El comisario jubilado José Manuel Villarejo elaboró un informe sobre "la sustracción de 'pendrive' del fiscal del 'caso Nóos", según consta en una denuncia interpuesta en la Audiencia Nacional el 31 de mayo de 2017, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, en la que también aludía a un total de 23 dosieres que el agente habría realizado sobre presuntas actuaciones irregulares del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
El abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, admitió haber solicitado los servicios de una empresa "para que pusiera en orden los emails" que recibió del Juzgado de Instrucción 3 de Palma, que se encargó de la instrucción del 'caso Nóos'.
Sin embargo, el letrado negó haber reclutado a un informático del CNI. No obstante, la sociedad que contrató pertenecía a Matías Bevilacqua, un 'hacker' reconocido a nivel internacional que fue colaborador en el CNI hasta 2008.
Villarejo, en prisión desde noviembre pasado, aludía al documento del 'caso Nóos' dentro de mencionada denuncia que interpuso en 2017 la Audiencia Nacional contra el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Féliz Sanz Roldán, al que acusaba de haber permitido la difusión de una imagen suya que se tomó durante una operación antiterrorista de 2015 en Melilla.
Mala fe procesal
La querella fue archivada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que confirmó la inadmisión de la denuncia de Villarejo por delitos de colaboración con organización terrorista y revelación de secretos contra el director del CNI Félix Sanz Roldán y un periodista del diario El País. La Sala también impuso al excomisario el pago de las costas por mala fe procesal.
El exagente aseguraba que una fotografía publicada por El País, en la que también aparecía el comisario José Luis Olivera, ex director general del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado (Citco), estaba en poder del CNI, y por tanto de Félix Sanz Roldán. “El denunciante era, cuando se realizó esa fotografía un miembro activo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en una misión antiterrorista y [...] con la expresa autorización del secretario de Estado del Ministerio del Interior”, explicaba Villarejo.
Y por ello, Villarejo consideraba que el máximo jefe del espionaje español era responsable de un delito de colaboración con actividades y organizaciones terroristas al revelarse “la identidad operativa del denunciante en una operación antiterrorista de carácter yihadista".
23 escritos policiales
Pero, además, Villarejo incluía en su denuncia un listado de otros 23 "escritos policiales" realizados por él, “y que debido a ello, ha provocado la implacable persecución del director del CNI”, según sus conclusiones. El exagente aseguraba en la Audiencia Nacional que aportaría documentación de todo ello: "Si lo considera de interés, su señoría, para acreditar tales antecedentes, una vez admitida a trámite esta denuncia”.
En concreto, el agente jubilado especificaba que, además del mencionado del 'caso Nóos', también elaboró dosieres "sobre las sociedades que intervinieron en la contratación del accidentado Yak-42, así como su relación años antes con la compra de dos aviones para la CR", letras que podrían referirse a la Cruz Roja.
Villarejo especifica que también elaboró dosieres "sobre las sociedades que intervinieron en la contratación del accidentado Yak-42"
Villarejo incluye estos otros títulos de los informes de los que presuntamente disponía de documentación: "Prostíbulo chino cerca del Congreso para espiar a políticos clientes", "Extraña muerte de un magistrado incómodo por un raro infarto", "Entorpecimiento de investigación sobre IG (el expresidente madrileño Ignacio González), alegando que era un informador suyo", "Boicot a la investigación sobre los Pujol", "Uso de la Policía bajo control del CNI para labores políticas", "Emperador, uso de pruebas falsas para destituir al comisario de Barajas", "Pago ilegal a terroristas para liberar a secuestros nacionales", y "Pérdida de fondos reservados en pagos sin justificar".
Y también: "Uso de informes del Sepblac para chantajear a enemigos políticos", como el que acabó con Rodrigo Rato; "Maniobras de distracción como buscar a una supuesta hija ilegítima de A. Mas", "Vínculos de entidades bancarias españolas con cuenta de Pujol en Andorra”, “Amenazas de muerte a C., persona muy próxima a alta personalidad del E.", "Contratación de mercenarios para robar en Mónaco documentación de C.",y "Filtración de conversación del Ministro del Interior", Jorge Fernández Díaz (PP).
Represalias
"Maniobra de distracción con el ANDBank de Andorra", "Sociedades usadas por el letrado JDLV para mezclar comisiones con fondos", "Apropiación de fondos en Dakar y Burquina, entre otros", "Uso de falsa intérprete para sustraer documentación de la CGI (Comisaría General de Información)", "Siembra de datos falsos sobre terroristas inexistentes tanto en Mossos como en otras instituciones policiales para aparentar eficacia fingida”, Control de togas y uso de programas espía en organismos judiciales" y "Contaminación y compra de profesionales de medios de comunicación".
Por todo ello, Villarejo sostenía que "el cumplimiento estricto" de su deber le había llevado a "sufrir represalias por parte del director del CNI y de otros colaboradores afines suyos, incluidos policías”. En concreto, Villarejo relataba que se habían "fabricado" pruebas falsas para implicarle en los casos del 'Pequeño Nicolás', 'Emperador', 'Prima' y 'Pinto'.
