Nuevo frente para la Comunidad de Madrid en el caso Púnica. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) acudieron el pasado lunes a la sede de la Fundación de la Energía, un organismo dependiente de la Consejería de Economía, para requerir la entrega de abundante documentación contable del periodo 2010-2012, el tramo final de la presidencia de Esperanza Aguirre. En concreto, los guardias civiles se llevaron facturas relacionadas con pagos por la elaboración de diverso material divulgativo sobre eficiencia energética para esta entidad que cuenta entre sus patronos, además del Ejecutivo autonómico, con empresas como Repsol, Cepsa, Endesa, Gas Natural e Iberdrola. Esta es la segunda diligencia ordenada por el juez Eloy Velasco que se centra en esta fundación después de que hace seis meses el magistrado requiriera información bancaria y fiscal sobre la misma, como ya adelantó este diario.
En noviembre, el juez Velasco dictó un auto en el que ya pedía información bancaria y fiscal sobre la Fundación de la Energía
Aquella primera petición de documentación se concretó en un auto fechado el 11 de noviembre dirigido a la Asociación Española de Banca (AEB), a la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y a la Unión de Cooperativas de Crédito (UNACC) para que detallasen en qué entidades bancarias aparece como titular dicha entidad. En aquel auto, el magistrado también reclamaba a la Agencia Tributaria los datos sobre las declaraciones del modelo 347 que hubiera presentado la Fundación. Hasta el momento, sólo consta la respuesta el pasado 12 de enero del Banco Cooperativo Español, según documentos judiciales a los que ha tenido acceso Vozpópuli.
La siguiente diligencia en el 'caso Púnica' sobre esta entidad sin ánimo de lucro que ha trascendido es, precisamente, la 'visita' de este lunes de los agentes de la UCO a la sede que el organismo tiene en el número 17 de la calle Menéndez Pidal, en la capital. Según han confirmado a este diario fuentes de la propia Fundación, los guardias civiles se presentaron con un requerimiento judicial para intervenir las facturas pagadas a una empresa concreta y que se referían en su totalidad a trabajos para elaborar diversas publicaciones sobre ahorro energético. Los agentes también se llevaron ejemplares de este material divulgativo. El periodo sobre el que reclamaron esta información era concreto: 2010-2012, que coincide con los últimos tres años de Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid en los que se sucedieron Antonio Beteta y Percival Manglano al frente de la Consejería de Economía, de la que dependía la entidad.
"Campañas informativas y guías técnicas"
La Fundación de la Energía fija en su página web como objetivo de actividad "fomentar, impulsar y realizar iniciativas y programas de actuación para investigar, estudiar y apoyar actuaciones de conocimiento, desarrollo y aplicación de las tecnologías energéticas". El fin es lograr "una mejora del ahorro y la eficiencia energética, el fomento del uso racional de la energía y, en general, la óptima gestión de los recursos energéticos". Para ello, "realiza labores de difusión y concienciación mediante campañas informativas, edición de guías técnicas y organización de jornadas", incluido la elaboración de "cuadenros escolares". Es precisamente en todo este tipo de material divulgativo donde se centran ahora las pesquisas de la Guardia Civil.
La Guardia Civil centra la investigación en las facturas pagas para elaborar material divulgativo sobre la eficiencia energética
Como patronos natos de la entidad figuran seis miembros de la Consejería de Economía y Hacienda. En concreto, aquellos que en cada momento ocupen los cargos de consejero, viceconsejero, los directores generales de Comercio, de Industria, Energía y Minas, y de Economía, Estadística e Innovación Tecnológica, así como el gerente del Instituto Madrileño de Desarrollo. También están representados la Cámara Oficial de Comercio e Industria regional, la Confederación Empresarial de Madrid, la Universidad Politécnica, la Universidad Rey Juan Carlos, y las empresas CEPSA, Endesa, Gas Natural, Fundación Iberdrola, Repsol y Unión Fenosa. También aparecen como patronos "electivos" Red Eléctrica Española, CLH, Enagás, Madrileña Red de Gás y dos asociaciones sectoriales de empresarios, APIEM y ASEFOSAM. Fuentes de la fundación recalcaron ayer a Vozpópuli su disposición a prestar la "maxima colaboración" con el juez Velasco en la investigación.
LA OTRA FUNDACIÓN INVESTIGADA
Con la Fundación de la Energía, ya son dos las entidades del Gobierno regional con esta figura jurídica que se encuentran en el ojo del huracán en el 'caso Púnica'. La otra, la Fundación Arpegio, dependiente de la empresa pública del mismo nombre, ya ha visto como la que fuera su gerente, Carmen Plata, ha sido imputada por su participación en las supuestas irregularidades detectadas en la financiación en 2007 del concierto 'Night of the Prom', un capricho del entonces número 3 del Ejecutivo autonómico, Francisco Granados, que costó al erario más de 300.000 euros. El empresario que organizó aquel evento musical, José Luis Huerta, propietario de Waiter Music SL, declaró ante el juez que recibió el visto bueno del ex dirigente del PP hoy encarcelado "tomando una copa". Las pesquisas sobre esta fundación han sido incluidas por el juez Velasco en una de las dos nuevas piezas que ha abierto en el sumario. En concreto, en la número 13, donde también investiga las presuntas irregularidades de la propia empresa matriz, Arpegio, en la gestión del plan de inversiones Prisma. En esta parte de la causa también se investiga, por ejemplo, la entrega de cestas de Navidad costeadas con dinero público a amigos de Granados y su mujer, Nieves Alarcón.
