El Ministerio que dirige Cristóbal Montoro tiene ya todo preparado para ampliar las inspecciones fiscales a los 30.000 contribuyentes que entre el 4 de junio y el 30 de noviembre de 2012 se acogieron a la declaración tributaria especial (DTE), investigando todos los patrimonios que tienen en el extranjero. Las actuaciones incluirán la comprobación de las tributaciones realizadas por estos contribuyentes a partir de las rentas obtenidas por los bienes y derechos que tienen fuera de España para exigirles el pago de los impuestos correspondientes. En este caso, se imputarán al último ejercicio no prescrito todas las rentas que no hayan declarado, incluso en el supuesto de que hayan sido regularizadas a través de la DTE.
Para que no caduquen las obligaciones tributarias se imputarán al último ejercicio no prescrito las rentas no declaradas
En el Gobierno se subraya que los contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal “no pueden sentirse a salvo” a partir del 30 de noviembre, fecha en la que presumiblemente podrían pensar que prescriben sus obligaciones al haber transcurrido cuatro años desde su declaración. De hecho, cuando la Agencia Tributaria puso en marcha el modelo 720 que obliga a informar sobre los derechos y bienes en el extranjero, quedó claro que todas las rentas procedentes de estos derechos no declarados, cualquier que sea el año, serían imputadas al último ejercicio no prescrito como principio básico para luchar contra el fraude fiscal.
Hasta ahora, la Agencia Tributaria ha realizado más de 8.800 inspecciones sobre contribuyentes que presentaron el Modelo 720. La deuda con Hacienda descubierta suma casi 1.100 millones de euros, de los que 840 ya se han liquidado. Al mismo tiempo, se tiene bajo lupa a 7.000 contribuyentes que no declararon bienes en el extranjero pese a que debían hacerlo y ya hay más de un millar de actuaciones en marcha, 436 de las cuales han concluido con actas o expedientes sancionadores.
Obligaciones pendientes en el IRPF y Patrimonio
Durante el tiempo que lleva en vigor el modelo, desde el año 2013, los españoles han declarado por primera vez activos en el exterior por un valor superior a los 140.000 millones de euros. A día de hoy, después de aplicar las cancelaciones o modificaciones sobre las que informan los contribuyentes, el saldo neto de los activos declarados fuera asciende a algo más de 97.700 millones. Estos ciudadanos, a su vez, tienen que declarar las rentas que les generan estos activos en el Impuesto sobre el Patrimonio y en el Impuesto sobre la Renta.
Gracias a la declaración especial de 2012 se han aflorado 40.000 millones de euros
En el acuerdo firmado por el PP con Ciudadanos antes de la fallida investidura de Mariano Rajoy, el equipo de Albert Rivera impuso la condición de revisar la amnistía fiscal de 2012 para que paguen más los defraudadores que se acogieron a ella. Cuando se aprobó la DTE, Hacienda decidió cobrar el 10% por todo el dinero declarado perteneciente a ejercicios impositivos no prescritos. Pero entre las rentas y patrimonio regularizado por casi 30.000 contribuyentes, por un importe total de 40.000 millones de euros, una parte relevante provenía de años ya prescritos sobre los que no actuaba el gravamen. En opinión del Gobierno, hubiera sido absurdo pretender cobrar ese 10% a través de la DTE a esos fondos procedentes de ejercicios ya prescritos cuando éstos podían regularizarse de forma ordinaria sin que legalmente se pudiera gravar nada por ello. Seguramente, lo que se hubiera conseguido es que el patrimonio aflorado habría sido mucho menor, argumentan fuentes de la Agencia Tributaria.
