El Partido Popular y Ciudadanos no consiguieron frenar la proposición no de ley impulsada por los sindicatos para fijar una renta mínima de 426 euros para más de 2,4 millones de personas sin recursos. Y hoy sigue su andadura en el Congreso. Si finalmente sale adelante, puede suponer un coste anual de unos 15.000 millones, según dijo esta misma semana el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
Esto llevaría el déficit de las cuentas públicas de nuevo por encima del temido 3%, lo que situaría a España lejos del equilibrio presupuestario y una vez más bajo el punto de mira de las autoridades comunitarias. Pero ahí no acaban los problemas, el actual diseño de la renta mínima permite una pequeña trampa por la que 1,3 millones de personas pueden acabar accediendo a la prestación sin tener derecho a ella.
¿En qué consiste esa trampa? Uno de los requisitos para acceder a la renta mínima es haber estado apuntado al desempleo durante, al menos, 12 meses. También es necesario ser mayor de 18 años y menor de 65, residir legalmente en territorio español de forma ininterrumpida en los seis meses anteriores a la fecha de solicitud, carecer de recursos económicos y no reunir requisitos para cobrar prestaciones por desempleo.
Pero el principal problema está en el primer requisito. Al exigir solo estar doce meses apuntado en el desempleo, es posible que algunos inactivos decidan apuntarse en los registros del Ministerio durante esos doce meses sin cobrar ninguna prestación con el objetivo de acceder a la renta mínima.
La situación podría elevar el coste de la medida a 17.000 millones, lo que supondría un verdadero problema para las cuentas públicas
La población inactiva está formada por las personas que, en edad de trabajar, no pueden o no quieren hacerlo. Y el problema para la renta mínima estaría, sobre todo, en la gente que no quiere trabajar, que son los que podrían utilizar esta treta legal para acceder a la renta.
Actualmente hay en España cerca de 1,3 millones de personas inactivas, lo que supone un importante riesgo para la viabilidad de la medida. Por ejemplo, el coste de la medida podría elevarse a 17.000 millones si los activos decidieran aprovecharse de la solidaridad del Estado, según calcula Fedea.
Hay que ser más exigente
Por eso y porque el derecho a la prestación subsistirá mientras se mantengan las condiciones que dan acceso a la misma, los expertos piden más exigencia a la hora de conceder la prestación. Creen que se podría limitar a parados de larga duración, exigir estar más tiempo en el desempleo o haber ocupado un puesto de trabajo en cierto umbral temporal y quitar la prestación a las personas que rechacen ofertas de empleo.
En cualquier caso, la renta mínima aún no se ha aprobado, el Congreso ha dado luz verde a la Iniciativa Legislativa Popular, no a la ley. Queda por delante todo el trámite parlamentario, que llevará el texto a las dos Cámaras, así que pueder tardar bastante en salir adelante. Y para que se apruebe, todos los grupos menos PP y Ciudadanos deberán respaldarla, algo que, de momento, no está tan claro.
