El exdirector y el exsubdirector de Interviú, Alberto Pozas y Luis Rendueles, respectivamente, han solicitado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón su desimputación del conocido como caso Villarejo, concretamente de la pieza sobre el contenido del teléfono móvil de una colaboradora del líder de Podemos, Pablo Iglesias, ya que consideran que no hay indicios de que cometieran delito de descubrimiento y revelación de secretos.
Según el escrito de Pozas y Rendueles, al que ha tenido acceso Europa Press, a Interviú llegó en 2016 una "tarjeta con información relacionada con Podemos e Iglesias", pero ni el entonces director ni el subdirector "llevaron a cabo actuación alguna tendente a la obtención inicial de tal información", algo que, según dice, "está fuera de toda duda".
"Lo que no presenta lugar a dudas es que la información llegó a la revista sin que ésta ni ninguno de sus responsables o del grupo editorial tuviera absolutamente nada que ver con el supuesto robo del referido teléfono móvil ni, por tanto, con el inicial descubrimiento de la información. Por tanto, en ningún caso podría considerárseles sujetos activos del delito de descubrimiento de secretos", explica.
Los investigados recuerdan al juez que la citada tarjeta de memoria llegó de forma anónima, tal y como ambos declararon en la Audiencia Nacional, y que "era habitual que llegara información de forma anónima a la revista", algo que fue "confirmado" por el presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio.
En cuanto a la supuesta revelación de secretos, el escrito destaca que una vez analizado el contenido de la tarjeta por si éste tuviera interés informativo y se podía "legítimamente publicar", se decidió que no había "ninguna información especialmente relevante ni publicable" y que además los datos afectaban a Iglesias y a Podemos, de modo que Pozas aconsejó al director editorial su entrega al líder del partido morado.
"Tanto el señor Pozas como el señor Rendueles explicaron que la decisión de no publicar fue de Alberto Pozas, como también lo fue la propuesta de entregar a Pablo Iglesias la tarjeta en cuestión, por lo que resulta francamente sorprendente que se mantenga todavía la imputación de los responsables de la revista cuando en ella se respetó el derecho a la intimidad de la titular del teléfono y nada se publicó", subraya el escrito, que además recuerda que la Fiscalía Anticorrupción ya dijo que la tarjeta llegó a dos medios de comunicación diferentes y que "sólo la revista Interviú habría respetado el derecho a la intimidad de la titular del teléfono y de los participantes en los chats de comunicación privada", absteniéndose de publicar nada.
"Actuación impecable"
Por todo ello, la defensa de Pozas y Rendueles considera que "la actuación de la revista, de los responsables de Grupo Zeta y especialmente de su director y subdirector fue absolutamente impecable".
Sobre la entrega de la tarjeta al comisario José Manuel Villarejo -ahora jubilado y en prisión provisional--, el escrito recuerda que tanto Pozas como Rendueles explicaron al magistrado que después de la entrega de la misma a Pablo Iglesias, Interviú recibió "un requerimiento policial verbal" del propio expolicía, que requería "una copia de la información contenida" en el 'pendrive'.
"Cómo sabía el señor Villarejo que aquella tarjeta había llegado a la revista es algo que esta parte desconoce absolutamente, pero manejando el referido comisario la inmensa información que manejaba, son múltiples y variadas las posibles vías por las que pudo tener conocimiento de que aquella información había llegado a la revista. En cualquier caso, aquella petición de información se entendió en la revista, como no podía ser de otro modo, como un requerimiento policial de información que debía ser cumplido", explican los investigados, que recuerdan que ambos declararon en sus respectivas comparecencias judiciales que "no resultaba extraño" que en Interviú "se recibieran requerimientos policiales de entrega de información".
De hecho, pusieron ejemplos de otras ocasiones en las que entregaron información tanto a Policía Nacional como a Guardia Civil, como "el caso de un pederasta fugado de España que, gracias a la información facilitada por la revista a la policía, fue detenido en Guatemala", las "imágenes y pruebas de la casa en la República Dominicana que se había comprado una alcaldesa acusada de corrupción en España", o el vídeo de la víctima de 'La Manada' de Pamplona que "la Policía supo que estaba en poder de la revista y que fue igualmente requerido y entregado".
Requerimientos habituales
Según Pozas y Rendueles, estos ejemplos "evidencian que recibir, en una revista de periodismo de investigación, requerimientos verbales de entrega de información por parte de la Policía es algo habitual que había sucedido en reiteradas ocasiones y que en ningún momento hizo sospechar de nada ilícito o irregular".
El escrito también recuerda que en 2016 el comisario Villarejo "parecía ser alguien muy diferente a la concepción que sobre él se tiene actualmente", pues había hecho posible "diversas operaciones policiales de gran relevancia como la operación Gürtel o la de la familia Pujol" y en aquellas fechas era un policía "prestigioso y reiteradamente condecorado".
"Por lo tanto, el requerimiento que se recibió era a todas luces un requerimiento policial procedente de un alto cargo de la Policía Nacional, sobre quien en aquellas fechas nadie podía sospechar que pudiera dar a la información que se le iba a entregar ningún uso ilícito o ilegítimo. Fue este el motivo por el que se cumplió con el requerimiento. Que ninguna conciencia se tenía de que con la entrega del 'pendrive' se pudiera estar llevando a cabo una actuación ilícita lo evidencia la forma en que se entregó al alto mando policial: en una mesa a la vista de la clientela de un conocido restaurante de la ciudad de Madrid", remarca el escrito.
Según insisten, "la entrega de una información a un alto cargo policial "en absoluto puede completar el tipo de la revelación de secretos del Código Penal, máxime si la entrega se efectúa en cumplimiento de una petición y en la absoluta confianza de que la información se requiere para una investigación policial", sobre todo teniendo en cuenta que en aquellas fechas "varios medios habían publicado mucha información sobre la posible financiación irregular de Podemos por países como Irán o Venezuela, y se había puesto en marcha el Informe Pisa, que había sido ya publicado".
"Carece absolutamente de sentido que se mantenga la imputación de unos periodistas que, de acuerdo con el referido informe policial, ninguna información derivada del móvil publicaron y que lo único que hicieron fue devolver en un primer momento la información que habían recibido a su titular y atender, en un segundo momento, a un requerimiento policial de entrega de dicha información", resumen.
Al entender que no concurren "ni uno solo de los elementos que exige el delito de descubrimiento y revelación de secretos por el que los señores Pozas y Rendueles declararon en calidad de investigados", solicitan al juez García Castellón el "inmediato sobreseimiento de las presentes actuaciones" respecto de ambos.
