"Pudieron y debieron haber puesto de manifiesto esta práctica a fin de evitar la misma", asegura Andreu en un nuevo auto, en el que imputa a 21 exconsejeros de Caja Madrid un delito continuado de administración desleal por usar las tarjetas  "en provecho propio, generando un perjuicio a la entidad". Las cantidades fijadas van de los 11.000 euros a los 610.000 que reclama al que fuera representante de IU en la caja, José Antonio Moral Santín.

Sus recursos, que se esperan previsiblemente la próxima semana, no paralizarán la orden de embargo que dictará el juez si no entregan esas cantidades antes del próximo miércoles, que pueden hacerlo tanto mediante transferencia o cheques o aportando cualquier tipo de bienes o avales bancarios.