La alarmante situación económica de Unió ha terminado con el partido "en situación legal de concurso". La formación, que presentó la solicitud de concurso voluntario de acreedores el pasado 1 de septiembre, había reconocido hasta ahora una deuda de cerca de 19 millones de euros, con La Caixa como principal acreedor, pero en el auto se estima que el pasivo del partido asciende a cerca de 22,5 millones de euros.
El auto, dictado el 13 de septiembre por el juzgado mercantil 4 de Barcelona estima que el inventario de sus bienes y derechos suma 5,8 millones de euros, mientras que su pasivo total es de 22,4 millones de euros y declara que Unió se encuentra ya "en situación legal de concurso", después del fracaso de las negociaciones que los democristianos mantuvieron hasta finales de julio con las entidades bancarias a fin de alcanzar un acuerdo que evitara este desenlace.
El partido, que tiene en venta su sede en Barcelona, entró en una delicada situación económica cuando se rompió CiU, la federación que formaba con CDC, y en las elecciones autonómicas y generales de 2015 se quedó sin representación tanto en el Parlament como en el Congreso. Esta situación económica también le llevó a no presentarse a las elecciones generales del pasado junio, aunque el partido y su actual líder, Ramon Espadaler, mantiene la determinación de presentarse a los próximos comicios catalanes y municipales.
Ahora deberá trasladar ahora una propuesta de convenio a sus acreedores. Si de estas nuevas negociaciones con la banca Unió no consigue arrancar un acuerdo para la devolución de al menos una parte de la deuda en un periodo de tiempo determinado -y con una quita que la exima de tener que pagar una porción significativa del dinero que debe-, el proceso podría terminar en la liquidación del partido.
La delicada situación del partido se debe en buena medida a la pérdida de representación parlamentaria en el Congreso y Parlament
Actualmente, tal y como se recoge en el auto, Unió tiene una plantilla de 16 trabajadores en Barcelona, dos en Lleida y uno en Tarragona, después de que en julio de este año tuviera que hacer un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que afectó a la sede central de partido y a sus secciones intercomarcales. En el escrito justifica los resultados negativos de los últimos ejercicios por la pérdida de representación parlamentaria "debido al muy reducido número de votos obtenidos en las elecciones catalanas y generales de 2015, así como la drástica bajada de los ingresos del partido".
El juez ha nombrado a la consultora Deloitte Abogados como administración concursal, autorizada a partir de ahora a acceder a las instalaciones de Unió, revisar sus libros y contabilidad y recabar todos aquellos documentos o informaciones que considere necesarias para gestionar las cuentas del partido.
Como consecuencia de esta situación económica, Espadaler anunció el viernes que el partido democristiano aplazaba el proceso congresual que tenía previsto celebrar el sábado 1 de octubre. En una carta a la militancia tras un Consell Nacional celebrado el jueves, aseguró que la formación tiene "voluntad y necesidad de continuidad", tras garantizar que el comité de gobierno de Unió mantiene intacta su competencia ejecutiva y de dirección política.
Además, remarcó que la propuesta de Unió tiene más vigencia que nunca ante la "incierta" hoja de ruta del Govern y la pasividad del Gobierno central.
