Álvaro García Ortiz ha llevado a la Fiscalía General del Estado a las mayores cotas de descrédito, indignidad y arbitrariedad jamás conocidas en democracia. Casi sobra sostener que García Ortiz debió dimitir hace ya mucho tiempo, cuando sus maneras sumisas, la propia elección de su perfil por el Gobierno, o su amistad personal como protegido de Dolores Delgado, daban toda la razón a Pedro Sánchez cuando afirmó aquello de “¿de quién depende la Fiscalía…? Pues ya está”. Ortiz no es un fiscal general con respeto por la institución que representa. Se ha revelado como un perfecto comisario servil de su dueño. La Fiscalía deja de ser así una institución de Ministerio Público en defensa de la legalidad para convertirse en un anexo de La Moncloa para cumplir y hacer cumplir a rajatabla los intereses políticos del sanchismo, sean cuales sean. Bien apartando a fiscales incómodos o discrepantes, bien favoreciendo a amigos, bien exigiendo el archivo de todo tipo de diligencias que comprometan al Ejecutivo. Y además, sin disimulo ni sonrojo.

Ortiz no es un fiscal general con respeto por la institución que representa

Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, antes de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya admitido a trámite la querella de la pareja de Isabel Díaz Ayuso por la presunta filtración por parte de la Fiscalía de datos privados y confidenciales suyos, en su intento de alcanzar un acuerdo de conformidad por la acusación tributaria que pesa sobre él. La fiscal encargada del caso ha sido apartada y sustituida por otro después de que mantuviese firmemente el criterio de que la querella debía ser admitida a trámite, y, por tanto, investigada. En cambio, la número dos de la Fiscalía General, por decisión de García Ortiz, ha impuesto que el Ministerio Público exigiese el archivo de la querella. De poco ha servido porque el Tribunal la va a investigar, pero de nuevo ha quedado de manifiesto que la Fiscalía responde a órdenes políticas, en este caso para perjudicar en lo posible a Díaz Ayuso.

El de hoy es el segundo varapalo en apenas seis meses a una forma de proceder de García Ortiz, personalista y carente de equilibrios. El Tribunal Supremo ha anulado el nombramiento de Dolores Delgado -exministra de Justicia, exfiscal general y mentora directísima de García Ortiz- como fiscal de Sala para la Memoria Democrática. En noviembre ya quedó anulada por “desviación de poder” la designación de Delgado como fiscal de Sala, lo que suponía su incorporación a la cúpula del Ministerio Público sin más méritos y capacidad que los servicios prestados con anterioridad a Pedro Sánchez. Había que darle una salida y se optó por un ‘dedazo’ que la encumbrara como fiscal de la Sala de lo Militar del Supremo. Tienen razón muchos fiscales con una larga trayectoria a sus espaldas cuando sostienen la idea de que la institución se ha convertido en un “cortijo”.

Tienen razón muchos fiscales con una larga trayectoria a sus espaldas cuando sostienen la idea de que la institución se ha convertido en un “cortijo”

Ahora decae también para Dolores Delgado el nombramiento de fiscal encargada de Memoria Democrática, un puesto de mucho más contenido político que jurídico y que además chocaba con otro candidato con más experiencia, curriculum y meritaje, y con la arbitrariedad de García Ortiz de haber despreciado al Consejo Fiscal, órgano de la carrera asesor del fiscal general, que en su mayoría desaconsejaba esa designación. Y chocaba asimismo con una evidencia: su pareja, el inhabilitado juez Baltasar Garzón, está vinculado a asociaciones para el revisionismo revanchista de la memoria histórica. La incompatibilidad apunta a ser notoria, lo que avala la tesis de que la Fiscalía General es, desde la llegada de García Ortiz, un núcleo de nepotismo incompatible con usos democráticos mínimamente razonables. Ortiz no debería seguir un solo minuto más como fiscal general. Ni por sus decisiones ni por respeto a su propia dignidad personal. Lo mismo cabe argumentar de Dolores Delgado. Haber sido aupada a los cargos más relevantes de la carrera con el sambenito de una “desviación de poder” debería resultar demoledor para cualquiera. Incluso, para los más acérrimos del sanchismo.

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