En el Reino Unido, el Brexit se caracteriza por las luchas internas en el seno del gobierno y entre los partidos. La política de inmigración, el sector servicios, la unión aduanera, la frontera con Irlanda e incluso qué hacer con los nuevos aranceles de Trump: todo está en la agenda, y cada tema es complejo, requiere de una solución a largo plazo y es difícil de resolver. Parece que nadie tiene un plan para solucionarlo todo. Quedan poco más de 12 meses para la gran salida. Las aerolíneas aún no saben lo que deberían hacer, pero necesitan aclarar si pueden vender billetes y programar vuelos a la Unión Europea en 2019. Tampoco hay normas establecidas sobre los vuelos entre el Reino Unido y EE UU para después del Brexit. Un documento europeo filtrado a The Guardian confirmó esta semana nuestras impresiones. "Si bien el discurso tenía mucho de aspiración, faltaban soluciones viables que respetarían los principios de los 27 países de la Unión Europea". La Primera Ministra británica, Theresa May, está más centrada en las disputas políticas nacionales que en las realidades del Brexit.
En España, la Embajada británica dijo en febrero que los expatriados están preocupados por los derechos y obligaciones en materia de Sanidad, las pensiones y la residencia. Hay unos 300.000 británicos apuntados al padrón, pero los ingleses compraron más de un millón de casas en España. La residencia, las casas y los negocios requieren papeleo y tiempo para rellenar todo antes de que lleguemos al plazo, porque luego vienen las multas; o peor. ¿Qué pasará con los seguros de viaje y los precios de los vuelos para los millones de ciudadanos británicos que visitan España cada año, y con las decenas de miles de empresas españolas que dependen de sus ingresos?
¿Qué pasará con las decenas de miles de empresas españolas que dependen de los ingresos de los millones de británicos que residen en España o visitan nuestro país?
De momento, sin embargo, no se ha anunciado qué papeleo será necesario, ni con qué fin preciso -que al final sean visados, tasas, pasaportes o permisos-, ni cuáles serán las vías administrativas específicas por las que residentes, expatriados, viajeros y visitantes podrán transitar. En algún momento en los próximos meses o años, vamos a tener que rellenar formularios y pagar tasas en alguna oficina para que pongan el sello post-Brexit para la casa, la empresa o la residencia. Pero los formularios requieren una gran precisión, y de momento estamos lejos de tal precisión.
Faltan 12 meses hasta el Brexit; la gente normal en el mundo real necesita saber ya los detalles aburridos del Brexit, las "soluciones viables" de las que habla la Unión Europea en su documento.
El País informó el miércoles de que el PP se ha interesado por el voto de los expatriados británicos en las costas españolas, de cara a las municipales de 2019. Es una excelente noticia. No son pocos votos 300.000, o un millón de, sobre todo cuando vemos los sondeos y lo poco que separa a los cuatro principales partidos. Los ingleses tendrán que expresar su intención de votar en diciembre, antes del Brexit, para poder votar en mayo. Ha sido el PP el que ha dado el pistoletazo de salida en este caso, pero podría haber sido cualquiera de los otros tres. Lo importante es que alguien con acceso al poder, o con ganas de gobernar, se ha dado cuenta de que los votos de centenares de miles de ciudadanos británicos podrían ser importantes para sus fines partidistas. Así aumentan las probabilidades de solucionar esa parte del problema. Y si España y el Reino Unido pueden llegar a un acuerdo bilateral sobre los derechos electorales, tal vez se abra un camino bilateral para otros aspectos importantes de la realidad del Brexit.
