El proyecto de cambiar la democracia surgida de la Transición por un régimen donde sólo la izquierda gobernara, apoyada por el independentismo, queda bien plasmado en el “Pacto del Tinell”. Aquel acuerdo, firmado el 14 de diciembre de 2003 por Joan Saura (ICV), Josep-Lluís Carod Rovira (ERC) y Pasqual Maragall (PSC) facilitaría el acceso de éste a la presidencia de la Generalitat como cabeza de un gobierno tripartito, acompañado por los partidos firmantes. El documento que establece los puntos principales del pacto recoge un anexo, dedicado a los “criterios sobre actuación política general”, cuyo comienzo es rotundo: “Ningún acuerdo de gobernabilidad con el PP, ni en la Generalitat ni en el Estado”.
He ahí la esencia del arreglo, desarrollada más adelante, por si no quedaba claro: “Estas fuerzas se comprometen a impedir la presencia del PP en el gobierno del Estado, y renuncian a establecer pactos de gobierno y pactos parlamentarios estables en las cámaras estatales”. La derecha, expulsada, postergada, arrinconada, aislada y asfixiada. He ahí el espíritu y la letra del plan: así en Cataluña como en España, así en la tierra como en el cielo. A cambio, la izquierda gobernante habría de asumir “el establecimiento de un nuevo marco legal donde se reconozca y se desarrolle el carácter plurinacional, pluricultural y plurilingüístico del Estado”. La proa estaba puesta hacia la “España nación de naciones” donde palpita el reconocimiento del derecho a la autodeterminación, pues ya se sabe que “a cada nación, ha de corresponder su Estado”.
El 'espíritu de la Cruzada'
La justificación de tal envite pasaba por deslegitimar la Transición, el origen de la democracia que ahora quería desmantelarse. Y, para ello, había que lanzar una campaña cultural, mediática y política contra la “reconciliación nacional”, el discurso esgrimido por el Partido Comunista desde 1956, defendido por Suárez durante la reforma política e inspirador de nuestra Carta Magna. El discurso que permitió superar la división entre “las dos Españas” y arrumbar la retórica de la “victoria en la Cruzada” que tanto utilizó la dictadura para su auto-legitimación.
Ese ataque a la reconciliación se envolvería en la defensa de la “memoria histórica”. Aupada sobre el loable y necesario objetivo de dar digna sepultura a los represaliados por el franquismo, “la lucha por la memoria histórica” fue utilizada por la izquierda como arma electoral para conquistar el poder y, también, como fuente legitimadora de un nuevo régimen que superara el de la Transición, sustituyendo la “reconciliación” por la “restitución” de una nueva República. Pero, sobre todo, la defensa de esta “memoria histórica” que sólo pretendía hacer “política de la historia” sirvió para señalar a todo aquél que osara oponerse, o tan siquiera matizar, tamaña simplificación del pasado, tildándolo de peligroso fascista al que debía aplicarse el “cordón sanitario” expresado en el Tinell.
El PSOE llegó a identificar al PP de Rajoy como la “derecha extrema”. Hoy, PP, Ciudadanos y Vox ingresan el “trifachito” del que se ríe la izquierda en el Congreso de los Diputados
Ya estaban los dos mimbres del “cambio de régimen” entretejidos: un pacto para echar a media España de las instituciones y la justificación de esa jugada antidemocrática, desacreditando al discrepante como “facha” merecedor de la expulsión. Recuerden, el PSOE llegó a identificar al PP de Rajoy como la “derecha extrema”. Hoy, PP, Ciudadanos y Vox ingresan el “trifachito” del que se ríe la izquierda en el Congreso de los Diputados. Y es que, como decía Cioran, “contra la risa no hay defensa”, por eso el humor es la mejor arma para el descrédito.
En medio del estado de alarma provocado por la crisis del coronavirus se está acelerando el proceso arriba descrito. La consecuencia es que la democracia se halla en serio peligro mientras la mayor parte del país sufre una suerte de “arresto domiciliario” sine die. Pedro Sánchez gobierna España apoyado por el independentismo que atentó contra la Constitución el 1 de octubre de 2017 y por el populismo que defiende una autodeterminación no contemplada ni en el espíritu ni en la letra de la misma Carta Magna que Pablo Iglesias blande ahora con orgullo. La ineptitud del Gobierno a la hora de responder al drama que vivimos, su afán intervencionista y su autoritaria forma de ejercer el poder cubren de nubarrones el horizonte de nuestra democracia, necesitada antaño de una urgente regeneración y ahora de una perentoria defensa en medio de la tempestad.
La ultraderecha y los medios
El control que el Gobierno ejerce sobre las televisiones, vía subvenciones millonarias, dificulta que los ciudadanos puedan percatarse del serio peligro que amenaza sus libertades, resumido en el desiderátum de Iglesias en La Sexta: “Que la ultraderecha mediática no forme parte de la sociedad”. Entendiendo por “ultraderecha”, claro, lo que en el franquismo se entendía por “rojo”: un discrepante.
Ante esta tesitura, sólo cabe que la oposición, la sociedad civil, los millones de españoles que no comulgan con estas ruedas de molino, los medios de comunicación verdaderamente libres y las instituciones del Estado aún no corrompidas por el “espíritu del Tinell”, entonemos juntos el Resistiré de los balcones, para forjar con palabras y hechos un dique contra este sunami. Nos va la democracia en ello.
