El sistema eléctrico que estamos construyendo tiene un sinfín de desequilibrios. Como consecuencia de la fuerte carga ideológica que lo inspira, la regulación sectorial es intervencionista, abusa de las subvenciones y no fomenta la competencia. Por el contrario, no se abordan determinadas reformas, necesarias para hacerlo sostenible en el medio plazo, lo que desembocará en nuevas subvenciones y más intervención.

Una de las incoherencias más reseñables es el ataque continuo a las grandes empresas. Se les culpa de los retrasos en la hoja de ruta hacia la descarbonización (La ministra Ribera acusó a Repsol de “retardismo” sobre la transición energética), se cuestiona sus beneficios (el gobierno aprueba un impuesto extraordinario a las grandes empresas energéticas), se interfiere en operaciones corporativas (Reynés pidió “libertad” para gestionar Naturgy tras las presiones de la ministra sobre una posible escisión), etc. Pero, a la vez que se llevan a cabo estas políticas, se diseñan esquemas regulatorios que acaban expulsando del mercado a las empresas de un tamaño menor.

En las últimas semanas hemos conocido los problemas por los que atraviesan algunas pequeñas empresas que prestan unos servicios energéticos, particularmente, del gusto del gobierno. La mala situación de estas empresas ha tenido mayor trascendencia porque cotizan en bolsa y se les ha suspendido la cotización; sin embargo, otros muchos proyectos se van al traste, incapaces de navegar en este sinsentido energético que estamos diseñando. Hablo de Holaluz y de Solarprofit, aunque lo relevante no son estas empresas en concreto, sino el diseño regulatorio que las expulsa.

Es evidente que el sistema descansa y va a seguir haciéndolo en los grandes operadores energéticos, los únicos capaces de garantizar la seguridad de suministro; sin embargo, una de las ventajas de las nuevas tecnologías renovables era, precisamente, la posibilidad de escalar los proyectos y, por tanto, de nuevos modelos de negocio, más asequibles en capital, lo que traería mayor competencia.

Para facilitar este proceso, y muy enfocado en una transición hacia una economía descarbonizada, se ha tirado con demasiada alegría de las subvenciones, lo que no siempre obtiene los resultados esperados. Lo vimos con el enorme déficit tarifario de 30.000 millones de euros que llegamos a acumular y lo vemos ahora con los problemas de precios cero y negativos que arroja el mercado eléctrico. Nada de esto tiene sentido. Pero, vayamos a ejemplos concretos.

Comercialización independiente

Una de esas pequeñas empresas nació hace unos 15 años como comercializadora de electricidad a un “precio justo”. Unos jóvenes ingenieros se dieron cuenta que los márgenes de las ofertas de mercado libre de las grandes comercializadoras eran muy elevados y vieron una oportunidad de negocio. El argumento tenía todo el sentido el sentido del mundo y la apuesta les salió bien. Su cuota de mercado, con 300.000 clientes, siempre ha distado mucho de los millones de clientes de empresas como Iberdrola, Endesa, Naturgy, pero era suficiente para obtener buenos resultados con los que ir consolidando y ampliando su oferta energética.

Los problemas de esa línea de negocio comienzan con la modificación que hizo el gobierno, en junio de 2021, de las tarifas de acceso estableciendo una discriminación horaria obligatoria. Al hacerlo a espaldas de las compañías distribuidoras, las complicaciones técnicas de facturación del nuevo sistema provocaron que muchas empresas comercializadoras obtuvieran la información de consumo para facturar a sus clientes con muchos meses de retraso. En la medida en que las comercializadoras tienen que liquidar semanalmente la electricidad comprada en el mercado, se les generaba un descuadre muy elevado que tenían que financiar contra su propio balance. Por cierto, este cambio fue el que originó aquello de “planche usted a las 3 de la madrugada para que le salga más barato”.

En la primavera de ese mismo año se inició la escalada de precios que se ha mantenido hasta hace pocos meses y que ha tenido un doble impacto sobre el negocio de comercialización. Por una parte, las garantías exigidas por el mercado (compran energía todos los días, pero la pagan una vez a la semana) se dispararon, como consecuencia de los precios, lo que impactó nuevamente en su fortaleza financiera. Por otro lado, los consumidores, ante el vértigo de los importes de sus facturas, comienzan a perder el miedo a cambiar de compañía, lo que aboca a las grandes comercializadoras a ajustar sus márgenes para ser competitivos y no perder cuota de mercado. Y recordemos que, precisamente esos márgenes amplios constituían el nicho de mercado de estas pequeñas comercializadoras.

