La operación deja muchas dudas por el camino, que a modo de resumen les detallo:
1º. La familia Gil y Cerezo siempre han visto el Calderón como algo especulativo que incrementara su patrimonio personal, sin importarles el arraigo o los sentimientos y mucho menos el esfuerzo de nuestros padres y abuelos atléticos para adquirirlo. Lo llevan vendiendo desde que entraron por la puerta de la ilegalidad en el Club. Ya en 1989, Jesús Gil le pidió al presidente Leguina que ofertase por él. Y montaron en el 2004 DIVISIÓN INMOBILIARIA, no solo para cobrar al propio Atleti un alquiler millonario por utilizar su estadio, sino también para captar inversores -que luego resultaron adscritos a las tramas de corrupción más famosas- a fin de recalificar y vender la parcela del Manzanares. La sombra de la Gürtel planea muy alargada sobre la recalificación final del suelo del Calderón, hasta el punto de que hay trece millones de supuesta comisión pendientes de que la justicia dictamine sobre ellos.
Gil Marín y Cerezo han abandonado a su suerte un estadio cinco estrellas para la UEFA durante todos estos años, sin mirar la incomodidad manifiesta de la afición y ni siquiera la propia imagen de la institución, rayando la podredumbre y la cutrez . Han desechado también proyectos de remodelación que hacían posible por mucho menos dinero la reforma del Calderón a un nivel de élite europea. Por ende, no se contó con la afición a la hora de afrontar el traslado, porque para los dirigentes del Atleti la denominada mejor afición de España son solo meros clientes para pagar y callar. Solo ha existido opacidad, ocultismo y mentiras.
2º.- Desde el Club solo se han vendido las excelencias del nuevo estadio, muchas de ellas en el alero, como la misma propiedad para el Atleti o la legalidad de las zonas comerciales. Se han obviado los graves problemas de movilidad y transporte. La lejanía del centro de Madrid o el desarraigo que va a producir en la afición, que ve trasladada su casa desde una zona eminentemente atlética con 14 peñas por 2 del eterno rival, a otra donde existen 9 peñas del Madrid por 5 del Atleti. También se ha pasado de puntillas sobre el dato de la antigüedad de 25 años a la fecha de su pretendido estreno, de lo que será su grada principal, la originaria construida en 1993.
3º.- El ámbito Mahou-Calderón se ha acometido trufado de ilegalidades impunemente amparadas por el Ayuntamiento del PP. La propia Junta de Compensación formada por el Club y Mahou es irregular y no se ajusta a derecho, pues entre ambos no cuentan con el 50% de la propiedad del suelo. El ámbito tiene 204.218 m2 y entre Atleti (31.046 m2) y Mahou (61.251 m2) solo poseen 92.297 m2. Por otro lado, la limitación de tres alturas más ático que establecía la Ley del Suelo tampoco ha sido respetada en el estudio de detalle aprobado por el Consistorio, lo cual ha provocado que la justicia paralice su desarrollo.
4º.- Se vincula la futura Ciudad Deportiva con el Centro Acuático aledaño a la Peineta y a la Villa Olímpica, olvidándose que los terrenos de Alcorcón han supuesto unas pérdidas por venta de plusvalías urbanísticas a crédito, hoy inexistentes, de 72 millones de euros, importe que deberá asumir el Club si finalmente se abandona tal proyecto. Añadan además otros 50 kilos de coste a la operación, solo para acabar el Centro Acuático.
5º.- Además, la construcción de oficinas, residencia, zonas comerciales y hosteleras etc, usos todos ellos ajenos o no vinculados directamente a la actividad deportiva, debe ser posible a través de la necesaria revisión del planeamiento, como la propia desafectación y depuración jurídica de los terrenos, tanto de la Peineta como del Centro Acuático y Villa Olímpica, que de momento es suelo público y debe convertirse en privado, debiendo ponerse de acuerdo Ayuntamiento y Comunidad,
6º.- Según el convenio suscrito con el Ayuntamiento, la ejecución de las obras del nuevo estadio debería estar culminada en tres años desde la firma del acta de replanteo y el incumplimiento de dicho plazo es causa de extinción de la concesión. El acta de replanteo se suscribió el 21 de octubre de 2011, luego la demora en la ejecución, suponiendo que no se haya prorrogado el plazo, lo cual no me consta ni se ha hecho público, coloca al Club en una posición de debilidad ante cualquier negociación al haber incumplido la estipulación quinta del Convenio y entrar en causa de resolución del mismo.
En conclusión, estimo que el proyecto no solo se ha acometido de espaldas a la afición, sino con engaño manifiesto a esta, por mentir sobre su coste y dificultades legales que a día de hoy resultan patentes e indiscutibles, tanto como que el tiempo que corre inexorable y el dinero, son los grandes obstáculos con que Gil Marín se topará de bruces, impidiendo muy probablemente que en septiembre de 2017 el Atleti pueda iniciar esa temporada en su futuro estadio.
Por todos los motivos expuestos no puedo manifestarme de otra forma que no sea oponiéndome al traslado y dicha oposición va mucho más allá de motivos sentimentales. Para mí, por encima de las comodidades y excelencias del nuevo estadio, que considero podrían haberse conseguido mediante la remodelación del Calderón, está el patrimonio del Club, la incidencia económica que tiene la operación en sus arcas y la dignidad a la hora de defender el respeto de la ley en todo lo que atañe a la actividad del Atleti.
* Jesús Manuel Martínez Caja es abogado especialista en Derecho Inmobiliario, miembro de 'Señales de Humo' y de la asociación atlética 'Los 50'.
