Oxígeno para la operación Chamartín. El Ministerio de Fomento y Distrito Castellana Norte (DCN, la promotora del desarrollo urbanístico, participada mayoritariamente por BBVA) trabajan para prorrogar el contrato de cesión de los terrenos donde estaba previsto que se construyera el nuevo barrio. Este contrato contempla su extinción el próximo 31 de diciembre si para esta fecha no estaba aprobada la modificación del plan urbanístico que permite el inicio de la obras, una circunstancia que se dará toda vez que el Ayuntamiento de Madrid la tumbó definitivamente el pasado mayo. Sin embargo, tanto la promotora como el Ministerio han decidido darse algo más de tiempo para intentar darle la vuelta a la situación.
El acuerdo en el que se está trabajando en estos momentos se culminará a buen seguro cuando se conforme el nuevo Gobierno de la nación y, por lo tanto, el Ministerio de Fomento tenga un titular en firme (y no en funciones, como desde finales del pasado diciembre). No obstante, fuentes conocedoras de la situación apuntan que aún quedan detalles por negociar; entre ellos, si la prórroga incluirá una nueva fecha límite o bien quedará abierta en función de los hitos futuros de la operación.
DCN siempre ha sostenido su voluntad de negociar con la corporación municipal encabezada por la alcaldesa, Manuela Carmena (opuesta desde el principio a la operación) detalles del desarrollo pero con dos puntos intocables: la rentabilidad de la operación para los socios de DCN (BBVA y Grupo San José), que prevén invertir más de 6.000 millones de euros, y el límite del 31 de diciembre para la aprobación de los trámites urbanísticos.
No obstante, dos han sido los motivos que han llevado a DCN a replantearse esta segunda línea roja. En primer lugar, precisamente la parálisis de la Administración central durante los últimos 10 meses como consecuencia de la ausencia de un Ejecutivo en firme. La implicación del Gobierno en el desarrollo es total, toda vez que más del 60% de los terrenos contemplados para levantar el nuevo barrio pertenecen a Renfe y Adif.
La particular situación política en España, inédita en la historia de la actual democracia, no estaba precisamente prevista cuando se firmó el contrato de cesión de estos terrenos.
La insistencia de los vecinos
La segunda razón para que ambas partes negocien la prórroga es la insistencia de múltiples asociaciones vecinales y de pequeños comerciantes de la zona para que la operación siga adelante. En una reciente entrevista concedida al periódico Expansión, Antonio Béjar, presidente de DCN, aseguraba que los vecinos les habían pedido que no abandonaran el proyecto tras la fecha límite del 31 de diciembre.
Estas asociaciones manifestaron a la promotora, en el último encuentro que mantuvieron hace unos días, su intención de solicitar formalmente al Ministerio de Fomento idéntica petición. Según ha podido saber Vozpópuli, los representantes vecinales pedirán incluso una entrevista con Rafael Catalá, ministro en funciones, para trasladarle personalmente la petición.
Las partes guardan un prudente silencio sobre las negociaciones y se remiten al actual contrato, vigente hasta el último día del año.
Un proyecto clave para Fomento
La voluntad de DCN para seguir adelante con la operación pese a que la tramitación de la reforma del plan urbanístico que la hacía posible concluyó en el Ayuntamiento de Madrid sin resultado positivo ha sido la pieza fundamental para darle una nueva oportunidad, toda vez que por parte de Fomento no hay dudas. El considerado como el desarrollo urbanístico más ambicioso de Europa reportaría a las necesitadas arcas de Renfe y Adif unos ingresos superiores a los 1.200 millones de euros por los terrenos.
Además, supondría una pieza clave para el proyecto de convertir la estación de Chamartín, epicentro de la operación, en un hub para la alta velocidad ferroviaria y sus conexiones con el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
Más complicada era la postura del inversor, que había decidido marcar una fecha límite porque no estaba dispuesto a mantener parado un dinero que podría haber destinado a otros objetivos.
A medida que esa fecha se ha acercado, DCN ha insistido en que nada se podría hacer para intentar seguir adelante con la operación si no había un Gobierno en firme. Porque el primer paso tendría que ser prorrogar el contrato de los terrenos, una decisión cuya importancia hace recomendable que se lleve a cabo con un Ministerio de Fomento que no esté en situación de en funciones.
La prórroga del contrato no significa que la operación Chamartín avance. Es más, desde el punto de vista administrativo está enterrada desde el pasado mes de mayo y sin el visto bueno del Ayuntamiento de Madrid así permanecerá. En el tiempo que pretenden ganar DCN y Fomento debe darse un cambio de actitud en la corporación municipal (lo que parece muy complicado) o bien un vuelco político en el Consistorio.