Todo esto no sería un obstáculo para las pequeñas empresas si no fuera porque solo tienen acceso a contratos a largo plazo (PPA, por sus siglas en inglés) con generadores renovables, que no pueden ofrecer potencia firme (puede haber viento y sol, o no). Las tecnologías de potencia firme requieren grandes inversiones, que sólo pueden llevar a cabo los grandes grupos integrados, que firman sus PPAs con sus propias comercializadoras. En consecuencia, la exposición de las comercializadoras independientes a la volatilidad del mercado es muy elevada y la gestión de los desvíos se vuelve muy riesgosa (diferencia entre lo que compran las comercializadoras en el mercado y lo que realmente consumen sus clientes).

Gestión de pequeños parques fotovoltaicos

Como mencionaba anteriormente, una de las ventajas de las renovables es la escalabilidad y modularidad. Ya no es necesario acometer una gran inversión en una central con potencias muy elevadas. Además, el abaratamiento de los paneles solares ha hecho muy asequible invertir en la construcción de parques pequeños. El gran inconveniente de éstos es el coste burocrático de acceder al mercado, hacer diariamente las ofertas y gestionar los desvíos.

Nuevamente, el negocio era evidente. Si parametrizo y normalizo una serie de procedimientos aplicables a muchos pequeños parques, puedo llevar su gestión aprovechando las economías de escala generadas. El problema, aparece con el riesgo que suponen los desvíos en entornos de precios volátiles y la canibalización que se produce por el exceso de oferta fotovoltaica. El coste de estos desvíos es especialmente sensible, pues la intermitencia de esta tecnología puede suponer penalizaciones relevantes, si la diferencia entre lo ofertado y lo realmente producido es alta.

Instalaciones de autoconsumo

Esta es, probablemente, la línea de negocio que ha dado la puntilla a estas empresas. El modelo no es nuevo, sin embargo, la caída de precio de las placas, además de las subvenciones, lo han hecho interesante para muchos clientes como una fórmula de reducir la factura eléctrica. Frente a la publicidad que muestran en sus páginas web, la instalación de placas solares, con batería física, con batería virtual, con vertido de excedentes o con una combinación de todas ellas, no es útil para todo el mundo. A priori, solo es interesante para industrias con elevados consumos, sobre todo si son diurnos. En el caso de los domésticos, solo les resultará rentable a aquellos que dispongan de una vivienda con mucha superficie de tejado.

Hay que tener en cuenta que estas instalaciones individuales compiten con la oferta del sistema. En la medida en que no puedo desconectarme completamente de la red y considerando que cuando hay sol, lo hay para todos, el sistema baja sus precios y el ahorro del autoconsumo deviene mínimo o inexistente. En los momentos en que carezco de sol y necesito la conexión al sistema, éste también carece de sol y los precios suben. Para intentar resolver esta contradicción se ofertan baterías físicas (que aumentan la inversión, haciéndola menos interesante para instalaciones domésticas) o baterías virtuales con las que garantizan facturas con fuertes ahorros, incluso facturas cero, durante una serie de años, lo que supone un nuevo riesgo de gestión para sus pequeños balances.

Por supuesto, todo esto requiere un nivel de inversión de capital y un nivel de contratación de personal elevados que, de no obtener los resultados previstos, van a suponer un pesado lastre para estas empresas. Y es que, nos guste o no, la generación distribuida no es compatible con un sistema muy renovable.

Es cuestión de tamaño, pero también de conocimiento

En definitiva, incomprensiblemente el sistema está diseñado para empresas de gran tamaño, diversificación y fuertes estructuras burocráticas, aunque luego el gobierno se dedique a criticarlas. Las numerosas subvenciones, e incluso bonificaciones fiscales, no son suficientes para el desarrollo económicamente sostenible de una política energética cuya regulación está basada en la ideología y con importantes inconsistencias.

Por otro lado, estas empresas pequeñas suelen estar lideradas por perfiles, quizás demasiado románticos, que los lleva a sobredimensionar el negocio y a asumir muchos más riesgos de los que pueden gestionar. El sistema energético es muy grande y en consecuencia muy complejo, lo que requiere que las empresas dispongan de equipos directivos profesionales en el ámbito, pero también en el técnico y regulatorio.

Siempre he defendido este tipo de empresas. Considero que contribuyen a incrementar la competencia, son muy flexibles e innovadoras, convirtiéndose en impulsores del cambio; sin embargo, sin una regulación adecuada y equipos profesionales y solventes, jamás serán viables a largo plazo.

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