"Cuando llegamos a Banco Popular nos encontramos las cañerías vacías". Con esta frase definió José Antonio Álvarez, consejero delegado de Santander, la situación en la que se encontraron la filial comprada por un euro. La crisis de la entidad no se fraguó en los últimos días de mayor, sino que se arrastraba desde casi comienzos de año. Tanto que el entonces presidente, Emilio Saracho, tuvo que ordenar cerrar el grifo del crédito en abril, dos meses antes de la caída de la entidad.
Así figura en una documentación interna del banco, en la que se pone de manifiesto alguna de las medidas que se tomaron para prevenir y paliar la fuga de depósitos. Entre las medidas que se tomaron en abril destaca "se traslada el objetivo de acompasar la salida de depósitos con reducción de crédito aunque sin provocar problemas en los clientes" y restringir "la nueva inversión a ICO y BEI".
Fruto de esta decisión, la cartera de créditos se contrajo en 6.000 millones en abril y mayo y otros 8.000 millones en junio, tras la resolución y venta a Santander, según datos de AEB. Aunque Popular se hubiera salvado, este drenaje crediticio le hubiera dejado en inferioridad de condiciones de cara al futuro.
El documento al que ha tenido acceso este medio refleja cómo la fuga de depósitos ya era una realidad en enero, con la guerra del consejo trasladándose a la opinión pública y generando desconfianza entre los clientes.
Fruto de esta inestabilidad, salieron 1.026 millones en enero y 1.542 millones en febrero. En marzo se pudo recuperar parte de esta fuga -1.763 millones- con una "mejora de las condiciones de los nuevos depósitos, ampliación de la gama de productos y nuevos objetivos para la red".
Sin embargo, en abril se descontroló la situación con fugas de 5.350 millones, tras la reexpresión de las cuentas, la primera intervención de Saracho, y el desplome de la cotización.
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En mayo siguió la situación con otra estampida de 5.255 millones, con dos grandes desencadenantes: la noticia de su venta exprés y una filtración dentro de la Junta Única de Resolución (JUR).
Este informe refleja que los primeros en salir en estampida de Banco Popular fueron las pymes y grandes empresas. Mientras, los que más aceleraron la fuga en los últimos días fueron los clientes particulares, los institucionales y, sobre todo, el sector público, que en los primeros días de junio retiró 1.151 millones.
Sociedades del sector público retiraron 1.151 millones en los días de mayor debilidad de Popular
Esta continua fuga dejó a Popular sin segunda línea de liquidez y sin Provisión de Liquidez de Emergencia (ELA, por sus siglas en inglés). Las previsiones apuntaban a fugas mayores en la segunda semana de junio, de hasta 8.000 millones.
La pregunta que tendrán que responder los responsables y reguladores es si esta crisis de confianza se podría haber evitado con medidas como la prohibición de las posiciones cortas o con una mayor línea de liquidez de emergencia.
