El Gobierno ha decidido exigir por decreto ley que todos los becarios, sin distinción, sean dados de alta en la Seguridad Social y se deba cotizar por ellos. La medida se ha establecido sin consenso con la comunidad educativa y sin consulta previa a los rectores, que se enteraron por el BOE y han puesto el grito en el cielo.
"La aprobación sorpresiva del Real Decreto ley 28/2018 puede suponer una disminución del número de prácticas ofertadas a los estudiantes por las empresas e instituciones y un quebranto económico y de gestión para las universidades", alertan desde CRUE Universidades Españolas.
Se refieren a la normativa emanada del Ejecutivo para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo que, en una disposición adicional, incluye la obligatoriedad de incorporar al régimen general de la Seguridad Social a los estudiantes que realizan sus prácticas académicas externas.
Aunque los rectores celebran el reconocimiento del valor de las prácticas académicas y que los estudiantes puedan computarlas como periodo de cotización a la Seguridad Social, advierten que el Gobierno no hace distinción entre las prácticas curriculares y las extracurriculares. Olvidan, dicen, que ambas tienen un carácter radicalmente distinto, sean o no remuneradas, por lo que ven con "gran preocupación" las posibles repercusiones de esta disposición.
Oferta de prácticas "mermada"
Para la CRUE el real decreto ley presenta "problemas" tanto en la concepción de lo que son las prácticas, como en su aplicación concreta, fundamentalmente en lo referido a quién y cómo debe hacerse cargo de las cotizaciones correspondientes, lo que, de acuerdo a los rectores, puede acarrear serias dificultades tanto para los estudiantes, que vean mermada su oferta de prácticas, como para las universidades.
A diferencia de las prácticas extracurriculares -que tienen carácter voluntario-, las prácticas curriculares forman parte de los planes de estudios universitarios como una asignatura más, es decir, son una actividad académica obligatoria para los estudiantes.
Hasta ahora, la cotización de los becarios sin sueldo no era una obligación, aunque sí debía darse de alta a aquellos alumnos que sí cobraban algún tipo de retribución económica, tanto si las prácticas formaban parte del plan de estudios como si eran extracurriculares. La diferencia era que las primeras, las obligatorias, estaban bonificadas al 100%.
Las universidades ya dedican más de 100 millones de euros de sus propios presupuestos para ayudar a estudiantes con problemas económicos"
Pero la disposición del Gobierno trata todos los tipos de prácticas por igual, sean remuneradas o no, curriculares o no, y no consta ninguna bonificación. "Una aplicación indiscriminada del Real decreto ley 28/2018 puede suponer la disminución del número de prácticas ofertadas por las empresas e instituciones, la discriminación en la formación de estudiantes de títulos profesionalizantes y no profesionalizantes, y una importante carga de gestión añadida en los servicios de prácticas de las universidades", alerta la CRUE.
Según los rectores, la obligatoriedad de cotización a la Seguridad Social de las prácticas curriculares
podría, asimismo, acarrear un grave problema económico, difícilmente asumible para las universidades, que se añadiría al actual déficit estructural de la financiación universitaria. "Las universidades ya dedican más de 100 millones de euros de sus propios presupuestos para ayudar a estudiantes con problemas económicos", recuerdan.
Exigen expertos en gestión laboral
Además, consideran que la norma no contempla las prácticas académicas externas de los estudios de formación permanente de las universidades, que cada vez cobran mayor importancia. Por todo ello, la CRUE reclama al Gobierno la apertura de una mesa de diálogo en la que se aborde la diferencia entre las prácticas curriculares y extracurriculares; que se mantenga la bonificación del 100% para las prácticas curriculares remuneradas y su extensión para las prácticas no remuneradas tanto curriculares como extracurriculares.
Los rectores piden también que se establezca un procedimiento de alta simplificado y automatizado a la Seguridad Social para los estudiantes que realicen prácticas con bonificación, con el objetivo de facilitar la nueva gestión que habrán de asumir las universidades y las entidades colaboradoras y la incorporación urgente de personal experto en gestión laboral a los servicios universitarios de empleo y prácticas, de acuerdo a lo previsto en el Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021, con el fin de apoyar la gestión administrativa que supondrá la adaptación al nuevo Real Decreto Ley.
Sin embargo, estas no son las primeras críticas al Ejecutivo en materia de Educación. La comunidad educativa y la oposición acusan al Gobierno de emprender su reforma urgente del sistema educativo sin consenso y sin que esta sea fruto de un pacto a nivel estatal.
