La evaluación final de ESO será muestral, es decir no tendrán que hacerla todos los alumnos, y las comunidades elegirán los centros donde se realiza, mientras que la de Bachillerato, que servirá para acceder a la Universidad, será sobre las asignaturas troncales y de opción de segundo curso. Son algunos de los puntos del borrador de proyecto de real decreto-ley para reformar la Lomce que el Ministerio de Educación ha enviado a los negociadores del Partido Socialista. La norma de medidas urgentes para la "ampliación" del calendario de implantación de la Lomce servirá para que esas pruebas carezcan de efectos académicos transitoriamente, por un tiempo "prudencial y suficiente" hasta alcanzar un pacto nacional educativo, han indicado a Efe fuentes ministeriales. Educación quiere acordar ese plazo con las comunidades autónomas en la conferencia sectorial del 28 de noviembre, han añadido.
Según la Lomce, ahora en vigor, las evaluaciones finales comienzan a aplicarse este curso (2016-2017), pero no contarán hasta el próximo (2017-2018) para obtener los títulos de ESO y Bachillerato. Según el borrador, la de ESO seguirá siendo obligatoria para las comunidades, aunque solo la harán parte de los alumnos, y versará sobre las asignaturas troncales y de opción del último curso (cuarto). La de Bachillerato será lo más parecida posible a la anterior Selectividad, servirá para acceder a la Universidad y examinará sobre las troncales generales y de opción de segundo curso, según ha adelantado Onda Cero. El Ministerio sigue comprometido a que no se publique ninguna clasificación de centros por los resultados de los alumnos en esas evaluaciones, según las fuentes citadas. Para los alumnos de FP básica se prevé que, durante el periodo transitorio, podrán obtener el título de ESO siempre que el equipo docente considere que han alcanzado los objetivos de la etapa y adquirido las competencias correspondientes.
Es decir, no tendrían que realizar la evaluación final de Secundaria Obligatoria para conseguir el título. El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, anunció el martes pasado que propondría a las comunidades un proyecto de decreto-ley para dejar sin efectos académicos las evaluaciones finales de manera inmediata hasta que se consiga un pacto educativo. Una vez aprobado, deberá ser convalidado por el Congreso.
Un gesto del Ejecutivo
En declaraciones a Europa Press, el presidente de CEAPA, José Luis Pazos, ha afirmado que estas modificaciones en un borrador de decreto ley son un "gesto" del Ejecutivo, aunque lo pone todavía "en cuarentena". A su juicio, responde a la movilización de la mayor parte de la comunidad educativa, que se ha manifestado desde 2012 en contra de estas pruebas, la última, el 26 de octubre con una huelga convocada por CEAPA y el Sindicato de Estudiantes.
Para el presidente de CONCAPA, Pedro Caballero, que dice no haber visto aún "la letra pequeña", la medida anunciada por Educación es "una posibilidad de desencajar este problema y dar salida a poder llegar a un verdadero Pacto Educativo". "No podría ser lo que pasaba hasta ahora con la incertidumbre", ha subrayado, para después hacer una valoración positiva de este "primer paso".
En el caso del Sindicato de Estudiantes (SE), su secretaria general Ana García ha atribuido la decisión del Ejecutivo a "la presión que ha habido en la calle" y ha recordado que su objetivo es que las 'reválidas' "no existan nunca, ni censales de ni de ninguna otra forma", por lo que ha anunciado que se mantiene la huelga del próximo jueves 24 de octubre. "No nos fiamos un pelo de este Gobierno que miente constantemente", ha declarado García, para después agregar que "si esto se confirma, es un alivio para los alumnos de Bachillerato".
