Los presuntos delitos cometidos por los últimos consejos de administración de Metrovacesa y denunciados por un grupo de accionistas minoritarios han sido considerados como de extrema gravedad por el titular del juzgado número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, encargado de instruir la querella. El magistrado ha solicitado en un escrito que sea la Audiencia Nacional la que se ocupe de la causa al considerar que el caso afecta a la economía del país. El presunto daño al patrimonio de la compañía se aproxima a los 2.000 millones de euros.
Este ha sido el último giro de un caso que a comienzos de año sufrió un giro inesperado. Porque el magistrado que ahora califica los presuntos delitos como extremadamente graves fue el que decidió en un primer momento archivar la causa con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, ante la que también habían interpuesto denuncia los minoritarios.
El hecho de que prosperara el recurso contra el archivo presentado ante la Audiencia Provincial de Madrid ha cambiado todo el panorama.
Pero ahora, el caso avanza un paso más hacia la Audiencia Nacional habida cuenta de la petición del juez Carretero. De hecho, el magistrado ha detenido por el momento las nuevas diligencias que estaba practicando después de que la Audiencia Provincial de Madrid le instara a realizar una instrucción más exhaustiva.
Declaraciones suspendidas
El pasado viernes estaban llamados a declarar como testigos Jesús García de Ponga, ex consejero delegado de Metrovacesa (en la etapa en que la compañía estuvo controlada por la familia Sanahuja), y Manuel Liedo, responsable jurídico de la inmobiliaria. Sin embargo, el juez suspendió la declaración a la espera de que se tome una decisión sobre el posible traslado de la causa a la Audiencia Nacional.
El problema está en que precisamente en la Audiencia Nacional ya se han abierto diligencias por una denuncia similar. El juez Carretero no fue el único que rectificó tras el éxito del recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid ya que la Fiscalía Anticorrupción, que se había posicionado a favor del archivo de la causa, decidió trasladar la denuncia a la Audiencia Nacional.
De hecho, el titular del juzgado de instrucción número 6 de este organismo, Eloy Velasco, también inició diligencias aunque igualmente las interrumpió hasta aclarar la competencia sobre el caso.
Los Sanahuja articulan su defensa
La querella que ha llegado a la Audiencia Nacional afecta a menos personas y se centra, básicamente, en la gestión de los Sanahuja al frente de Metrovacesa. Precisamente por eso, la familia Sanahuja también se está moviendo y ha solicitado que sea el juzgado número 47 el que se ocupe del caso.
La batalla judicial por el bando de los Sanahuja la está librando el despacho Vialegis, al que pertenece Pablo Usandizaga, que fue secretario del consejo de administración de Metrovacesa y que figura precisamente en esa denuncia como uno de los querellados. En su día, Vialegis protagonizó una polémica fusión con el despacho Dutihl, para el que trabajaba Eduardo Paraja, por entonces consejero delegado de Metrovacesa.
Precisamente, uno de los elementos de la querella presentada ante los juzgados de instrucción por los minoritarios es el gasto de Metrovacesa en servicios jurídicos, con minutas que superaban los 17 millones de euros en un solo año y que corrieron a cargo de Dutihl Vialegis.
