El magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha dictado un auto donde delimita el alcance de la trama Púnica en León -la denominada pieza separada 2- ya que tiene el objetivo de finalizar con la instrucción de esta pieza separada antes de que acabe el presente año, tal y como publicó Vozpópuli. En la resolución, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia acuerda la formación de la pieza 2 de la operación Púnica relativa a las supuestas irregularidades en León y dirige el procedimiento contra, entre otros, el expresidente de la Diputación Marcos Martínez Barazón por delitos fraude, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, cohecho, revelación de información reservada y malversación de caudales públicos.
En el auto, el juez adelanta contra qué personas se sigue este procedimiento y por qué delitos. En concreto, la causa se sigue contra Martínez Barazón (fraude, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, revelación de información privilegiada y malversación de caudales públicos); contra el ex coordinador de la Diputación de León y alcalde de Puebla de Lillo, Pedro Vicente Sánchez García (por delitos de fraude, cohecho y malversación); contra el interventor de la mencionada institución, Manuel Jesús López Sánchez (acusado de fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios); contra los empresarios Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa (investigado por los delitos de fraude, cohecho, malversación y aprovechamiento de información reservada); así como contra las empresas de reputación en internet Eico On Line SL y Madiva Editorial y Publicidad SL (a las que se le atribuye un delito de cohecho).
El instructor Eloy Velasco acordó en septiembre del pasado año la formación de doce pieza separadas, posteriormente ampliadas a 14, para una mayor agilidad en la tramitación y enjuiciamiento de estos hechos. Ahora, en un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 conforma la segunda de esas piezas -la primera fue la relativa al chivatazo que un guardia civil dio a Francisco Granados antes de que estalle la operación Púnica- con toda la documentación referente a esos hechos y delimita las personas contra las que se dirige el procedimiento.
En su resolución, el magistrado apunta que la investigación ha revelado que las empresas Eico y Madiva prestaban durante 2014 y años anteriores trabajos de reputación en internet para autoridades y cargos electos que generaban una deuda a su favor que más tarde sufragaba por dichos cargos públicos por "procedimientos irregulares", como el pago directo o facturación de terceras empresas, adjudicatarias de la administración, mediante la inclusión del coste de estos trabajos de reputación realizados en contratos públicos previstos para otro propósito o beneficiando a Alejandro de Pedro en ulteriores procedimientos de contratación. Esta manera de proceder les permitía no sólo obtener un lucro económico directo, sino también acceder a una relación de confianza con las autoridades públicas que les daba acceso a una red de contactos que les facilitaría acceder a contratos públicos para sí o para terceros", añade Velasco.
Recabar el apoyo de Cospedal y Floriano
En relación con los informes no públicos realizados por las empresas de reputación para el expresidente de la Diputación, el auto señala que no se han encontrado facturas que se correspondan con dichos servicios y "ello porque tal trabajo reputacional en Internet se costeaba con la colocación de banners publicitarios en los diarios digitales de Alejandro de Pedro (...) donde se creaban noticias de cobertura favorables del político" para el que estaban trabajando, con cantidades que rondaban los 3.000 euros al mes.
A su vez, explica el juez, De Pedro se prestaba a trasladar a personas notorias e influyentes del PP la información que le facilitaba Barazón sobre los apoyos de que gozaba en la formación política con el objetivo de tratar de continuar como presidente del Partido Popular en la provincia y de la Diputación. "A su vez Alejandro de Pedro se prestaba a trasladar a personas notorias e influyentes del Partido Popular (Carlos Javier García Floriano, a la sazón vicesecretario general del Partido o María Dolores de Cospedal, secretaria general, Pilar Barreiro Álvarez, alcaldesa de Cartagena y diputada nacional por el PP) la información que le facilitaba Martín Marcos Martínez Barazón sobre los apoyos de que gozaba en el partido en la provincia de León, con el objetivo de tratar de continuar como presidente del Partido Popular en la provincia y de la Diputación, de modo que éste, con ese propósito, acudió a los contactos que Alejandro de Pedro y José Antonio Conesa le indicaron del Partido Popular", reza la resolución.
Por último, en el auto también se detalla las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos vinculados a la estación invernal de esquí de San Isidro (León). "Los proyectos sobre los que se centraron su atención fueron los relativos a las pistas de esquí de San Isidro, tratando de articularlos de tal manera que se ajustaran en plazo a las necesidades políticas de Marcos Martínez Barazón y al tiempo de mandato que le quedaba hasta las próximas elecciones y que se garantizara así su adjudicación al entorno de Alejandro de Pedro Llorca, con quien se concertó realizando irregularidades en materia de contratación, que perseguían facilitar y condicionar su adjudicación a empresas vinculadas al mismo y que le confería una posición privilegiada de cara a la futura licitación frente a otros potenciales candidatos que concurrían en clara desventaja", destaca Velasco.
En el auto el juez da cinco días a la partes para que soliciten que se unan a esta pieza los testimonios que consideren y que sirvan para sus intereses.
