Todos sabemos que la recaudación no va bien. Y no lo hace desde hace unos cuantos meses. Tanto es así que el Gobierno aprobó a finales de septiembre cambios en el Impuesto de Sociedades para recaudar ‘in extremis’ entre 8.000 y 9.000 millones y salvar el déficit. Aunque los cambios parecen estar funcionando, no serán suficientes para salvar los ingresos totales del Estado, que caerán en 6.000 millones respecto a lo que se presupuestó en su momento por culpa de la reforma fiscal, que va a generar un agujero en las cuentas públicas mayor al previsto.
Pongámonos en situación. El Gobierno impulsó una reforma fiscal en la segunda parte de la pasada legislatura para devolver a los ciudadanos parte de los esfuerzos realizados durante la crisis. La reforma consistía en una rebaja de los tipos de IRPF y del Impuesto de Sociedades, con un coste inicial de 7.300 millones para las arcas públicas. Además, se acompañó de otra medida que afectó mucho al impuesto que pagan las empresas: la supresión del mínimo obligatorio en los pagos fraccionados del tributo.
Las empresas pagan este impuesto en tres veces: abril, octubre y diciembre. Hasta 2015, había un mínimo obligatorio en cada uno de esos tres pagos. Pero el Gobierno decidió eliminarlo en 2016 para dar más liquidez a las empresas, lo que provocó un auténtico agujero en la recaudación del impuesto. Por eso, en septiembre de este año y pese a estar en funciones, el Ejecutivo decidió recuperar ese mínimo obligatorio e incluso situarlo en un nivel más elevado para cuadrar las cuentas. En concreto, fijó un tipo del 23% para recaudar unos 8.300 millones.
Montoro dijo que la reforma costaría 9.000 millones, pero todo apunta a que la factura será mayor
Lo cierto es que la medida está funcionando y, previsiblemente, aportará algo más de lo previsto en un principio a las arcas del Estado. De hecho, permitirá cumplir con el objetivo de déficit del 4,6%, pero no hará que que los ingresos totales lleguen al objetivo fijado en el Presupuesto: 193.520 millones. De hecho, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que se quedarán 6.000 millones por debajo de esa cifra.
¿Por qué no va a ser suficiente? Parece que la reforma fiscal va a salir más cara de lo previsto. El Gobierno presentó la reforma cifrando su coste total en 7.300 millones en dos años: 5.000 millones por la rebaja del IRPF y algo menos de 2.300 millones por Sociedades. Antes de que entrara en vigor, el equipo de Cristóbal Montoro elevó esta cifra a 9.000 millones. Y todo apunta a que la realidad finalmente superará las previsiones.
De hecho, en el informe anual de recaudación 2015 de la Agencia Tributaria se cifró en casi 8.000 millones el impacto que generó la reforma en la imposición directa solo en 2015. Hay que tener en cuenta que la reforma estaba inicialmente prevista para entrar en dos fases: la primera el 1 de enero de 2015 y la segunda el 1 de enero de 2016. Finalmente, Montoro adelantó la segunda fase de la bajada del IRPF a julio de 2015, por eso el impacto en ese año fue bastante mayor.
Un roto de casi 5.000 millones entre enero y septiembre de 2016
Y en 2016 también ha seguido pasando factura a la recaudación. Según el informe de la Agencia correspondiente al mes de septiembre, el impacto de la reforma hasta ese mes rozó los 5.000 millones. En octubre se empezó a aplicar ya el nuevo mínimo obligatorio en el pago de Sociedades, lo que está mejorando considerablemente la situación, pero no lo suficiente.
En cualquier caso, la caída de la recaudación en 6.000 millones respecto a lo presupuestado no impedirá al Gobierno cumplir el objetivo de déficit del 4,6% al final de año. Al menos así lo estima la AIReF. Y es que el Ejecutivo, al ver la pésima evolución de los ingresos, decidió actuar también por la vía del gasto con un acuerdo de no disponibilidad por valor de 2.000 millones y con el adelanto del cierre presupuestario a julio, aunque, teniendo en cuenta las partidas que se están aprobando en los Consejos de Ministros, habrá que ver si estas medidas consiguen el efecto deseado.
Pase lo que pase, lo cierto es que hoy en día nadie discute ya que el objetivo del 4,6% es posible. Incluso Bruselas lo admite. Y también empieza a haber bastante consenso sobre la posibilidad de que España consiga cumplir también en 2017 con el 3,1% después del ajuste de 8.000 millones que aprobó la semana pasada, que incluye una subida fiscal de 5.000 millones, un impulso a la lucha contra el fraude por valor de 2.000 millones y medidas de contención de gasto de otros 1.000 millones. Este lunes, Bruselas ya anticipó que las medidas van por buen camino. Eso sí, quiere esperar a conocer el detalle de cada cifra.
