Velasco también acuerda continuar el procedimiento contra el ex interventor de la Diputación, Manuel Jesús López Sánchez, el exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso Consea, y a las empresas Eico Online, S.L. y Madiva Ediorial y Publicidad.

En un auto con fecha de este miércoles, el juez explica que las empresas de De Pedro llevaban años realizando trabajos de reputación en internet para autoridades y cargos electos, a cambio de beneficios personales.

Asimismo, cuantifica en 90.000 euros los fondos públicos que recibieron estas sociedades de forma irregular por los servicios de reputación online prestados y señala que realizaba los trabajos para los fines personales del expresidente de la Diputación, "alejados del bien común, con el correlativo perjuicio para las arcas públicas".

Según dice el juez, se instrumentalizó "una secuencia continuada de resoluciones ejecutivas, decisorias y arbitrarias" por las que entre enero de 2012 y septiembre de 2014 se aprobó un gasto "indebido", sin que se formalizase ni aprobase ningún contrato o procedimiento negociado "fraccionando con intención, un gasto irregular durante meses".

Velasco afirma que Marco Martínez puso en manos de De Pedro y de Alonso Conesa su reputación para conseguir consolidarse como presidente de la Diputación de León y que, para ello, el empresario creaba noticias favorables al político a través de sus diarios digitales.

De Pedro se "prestaba a trasladar a personas notorias e influyentes" del PP, como el ex vicesecretario de Organización del partido y diputado Carlos Floriano, la secretaria general María Dolores de Cospedal, la exalcaldesa de Cartagena y senadora Pilar Barreiro, dice el auto, dichas informaciones beneficiosas a Marcos Martínez.

Además, el magistrado apunta que el expresidente de la Diputación "confió en la trama investigada" la supervisión de sus discursos y el diseño de un plan de medios de comunicación, incluso disponiendo de un gabinete de prensa, creando, así, una duplicidad que sólo beneficiaba a Marcos Martínez.

En cuanto, a la adjudicación de la estación de esquí de San Isidro, el magistrado asegura que el expresidente de la Diputación y el interventor Manuel Jesús López Sánchez -- a quienes s se les intervino el teléfono-- tenían "intereses personales" para beneficiar a las empresas de De Pedro.

Velasco apunta que después de analizar todas las diligencias practicadas, interrogatorios a los investigados y testigos, así como las interceptaciones telecomunicativas, existen indicios racionales de que estas cinco personas pudieron cometer delitos de fraude, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, cohecho, revelación de información reservada, prevaricación continuada y malversación de caudales públicos continuada.

Fraude por la estación de esquí

En concreto, por la adjudicación de la estación de San Isidro, el juez acusa de a los cinco investigados de los delitos de fraude por la concertación privilegiada ante otras posibles ofertas.

Cree que Marcos Martínez incurrió también en los delitos de tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionario públicos porque "presionó" a empleados públicos de la Diputación abusando de su cargo para "encontrar la forma de poder llevar a cabo" el proyecto de la estación. Y, dice que "aprovechó su intervención" en los contratos de San Isidro a través de una empresa de licitantes.

En el delito de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos incluye a López Sánchez por no abstenerse y participar "pro activamente" en el amañe de la contratación pública de la estación, con el objetivo de favorecer su intereses particulares derivados del hecho de poseer 13 apartamentos en dicho lugar.

Otros delitos por trabajos de reputación

En cuanto a los trabajos de reputación, todos los investigados son acusados de prevaricación continuada y de malversación de caudales públicos continuada por distraer dinero público para fines particulares de asesoramiento e influencia política. Asimismo, cuatro de ellos --todos salvo el interventor-- están investigados por un delito de cohecho.

El expresidente, además, es acusado de revelación información reservada por filtrar a personas no funcionarios información y documentación interna. Se trata del empresario y el exalcalde Cartagena, que se les imputa aprovechamiento de información reservada al recibir y usar dichos documentos sin ser personas no funcionarias.

El magistrado de la Audiencia Nacional ha ordenado que se de traslado de esta pieza al Ministerio Público y a la acusación popular personada para que en 10 días formulen un escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa. También recuerda que cabe recurso de reforma contra esta resolución, que debe interponerse en el plazo de tres días.

La 'operación Púnica' estalló en octubre de 2014 y, desde entonces, más de un centenar de personas se encuentran imputadas por participar en presuntos contratos fraudulentos en materia de urbanismo y obras públicas, eficiencia energética y reputación 'on line' suscritos en tres comunidades autónomas (Madrid, Valencia y Murcia), la Diputación de León y una decena de ayuntamientos madrileños.

El sumario de la 'Púnica' consta de 14 piezas. La primera de ella, denominada 'pieza I Talamino', concluyó el pasado mes de julio y se decretó juicio oral para juzgar al ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados y a dos guardias civiles que supuestamente le 'chivaron' que la Unidad Central Operativa (UCO) estaba investigando a su amigo, el empresario David Marjaliza.