La cadena de querellas que accionistas minoritarios de Metrovacesa presentaron contra los últimos consejos de administración de la compañía no impedirá, al menos por ahora, la venta de la participación del 27% que la inmobiliaria posee en la francesa Gecina. El juez que instruye el caso ha rechazado la petición de medidas cautelares contra la operación instadas por los demandantes, dado que en su día se inhibió del caso en favor de la Audiencia Nacional. No obstante, prosigue con la instrucción del caso y ha solicitado abundante documentación a los bancos accionistas de Metrovacesa.

El Grupo Caltagirone, uno de los conglomerados empresariales más destacados de Italia, vuelve a poner el foco en España después de que en 2005 saliera escaldado de su intento por hacerse con la inmobiliaria Metrovacesa a golpe de OPA. En este caso, desembarca con la vista puesta en el sector cementero, asolado por los efectos de la crisis y rematado por la reciente reforma energética. Como entonces, también cuenta ahora con el apoyo de Alejandro Agag, yerno del ex presidente del Gobierno José María Aznar.

La inmobiliaria Metrovacesa inicia una nueva etapa, excluida de cotización y con el primer objetivo de colocar su participación en la francesa Gecina. Por lo pronto, la compañía reduce el tamaño de su consejo de administración tras la salida de los consejeros Juan Delibes y Sixto Jiménez, ambos representantes de las entidades financieras que controlan la empresa.

Las denuncias de un grupo de minoritarios contra los últimos consejos de administración de Metrovacesa por presuntas irregularidades en su gestión llevan camino de convertirse en un culebrón judicial. El juzgado de instrucción número 47 de Madrid considera ahora que los hechos incluidos en la querella son de extrema gravedad y podría afectar a la economía nacional por lo que ha solicitado su traslado a la Audiencia Nacional. Paradójicamente, el juez había decretado el archivo del caso hace dos años.