El expresidente de la Región de Murcia Pedro Antonio Sánchez (PP), imputado en los casos Auditorio y Púnica, se ha apuntado a las críticas a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En un escrito dirigido al instructor de la Púnica en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM), Enrique Quiñonero, el diputado del PP en la Asamblea de la Región de Murcia reprocha al magistrado que en el auto en el que vio delitos para acusarle asumiera "sin discusión" los informes de los agentes de la UCO.
Y sin embargo, Sánchez lamenta que Quiñonero no haya hecho alusión en su resolución al escrito firmado por la teniente fiscal de Anticorrupción, Belén Suárez, en el que aseguraba que Sánchez no había cometido el delito de fraude, según el recurso de apelación al que ha tenido acceso Vozpópuli.
"No se tiene en cuenta ni el informe del Ministerio Fiscal, ni las declaraciones de Pedro Antonio Sánchez, de David Conesa [asesor de comunicación]; ni la documentación presentada por éste", destaca el escrito del expresidente, que tras el auto del magistrado Enrique Quiñonero está a un paso del banquillo de los acusados por contratar presuntamente al informático de la Púnica Alejandro de Pedro con dinero de los cursos de formación de parados de la Consejería de Educación, entonces encabezada por el propio Pedro Antonio Sánchez, que antes había sido alcalde de Puerto Lumbreras.
"El auto no menciona, ni siquiera para mostrar su desacuerdo con el informe del Ministerio Fiscal de 13 de febrero de 2017, que concluye que no procedería ni siquiera elevar exposición razonada contra Pedro Antonio Sánchez", explica el documento de 14 de junio firmado por el letrado Francisco Martínez-Escribano.
Precisamente la existencia del escrito de Belén Suárez marcó el inicio de las críticas a la gestión del ministro de Justicia, Rafael Catalá, y del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, que desautorizó a las fiscales del caso Púnica, Teresa Gálvez y Carmen García. Además, el propio Pedro Antonio Sánchez adelantó en una entrevista realizada en la Cadena Cope, en la que anunció que el rechazo a acusarle contaba con el apoyo de cuatro fiscales de Sala del Tribunal Supremo.
No había presupuesto
Pero el escrito de Sánchez de 14 de junio también echa en falta en el magistrado Quiñonero aludiera en su auto "los razonamientos que demostraban, sin ningún género de dudas, la imposibilidad material de la concertación al acreditar que no existía solicitud de actuación o trámite para inicio de expediente de contratación administrativa, directa o indirectamente con las personas de este procedimiento, ni tampoco partida presupuestaria de formación en los presupuestos de la Consejería de Educación", especifica el recurso de apelación del expresidente murciano.
Los trabajos realizados por los agentes de la UCO, en los que se han apoyado tanto el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, como las fiscales Teresa Gálvez y Carmen García, para acusar al expresidente murciano de los delitos de fraude, cohecho y revelación de información prohibida a funcionario, también han sido criticados por el ex secretario general del PP, considerado el cabecilla de la trama Púnica, Francisco Granados; por la exconsejera de Educación madrileña Lucía Figar; y también por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.
La UCO de la Guardia Civil confirmó la existencia de "indicios suficientes" para afirmar que Sánchez, y la exregidora de Cartagena y senadora Pilar Barreiro (PP), "se concertaron" con la trama para cometer un fraude "a través de la contratación pública de la Consejería de Educación y costear los trabajos reputacionales de su titular y de la alcaldesa de Cartagena".
El expresidente murciano tuvo una reunión en Madrid con José Antonio Alonso Conesa, uno de los cabecillas de la Púnica"
El expresidente murciano mantuvo una reunión en el Hotel de las Letras, en la Gran Vía de Madrid, con uno de los cabecillas de la Púnica, el también exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso Conesa (PSOE), en la que también participaron Pilar Barreiro y el informático Alejandro de Pedro.
Fuentes del caso aseguran a Vozpópuli que gracias a la investigación realizada por la UCO y la Fiscalía se tuvo conocimiento de que el papel desempeñado en la Púnica por Alonso Conesa, que también fue diputado del PSOE en el Congreso, era muy superior al conocido hasta el momento.
Según la UCO, David Conesa Ferrer, un asesor de Pedro Antonio Sánchez, entonces consejero de Educación murciano, emplazó a De Pedro a viajar a Murcia y presentar una propuesta para mejorar su posicionamiento en internet.
En este sentido, en el sumario del caso consta un documento interceptado a Alejando de Pedro encabezado con el título "informe preventa" en el que se especifica que el cliente era "Pedro Antonio Sánchez, consejero de Educación de Murcia". La fecha de visita, siempre según el sumario, fue el 11 de junio de 2014.
Sufragado por Murcia
La Guardia Civil sostiene que este contrato iba a ser sufragado por el Gobierno de Murcia, y no por el Partido Popular. Pero, además, los agentes sostienen que la intención de Alonso Conesa, era utilizar el dinero público para llevar a cabo la mejora de la imagen de Barreiro, con la que mantiene una relación de amistad.
Este viernes, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, defendió a la UCO de la Guardia Civil tras el ataque del exconsejero madrileño Francisco Granados en el que desacreditaba los informes de la Guardia Civil: "Esas son las expresiones de un señor que ha salido de la cárcel. Mientras no se demuestre lo contrario, yo estoy con los informes de la UCO, como con los de la UDEF", dijo tajante el titular de Interior.
