Lo que empezó como una tragedia se ha convertido en una grave crisis política. El desprendimiento en el vertedero de Zaldibar (Vizcaya) que sepultó a dos trabajadores está erosionando sobremanera al Gobierno del PNV a solo mes y medio de las elecciones autonómicas del 5-A. Tanto es así que el propio lehendakari, Íñigo Urkullu, tendrá que comparecer el próximo martes en el Parlamento vasco para dar explicaciones.
Los grupos de la oposición achacan al Ejecutivo vasco, en general, y al lehendakari, en particular, una nefasta gestión del suceso. Sean justas o injustas dichas críticas, lo cierto es que Urkullu se ha visto obligado a cambiar su actitud. Porque además de comparecer en sede parlamentaria (ante la Diputación Permanente, al estar la Cámara disuelta por las elecciones), visitó la zona del derrumbe para conocer sobre el terreno la tragedia.
En el PNV contaban con varios casos que amenazaban su campaña electoral. Pero no esperaban que la tragedia de Zaldibar derivase en una crisis política como esta. De ahí que el portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, haya tildado de "carroñerismo político" la actitud de algunos grupos de la oposición.
Desprendimiento y búsqueda compleja
El suceso aconteció el pasado 6 de febrero. Un enorme desprendimiento en el vertedero de Zaldibar (Vizcaya) provocaba cortes en la AP-8. Pronto trascendía que había dos trabajadores sepultados bajo los escombros. La búsqueda de Joaquín Beltrán (51 años) y Alberto Solaluce (62) tuvo que suspenderse durante unas horas por la aparición de grandes cantidades de amianto.
Los complejos trabajos para localizarlos se reanudaron, pero volvieron a ser suspendidos por las dificultades del terreno. La indignación de los vecinos de la comarca iba creciendo día a día. Las instituciones no encontraron respuestas claras ante un problema tan imprevisto como difícil de combatir. La oposición, en especial la izquierda abertzale, empezaron a señalar la presunta responsabilidad del Gobierno vasco.
Batalla contra la empresa
El Ejecutivo emprendió una suerte de batalla contra Verter Recycling, la empresa propietaria del vertedero derrumbado, a la que responsabilizaba de los errores en cadena de esta tragedia. Pero este movimiento no contentó a Bildu, PP y Podemos, que aumentaron el número y el nivel de los ataques al Gabinete de PNV y PSE tanto por su "improvisación" como por la actitud de Urkullu, del que decían que estaba "escondido".
Conforme pasaban los días crecía la pelea entre el Ejecutivo y la empresa, pero al mismo tiempo aumentaba la tensión social y política sobre el caso. La citada visita del presidente del Gobierno vasco a la zona del desastre tampoco gustó a sus contrincantes: para unos llegaba tarde y para otros solo era para hacerse una foto.
A mediados de esta semana diez batzokis (sedes sociales) del PNV en localidades de Vizcaya y Guipúzcoa fueron atacados con basura como señal de protesta por su gestión de la tragedia. Los jeltzales culparon de estos ataques al exdirigente de ETA Aitor Elizarán por los mensajes que este había publicado en Twitter; mensajes en los que instigaba estas formas de protesta.
Más dolor y más protestas
Cuando se escriben estas líneas, los dos cuerpos no han sido encontrados y está previsto que las labores de búsqueda continúen esta semana entre toneladas y toneladas de basura. Aumenta el dolor de familias y conocidos de Joaquín y Alberto. Y también se intensifican las protestas de los vecinos en sus pueblos de origen.
En paralelo al drama de los dos desaparecidos transcurre una controversia política que se ha convertido en una fuerte crisis para el Gobierno vasco. El martes comparecerán en la Cámara de Vitoria el propio Urkullu y los consejeros de Medio Ambiente, Iñaki Arriola, de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, y de Trabajo y Justicia, María Jesús San José. La oposición habla de "muchas dudas" y señala al propio lehendakari. La sesión se prevé más que complicada para el Ejecutivo.
