El Gobierno mira a otro lado mientras en Cataluña se impone la radicalización lingüística del catalán en las aulas. No es una interpretación personal; es una realidad que el Gobierno admite negro sobre blanco en un documento al que ha accedido en exclusiva Vozpópuli. El Ejecutivo de Pedro Sánchez admite que no ha llevado a cabo "ninguna actuación" contra la nueva imposición del Gobierno separatista de ERC: un 'MIR' para profesores que busca implantar en las escuelas "rasgos identitarios del catalán".

Se trata de un plan aprobado por el Acuerdo de Gobierno 69/2023 de 28 de marzo, el programa Sensei. Un proyecto piloto enmarcado en los cursos 2023-2024 y 2024-2025 que busca perpetuar la inmersión lingüística y ante el que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha puesto ni una sola pega. El programa Sensei crea una suerte de MIR para docentes de la Generalitat de Cataluña que tiene entre sus objetivos consolidar los "rasgos identitarios del sistema educativo catalán", es decir, la neta imposición del catalán en las aulas, pese a que el Ejecutivo catalán ya recibió el aviso de Bruselas de retirar los fondos europeos si advertía algún tipo de discriminación. Este programa está financiado al 95% por la Unión Europea.

El comisario europeo de empleo y derechos sociales, Nicolás Schmit, ha manifestado a este respecto que “los requisitos legales nacionales aplicables, incluido el uso de la lengua, deben ser supervisados por las autoridades educativas competentes del Estado miembro” y que “si se detecta un incumplimiento, esto puede dar lugar a una corrección financiera”. Es decir, la retirada de los fondos.

La ministra de Educación, Pilar Alegría, admite en un documento que obra en exclusiva en poder de este periódico que en relación al programa Sensei “no se ha llevado a cabo actuación alguna” para exigir a “los responsables del programa las modificaciones necesarias para adecuar el programa a la normativa vigente”. Es más, el Ministerio de Educación reconoce que tampoco posee “informes o cualquier otra documentación que avalen la implementación del programa Sensei en Cataluña”.

El Ministerio dirigido por Pilar Alegría ha optado por no monitorizar este proyecto piloto gestionado íntegramente por la Generalitat, obviando las sentencias que insisten en obligación de impartir un 25% de las clases en castellano y que evitarían la imposición total del catalán.

Y es que, uno de los objetivos del programa es “integrar los rasgos identitarios del sistema educativo catalán en el diseño y la evaluación de la acción educativa en el marco del proyecto de centro”, además de hacer un llamamiento a la reflexión sobre la formación continua del profesorado en base a seis ejes, entre los que se encuentra el modelo educativo y lingüístico de Cataluña.

Pere Aragonés afirma que el Gobierno no se ha opuesto a Sensei

El presidente en funciones de la Generalitat, Pere Aragonés, a preguntas de este periódico, admitía que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha hecho nada respecto del programa Sensei, asegurando que “no se ha recibido ningún requerimiento por parte del Gobierno de España”. Además, la Secretaría General del Departamento de Educación de Cataluña afirma que tampoco “se ha recibido ningún requerimiento por parte de la Unión Europea en relación con la implantación del programa Sensei”.

La todavía eurodiputada Maite Pagazaurtundúa interpelaba el pasado mes de mayo a la Comisión Europea para que aclarase si pensaba permitir “que fondos europeos sirvan para financiar un programa de instrucción identitaria excluyente para docentes”, teniendo en cuenta que el programa está inicialmente dotado con un presupuesto de 11 millones de euros para la primera fase. La previsión es que el despliegue total del proyecto Sensei requiera de un desembolso de 28,7 millones de euros, de los que 27,2 procederán de este fondo europeo.

Pagazaurtundúa denunciaba que estos fondos irían a parar a un sistema educativo autonómico que "reivindica el monolingüismo en catalán" y que "niega al castellano la condición de idioma vehicular en la enseñanza, tal y como sentenció el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña cuando ordenó que se impartiera un mínimo del 25% de las materias troncales en español" en todos los colegios que reciben fondos públicos.

Un sistema educativo que agoniza

Mientras Sánchez mira hacia otro lado para no enfadar a sus socios de Gobierno, la educación catalana agoniza. Los resultados del informe PISA publicados el pasado diciembre así lo pusieron de manifiesto. Los estudiantes de la comunidad registraron calificaciones por debajo de la media de España y de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en Matemáticas, Lectura y Ciencia. A ello hay que sumar una inmersión lingüística que está en el punto de mira de la UE y a la que la Generalitat no está dispuesta a renunciar, pese a los malos resultados académicos que genera.

De hecho, el Parlamento Europeo reclamó el pasado mes de marzo a la Comisión Europea que actuara para cumplir los derechos de los alumnos de habla castellana en la escuela en Cataluña y garantizar que su enseñanza incluya un porcentaje mínimo esta lengua, cumpliendo así, con las obligaciones establecidas por la Justicia.

Sin embargo, la Generalitat no considera que la imposición del catalán y la aplicación de discutidas innovaciones sean un problema para la educación. Es más, está dispuesta a consolidarlo. Su afán por la inmersión llega tan lejos que el castellano no es vehicular en ningún centro de educación especial, cuyo fin es formar a personas con grados diferentes de discapacidad que puede variar del 33% al 97%. Una limitación incorregible para el futuro de estas personas.

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