Ni un día sin sobresalto. Ni una jornada sin su correspondiente patada a la calidad de la democracia, si es que todavía se le puede llamar democracia a lo que estamos viviendo. Ayer supimos por el diario oficial, como de costumbre, que el Gobierno de Pedro & Pablo se dispone a nombrar presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a la abogada Cani Fernández, 57 años, en sustitución de José María Marín Quemada, que ha venido desempeñando el cargo con acierto en los últimos años. Hasta aquí todo bien si no fuera obligado decir de inmediato que la nominada trabaja desde febrero en el recinto de La Moncloa como asesora del Gobierno de Sánchez, al lado del valido Iván Redondo, que al parecer es quien la fichó entonces y quien la ha promocionado ahora para destino tan importante, junto a la ministra de Economía, Nadia Calviño.
Conviene aclarar que la señora Fernández cuenta con un brillante currículum, y que desde ese punto de vista no hay nada que objetar a una nominación convertida en una especie de piedra preciosa perdida en el lodazal de tantos personajes cercanos a la indigencia intelectual como este Gobierno ha elevado a los altares del mando en plaza. La señora ha sido socio durante muchos años del bufete Cuatrecasas, uno de los más prestigiosos de España entre el mundo empresarial, hasta el punto de haber optado por sorpresa al puesto de socio director en contra de la candidatura oficial. No la votó ni el tato. El suceso supuso su discreta salida del bufete, excedencia mediante, algo que causó gran revuelo en el mundo de la abogacía, tanto en Madrid como en Barcelona, sorpresa que aumentó de grado cuando se supo que recalaba en un oscuro puesto de asesoría en Moncloa, para iluminar a un personaje como Sánchez cuyo respeto por la Ley y los procedimientos es conocido, naturalmente con un salario irrisorio en comparación con las cifras que se manejan en los grandes despachos de abogados.
Hay quien sostiene que lo de la señora, simpatizante socialista, es vocacional, que se trata de ese relato tan americano de no preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú… etc., etc. Sea como fuere, Cani Fernández sabe lo que se trae entre manos, es una gran experta en temas de Competencia, como todo el mundo con mando en plaza sabe, y desde ese punto de vista no cabe duda de que pocas veces un perfil como el suyo habrá sido tan idóneo para un cargo. Dicho lo cual, no se trata de sacar a pasear otra vez el tópico de la mujer del César: se trata de que es una absoluta vergüenza que la presidencia de la CNMC, “organismo público con personalidad jurídica propia, INDEPENDIENTE DEL GOBIERNO y sometido al control parlamentario, que promueve y defiende el buen funcionamiento de los mercados en interés de los consumidores”, como dice su acta fundacional, vaya a ser ocupado por una asesora del presidente del Gobierno con despacho en Moncloa. A tomar viento la independencia.
Su autonomía está capada, por brillante que sea su currículum, por ese acto servil de aceptar desde Moncloa un nombramiento que exige una exquisita pátina de independencia
Un caso semejante provocaría un enorme revuelo mediático y político en cualquier país de nuestro entorno con cierta cultura democrática, algo que aquí pasará desapercibido en el torbellino de fango que diariamente envuelve las instituciones. Vengo escribiendo desde los noventa sobre la importancia de asegurar la independencia de los organismos de regulación y control de la labor del Ejecutivo, los famosos checks and balances del mundo anglosajón, y sobre la importancia de situar al frente de los mismos a personas de acrisolado prestigio e independencia. Me las tuve tiesas con el poderoso Rodrigo Rato en tiempos de José María Aznar, reacios ambos al hands off de los órganos regulatorios por parte del poder político, y otro tanto me ocurrió con el estólido Rajoy. Por fortuna, Marín Quemada les salió rana y devino en un tipo independiente de verdad, con sus aciertos y errores, dispuesto a defender a los consumidores de lobbys y cartels de toda laya… Hasta que el asaltacaminos de la política que ahora nos gobierna irrumpió en nuestras vidas.
