La trama 'Enredadera' es mucho más que semáforos, amaño de contratos relacionados con la seguridad vial o gestión de multas. Al menos así se desprende de las órdenes que tenían los investigadores el pasado miércoles cuando el Juzgado de Badalona autorizó a los agentes de la UDEF de la Policía Nacional a personarse en decenas de ayuntamientos de toda España. Tras casi dos años de pesquisas y horas de grabaciones telefónicas intervenidas a los implicados, buscaban expedientes relacionados con la causa sobre asuntos tan variados como grúas, bombas de riego, impresoras o walkie talkies, entre otros expedientes bajo el foco.
Uno de los registros más sonados fue el que tuvo lugar en el Ayuntamiento de Arroyomolinos (Madrid), gobernado por el alcalde de Ciudadanos, Carlos Ruipérez, uno de los detenidos. Según informan a Vozpópuli fuentes de la investigación, el Juzgado autorizó a los policías que registrasen el despacho del regidor así como el de los también investigados Juan José González Arroyo, primer teniente de alcalde de la localidad, y María José Ruiz, una trabajadora del consistorio. En sus dependencias buscaban un expediente del año 2016 sobre el servicio de retirada de vehículos de la vía pública y coches abandonados.
Un documento parecido buscaban en el Ayuntamiento de Montgat (Barcelona), también registrado el pasado miércoles. En concreto, los investigadores fueron a por un expediente sobre el servicio de grúa para la retirada de vehículos de la vía pública y su traslado al depósito municipal. También entraron en el Ayuntamiento de Alcobendas por unos expedientes de servicios de inmovilización y retirada de vehículos en vía pública y depósito municipal de esa localidad y la vecina de San Sebastián de los Reyes y de la gestión del servicio de estacionamiento regulado de Alcobendas (ORA).
Bombas de riego de jardines
En cambio, en el municipio leonés de San Andrés de Rabanedo -en el que hay hasta seis investigados- la UDEF y la Fiscalía Anticorrupción estaban interesados en un expediente tan multidisciplinar que incluye hasta las luces para las fiestas patronales o bombas de riego. El documento trata el mantenimiento y conservación de las instalaciones eléctricas en edificios e instalaciones municipales, instalación y mantenimiento de iluminaciones festivas, actos culturales, bombas de riego de jardines y red semafórica.
La Policía Nacional ha establecido un filtro en torno a todas las empresas que tiene bajo el foco de sus sospechas y que también van más allá de la filial de Sacyr, Aplicaciones Gespol. En la lista hay hasta once sociedades más: Bilbomática, sociedad escindida en su día de Gespol; Grupo Agema; Ingeniería y Servicios; Utebo, del empresario José Luis Ulibarri; Arco Capital Fund; Valoriza Servicios Medioambientales, administradora de Gespol y en la que la Policía entró a registrar el departamento de contabilidad y contratación; Anento; Enantar; Arcor; Aralia; VEICAR y Integración de Servicios Administrativos (IS).
Una PDA por 1.425 euros
Todos los acuerdos que los ayuntamientos alcanzasen con estas empresas a partir del año 2010 están siendo revisados con lupa, incluso los aparentemente secundarios como la compra de material para la Policía Local, otra de las patas de esta trama. En el Ayuntamiento de Premia de Mar (Barcelona), la Policía registró con el objeto de encontrar pruebas de la adquisición de 5 impresoras y una PDA para la policía. Otro expediente contiene evidencias de la adquisición por parte del consistorio de cuatro terminales PDA Dolphin por 1.425 euros la unidad y tres impresoras más para gestionar las infracciones de tráfico, según las mismas fuentes.
En el Ayuntamiento de Parla (Madrid) buscaban las evidencias de un contrato de suministro de 100 terminales portátiles de comunicación DMR (walkie talkies) en la Policía Local del municipio. En Mollet del Vallés (Barcelona) buscaban un expediente de videovigilancia de un aparcamiento, en Tiana (Barcelona) un expediente de alquiler de 12 terminales para alertas y telecomunicaciones relacionadas con el tráfico de Gespol y la adquisición de un todoterreno Seat Ateca 2.0 destinado al servicio de Policía Local. Por su parte, en el municipio madrileño de Hoyo de Manzanares, la UDEF fue al ayuntamiento a por un contrato sobre seguridad vial financiado por el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.
A los investigados en esta trama se les investiga por los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, revelación de secretos oficiales, malversación de caudales públicos,delito contra la Hacienda Pública y Blanqueo de Capitales.
