El movimiento de Podemos de situar a un experto en el sector audiovisual en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) podría ser más relevante de lo que a priori pudiera parecer. El consejero Carlos Aguilar, que tomará posesión de su cargo en los próximos días, será el mayor especialista de la cúpula del regulador en la materia; y asumirá responsabilidad en el organismo sobre asuntos fundamentales relacionados con la televisión y los derechos de emisión del fútbol, entre otros.
Hay que tener en cuenta que en España no existe un regulador audiovisual estatal, pese a que su creación se ha propuesto en algunas ocasiones durante los últimos años, como, por ejemplo, durante los mandatos de José Luis Rodríguez Zapatero. En esas condiciones, las competencias están en manos de la CNMC. Por eso tiene importancia la estrategia de Podemos de situar a un especialista en la materia en esta institución.
Para hacerse una idea de las funciones que asumirá, basta con mirar el plan de actuación 2020 de la institución, donde se resumen algunas de las competencias que acapara sobre el sector audiovisual. Entre ellas, se encuentra la de controlar que los contenidos de las cadenas de televisión españolas respetan la Ley General de Comunicación Audiovisual.
Esta atribución es más importante de lo que parece -si el regulador adopta un papel activo al respecto-, pues las empresas de la TDT pueden llegar a recibir fuertes sanciones en caso de emitir determinados programas en horario de protección infantil. Algo, por ejemplo, que le valió un disgusto a Mediaset cuando la CNMC señaló a Sálvame.
El caso del duopolio
Aguilar llegará a la Comisión pocos meses después de que Atresmedia y Mediaset fueran multadas con 77 millones de euros por sus prácticas anticompetitivas en el mercado de la televisión comercial. Ambas empresas recurrieron la sanción -consideran que se les imputan faltas que no han cometido- y reclamaron medidas cautelares para librarse del pago y evitar que la CNMC vigile a partir de ahora su estrategia comercial.
Esto último tiene que ver con el contenido de la resolución, que obliga a las dos grandes compañías de televisión a poner en manos de Competencia "sus ofertas comerciales desglosadas, así como los diferentes acuerdos comerciales que formalicen con los anunciantes o agencias de medios". "De esta forma, se asegura el cumplimiento de las obligaciones adoptadas para preservar la competencia en los mercados", explica el regulador.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que España deberá trasponer en los próximos meses la Directiva Europea de Servicios Audiovisuales, que podría equiparar en derechos y obligaciones en materia de contenidos y de financiación del cine español a los grupos tradicionales con las plataformas digitales, como Netflix, HBO o YouTube. Esto podría ampliar las competencias del organismo, que tendría que poner sus miras sobre un mayor número de empresas.
El fútbol
Desde la CNMC, Aguilar también podrá dar su opinión sobre el servicio público que presta RTVE dentro del informe que, de forma periódica, elabora el regulador a este respecto. No es vinculante, pero sirve de guía para evaluar el funcionamiento de la corporación.
Entre las labores que realiza la Sala de Supervisión Regulatoria también se encuentra la de elaborar informes sobre la forma en la que se reparten los derechos audiovisuales del fútbol español, lo que ha valido a la CNMC más de un desencuentro con Javier Tebas en los últimos años. En este sentido, cabe recordar que uno de los principales agentes del sector es Jaume Roures (Mediapro), quien ha sido uno de los empresarios más cercanos a Podemos desde su fundación.
Conviene recordar que José María Marín Quemada abandonará la presidencia de la CNMC en los próximos días, después de que el Ejecutivo haya designado como sustituta a Cani Fernández. La nueva máxima responsable, por cierto, se espera que deba inhibirse en algunas decisiones para evitar conflictos de intereses, dado que, como abogada de Cuatrecasas y hasta su incorporación a Moncloa, a finales de febrero, representó a algunas de las grandes compañías españolas.
Entre ellas, a Mediaset, lo que podría hacer que se inhibiera de participar en determinadas decisiones que estén relacionadas con el sector audiovisual.
