Reino Unido pretende mantener una relación jurídica con la Unión Europea que facilite las relaciones comerciales y empresariales, que no perjudique las vinculaciones familiares, pero fuera del paraguas del Tribunal de Justicia de la UE (el mismo que a finales del pasado año dio un vuelco al tratamiento jurídico en España de las conocidas como cláusulas suelo).
El departamento del Gobierno de Reino Unido para la salida de la UE publicó el martes un documento sobre las intenciones del país a cerca de la futura relación jurídica una vez que el Brexit sea una realidad. Se trata del primer documento publicado sobre esta materia, en respuesta a una primera consideración al respecto publicada por la Comisión Europea el pasado día 12 de julio.
Aunque el documento rezuma buenas intenciones sobre las futuras relaciones jurídicas entre Reino Unido y la UE, es claro sobre la determinación del país de abandonar las imposiciones legales del TJUE, con sede en Luxemburgo. Esta posición ya fue defendida con rotundidad por la primera ministra Theresa May en enero.
Reino Unido propone que la normativa europea siga aplicándose a los procesos iniciados antes de la fecha de salida efectiva de la UE
La firmeza con la que el documento británico defiende el fin de la sumisión jurídica al TJUE contradice el deseo expresado el pasado mes de febrero por Guy Verhofstadt, responsable del Parlamento Europeo para las negociaciones entre Londres y Bruselas. En una entrevista publicada por el diario británico The Guardian, Verhofstadt declaró que Reino Unido podría seguir sometido al TJUE durante años tras el Brexit. El exprimer ministro belga manifestó que el "punto de partida" desde el lado europeo era que así fuera.
"El compromiso de Reino Unido con el imperio de la ley ha sido construido durante siglos, y ha mostrado la eficacia de contar con tribunales independientes", dice el documento publicado por Reino Unido. "Cuando Reino Unido abandone la UE, los tratados europeos dejarán de aplicarse en Reino Unido", continúa. "El abandono de la UE pondrá fin a la jurisdicción directa del TJUE en Reino Unido", afirma.
De esta forma, cuando el Brexit sea una realidad, Reino Unido no tendrá por qué asumir las sentencias, apelables, del tribunal europeo que sí acata el resto de los países de la UE. Una de las últimas imposiciones legales del TJUE sobre la legislación británica fue la sentencia del tribunal europeo del pasado mes de diciembre que declaró ilegal la ley de vigilancia electrónica de Reino Unido. La ley de cibervigilancia fue impulsada por Theresa May siendo ministra de Interior. La norma levantó gran polémica porque obligaba a los proveedores digitales a almacenar datos de navegación de los internautas británicos durante un año.
El documento publicado este martes, de 13 páginas, añade en ese mismo punto en el que alude al TJUE que el término de esa vinculación "no debilitará los derechos de las personas, ni cuestionará el compromiso del Reino Unido de cumplir con sus obligaciones en virtud de acuerdos internacionales".
Reino Unido subraya que deben acordarse principios "de alto nivel", en el caso de que no se alcance un acuerdo global sobre la nueva relación jurídica, que aporten seguridad legal, "de forma que ciudadanos, consumidores, familias y empresas involucradas en una disputa legal cuenten con una previsible y clara normativa". El país propone que la normativa europea siga aplicándose a los procesos iniciados que afecten a personas o sociedades británicas antes de la fecha de salida efectiva.
