelo JK5022 de Spanair que dejó 154 muertos al estrellarse el avión poco después del despegue, las familias de los fallecidos y los propios supervivientes siguen peleando para que la aseguradora Mapfre pague las indemnizaciones correspondientes. Esta semana se ha adelantado la fecha del juicio que había fijado para febrero, celebrándose finalmente el próximo 28 de noviembre, pero los afectados llevan tiempo presionando a la marca de seguros para que facilite los trámites.
Uno de los supervivientes de aquel vuelo es Rafael Vidal, que hace unos días ponía en marcha una campaña de recogida de firmas a través de la plataforma Change.org con un objetivo llamativo: quiere que Rafa Nadal deje de ser la imagen de Mapfre. "Es un chico súper sencillo, y aunque no es fácil acceder a él, queremos que sepa lo que está pasando porque seguro que algo tiene que decir. Sus valores no los merece esta empresa, que se ha cogido a una persona bien valorada, luchadora, y se disfraza con esos valores, pero luego machaca a sus víctimas", explicaba en una conversación con Vozpópuli.
"Nosotros no tendríamos ni que estar discutiendo esto, todo está fijado en una ley y se está haciendo lo posible por retrasarlo", dice el superviviente
Esta petición, que lleva casi 6.600 firmas alcanzadas, forma parte de una campaña que este superviviente ha puesto en marcha para presionar a la aseguradora. En esa línea, también han conseguido sacar a la calle un autobús financiado por crowdfunding y rotulado con mensajes sobre la situación de los afectados respecto a la compañía. Ha sido esta acción de difusión la que ha motivado que Mapfre haya enviado un burofax de advertencia a Vidal para anunciarle que la campaña daña el honor de la compañía, y para advertirle de que si sigue adelante se verán obligados a tomar otras medidas judiciales, algo que a Vidal parece no importarle. "Son sólo amenazas, habría mucho que hablar porque nosotros también tenemos honor. El autobús sólo recorre Madrid, nos paramos en diversos sitios, nos bajamos, entregamos folletos informativos, y hemos llegado incluso a parar en una de las oficinas de la aseguradora y repartido folletos entre sus empleados, que no conocen bien cuál es la situación. Pero bueno, que a alguien que lleva 15 operaciones y que está sufriendo, pues bastante tiene, no se va a echar atrás por esto, que lo tengan claro", decía Vidal.
El principal problema entre ambas partes es el económico. Aunque la aseguradora ha llegado a acuerdos con unas 70 familias, hay otro amplio número de afectados que quieren que se lleve a cabo una tasación de los costes económicos que supuso aquel accidente, y en las cifras está la disputa. "Nosotros no tendríamos ni que estar discutiendo esto, todo está fijado en una ley y se está haciendo lo posible por retrasarlo", comenta el superviviente, que también inició otra campaña para apremiar a Mapfre que lleva casi 177.000 firmas.
Según explica Vidal, en 1999 se firmó en Montreal un convenio sobre aviación, ratificado por la Unión Europea en 2004, que se aplica en los accidentes de vuelos intracomunitarios y nacionales. "La legislación española fija que se deben pagar 17.500 euros por persona de adelanto en los primeros quince días tras el accidente. Según la normativa europea, son 23.000 euros por los derechos especiales de giro. No hay más que aplicar esta ley, se trata de indemnizar completamente todos los daños que han sufrido los pasajeros, y del mismo modo que el Gobierno te obliga a pagar un seguro, también a ellos debería obligarles a pagar", afirma.
Con la vista en el juicio
La situación se ha ido enredando a lo largo de los seis años que han pasado desde el accidente. Según Vidal, ha habido afectados que han ido claudicando en sus pretensiones, ya que la crisis ha hecho que cada uno tuviera sus necesidades y a veces prefiriera asegurarse la cantidad que les ofrecía Mapfre a tener que meterse en un proceso judicial para que se estimase realmente el coste de sus daños. "Hay quien tiene secuelas físicas, otros tienen facturas de psicólogos, otros han perdido a su familiar, y hay quien ha tenido que pedir préstamos para pagarse las operaciones. El juez estimó que debería haber un juicio, pero Mapfre no quiere agilizar el proceso", decía.
La aseguradora defiende que buscan indemnizar cuando antes a las víctimas y ha ofrecido 4,7 millones de euros a los afectados, buscando no llegar a juicio
La pretensión de los afectados de cara a ese enfrentamiento judicial es conseguir que la aseguradora pague además los intereses de demora por estos 6 años, un 60% de recargo a las cantidades que se marquen, y además que sufrague las costas del juicio. Las cantidades que manejan ambas partes son notablemente diferentes. Si los cerca de 71 afectados que son representados por el bufete de abogados Esteban Mestre han reclamado indemnizaciones por un total de 44 millones de euros, la aseguradora les ofrece 4,7 millones.
Por su parte Mapfre siempre ha manifestado tener una actitud colaboradora al respecto -ha indemnizado ya al 43% de los ocupantes del avión-, declarando su intención de "acelerar los procedimientos", como reconocía el pasado 1 de julio en un comunicado tras haber solicitado sentencia directa "para poder indemnizar cuanto antes a las víctimas", evitando el juicio, "ya que la diferencia entre las partes se centra exclusivamente en cuestiones jurídicas relacionadas con la valoración económica del daño". En el mismo escrito recordaba que el abogado de la compañía había ofrecido hasta en seis ocasiones negociar o mediar con los afectados, poniendo a su disposición un total de 4.720.000 euros.
"El problema es que no quieren que haya un referente en este tipo de accidentes. También están pendientes porque detrás de nosotros vendrán los afectados por el accidente del tren Alvia que descarrió el pasado año en Angrois, y no quieren ser referente para estas cosas, por eso están actuando así", sentencia Rafael Vidal.