Caminamos aceleradamente hacia la desaparición de cualquier tipo de control a la labor del Ejecutivo. Fin de la disidencia, ocaso de la crítica, y silencio. Y a tenor de cómo ayer cantaba las excelencias del CV de la señora Fernández la prensa gubernamental, al gusto de una buena parte de la población. El sempiterno problema de España o la dificultad de construir una democracia sin demócratas. ¿Cómo va a tomar esta señora una iniciativa que contravenga los intereses de quien la ha nombrado, procediendo de donde procede? Su autonomía está capada, por brillante que sea su currículum, por ese acto servil de aceptar desde Moncloa un nombramiento que exige una exquisita pátina de independencia. Los grandes grupos y empresas no tendrán que contratar carísimos bufetes a la hora de defender sus intereses de los expedientes abiertos por la CNMC. No creo que les sirva acudir a Cuatrecasas, pero les bastará con llamar a Moncloa y hacer un buen regalo al nuevo Godoy, ese moderno Rasputín presente en todos los guisos del momento.
Quieren hacerse con el poder del entramado empresarial, sobre todo en el ámbito de los sectores regulados, poniendo a sus peones al frente de los organismos de regulación y control"
El deterioro de las instituciones avanza sin freno. Las libertades de antaño, convertidas en un erial. No solo quieren el Gobierno, pretenden ocupar hasta el mínimo resquicio de poder. Del poder económico también. Lo están colonizando, poniendo a sus amigos a chupar de la teta, en la idea de que el chollo va a durar tiempo, y la oposición tendrá que resignarse a ver desfilar en el Parlamento los nombramientos que ellos decidan con el respaldo de toda suerte de grupos, todos enemigos de la democracia liberal. Lo acabamos de ver en Enagás. Quedaba Montilla, expresidente de la Generalitat y exministro de Industria, y se nos había quedado descolgado Pepiño Blanco, Peppino di Capri, de modo que hemos tenido que colocarlos en el Consejo junto a Antonio Llardén, papelón el tuyo, 160.000 euros del ala por asistir a una docena de reuniones al año, más tarjeta de crédito, viajes pagados y demás. Y para que no se cabree el señor marqués hemos tenido que enchufar también a uno de los suyos, ojo al dato, porque es la entrada oficial de Podemos en el Consejo de Administración de una empresa del Ibex, una demostración de poder del Coletas, vas bien, Pedrito; vas bien, Anita; vas como un tiro, CEOE: de victoria en victoria hasta el desastre final.
Lo reconoció abiertamente el domingo en su ¡Aló presidente!. “Los he colocado yo”, vino a decir, “¿qué pasa? ¿Algo que objetar? No quiero ni un murmullo. Y si alguien levanta la voz, le recordaré que el amigo Llardén ya tiene en su Consejo a los exministros del PP, papelón Ana Palacio, de modo que todos a chupar del bote, tutti contenti”. Este no es un capitalismo de amiguetes, sino un Estado de amiguetes. Se calló que ha sido un nombramiento de Zapatero, porque en su Gobierno prosperaron ambos, lo que viene a poner de relieve el papel que el idiota desempeña en el Gobierno de Pedro & Pablo como padre adoptivo de Iglesias, patrón ideológico de Sánchez y ministro plenipotenciario de enlace entre España y Venezuela. Saben lo que quieren: quieren hacerse con el poder del entramado empresarial, sobre todo en el ámbito de los sectores regulados, poniendo a sus peones al frente de los organismos de regulación y control. Tienen barra libre. Ningún impedimento de orden moral. Ningún obstáculo material. Me encantaría equivocarme con Cani Fernández y tener que volver a escribir para reconocer humildemente que me equivoqué. Me temo que, por desgracia, acertaré. Conozco a mis clásicos. Este es uno de esos casos de los que cabría decir que lesionan gravemente la democracia y la confianza en sus instituciones, si no fuera porque democracia e instituciones hace tiempo que se baten en escandalosa retirada.
