El polémico comisario José Villarejo ha dado un impulso insospechado al caso del ático de Ignacio González. Tras su declaración como testigo en febrero ante la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona (Málaga) en la que ya relacionó dicho inmueble de lujo con un supuesto pago de la Gürtel por un 'pelotazo' en Arganda del Rey (Madrid), el mayor que dio la trama, el mando ha entregado ahora una nota interna de la Policía en el que no sólo refuerza dicha acusación, sino que apunta que Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre hicieron oídos sordos a las denuncias que le llegaban en 2004 sobre las supuestas irregularidades cometidas por el entonces número 2 del Ejecutivo regional madrileño. El documento, de cinco folios de extensión y al que ha tenido acceso Vozpópuli, detalla que el hoy presidente del Gobierno en funciones y entonces líder de la oposición, y la máxima responsable del partido en Madrid hasta hace unas semanas celebraron "una reunión de trámite" e, incluso, esta última "dio garantías a todos los implicados" y permitió que el amaño se llevara a cambio "sin que las fingidas gestiones de la dirección nacional del PP [...] cambiaran para nada el resultado".
El comisario Villarejo registró el informe en la propia Dirección General de la Policía el pasado 3 de marzo poco antes de entregárselo a la juez que investiga el ático de González
El documento, fechado el 11 de julio de 2011 con la referencia "NI [Nota Interna] Sumario Gürtel-IG [Ignacio González].y otros", fue entregado por el comisario a la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona después de registrarlo previamente en la propia Dirección General de la Policía el pasado 3 de marzo, según se observa en un sello que figura estampado en la primera hoja del mismo. El contenido del mismo, adelantado este sábado en parte por El País e Infolibre, apunta en la misma dirección que las declaraciones que el pasado 2 de febrero ya había hecho el mando policial ante la magistrada. Entonces aseguró que un confidente de los agentes que investigaban la red presuntamente liderada por Francisco Correa les había asegurado que el político "había cobrado aproximadamente 2 millones de euros" de comisión y que el inmueble era parte del pago por la 'Operación Arganda', el mayor pelotazo de la red de corrupción por la que está imputado, entre otros, el constructor Fernando Martín, cuya empresa, Martinsa, fue la que se hizo con aquellos terrenos por 77 millones de euros.
"Una reunión de trámite"
Sin embargo, en aquella declaración, en la que llegó a acusar al director general de la Policía, Ignacio Cosidó, de presionar al dirigente del sindicato policial que presentó la denuncia que permitió abrir el sumario para que retirase ésta, no citó ni a Rajoy ni a Aguirre, cuyos nombres si aparecen de manera destacada en la nota interna que ha entregado ahora a la juez del caso. De hecho, en la misma se destaca que según "las informaciones recibidas por ahora no contrastadas fehacientemente", las supuestas irregularidades habían llegado a "la dirección nacional del PP por denuncias entre otros de constructores que también se presentaron a los concursos de adjudicación y detectaron las trampas". Siempre según el documento policial, "el presidente de esta formación política, M[ariano] Rajoy, se limitó a mantener una reunión de trámite en la calle Génova con la presidente del PP-Madrid Esperanza Aguirre en noviembre de 2004 [en el informe figura por error el año 2000]".
El documento incorporado ahora al sumario habla de "fingidas gestiones de la dirección nacional del PP" tras las denuncias de irregularidades en el 'pelotazo' de la Gürtel en Arganda
La nota informativa añade que, tras ese encuentro, el entonces alcalde de Arganda del Rey, Ginés López, imputado más tarde en el sumario de Gürtel por este presunto fraude, "fue llamado para que diera explicaciones", En aquel encuentro, el regidor "adujo que dicha operación 124 de Arganda, al igual que otras similares, se habían hecho porque IG [Ignacio González] dio instrucciones concretas y precisas sobre cómo gestionar el suelo municipal". El informe policial desconocido hasta ahora continúa asegurando que "según fuentes internas del propio PP" que en aquel momento no estaba recogidas judicialmente, "Aguirre dio garantías de todos los implicados y apenas unos días más tarde, en diciembre de 2004, la adjudicación a Martinsa se realizó tal y cómo la había pactado Correa, sin que las fingidas gestiones de la dirección nacional del PP, para aparentemente evitar la operación, cambiaran para nada el resultado".
Más acusaciones
La nota interna no se queda ahí. De hecho asegura que el 'pelotazo' de Arganda está relacionado con el viaje que Ignacio González realizó en el verano de 2008 a Colombia y que fue grabado por detectives privados, según destapó el diario El País un año más tarde. De hecho, llega a destacar la coincidencia en el hotel que ocupaba el entonces vicepresidente madrileño con dos españoles supuestamente relacionados con el "peligroso cártel de Cali". También detalla supuestas irregularidades en el Canal de Isabel II, la mayor empresa pública de Madrid y que, según el informe del comisario Villarejo, es "la herramienta para los cobros y pagos de difícil justificación, así como el sistema de enriquecimiento ilícito de ciertos dirigentes de la Comunidad de Madrid". El documento incluso relaciona dicha sociedad pública con supuestos pagos a periodistas y medios de comunicación con el fin de que ensalzaran a los dirigentes regionales del PP y criticaran a sus adversarios políticos. El Canal de Isabel II es actualmente investigado dentro del sumario del 'caso Púnica'.
El informe habla de supuestas irregularidades en el Canal de Isabel II y otra empresa pública como "sistema de enriquecimiento ilícito de ciertos dirigentes de la Comunidad de Madrid"
Otra empresa que figura en esta última causa y que también aparece en la nota del comisario es la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, de la que asegura que "adjudicaría contratos millonarios mediante aparentes licitaciones previamente pactadas con los adjudicatarios, elaborando facturas falsas, engordando contratos y/o liberando fondos en efectivo, parte del cual iría a la caja B del partido político controlador y parte se quedaría en manos de quienes estarían manejando dichas operaciones". El escrito policial también destaca los "vínculos" de Ignacio González y el empresario Enrique Cerezo en unas supuestas irregularidades en la adjudicación de las televisiones digitales en la Comunidad de Madrid. Precisamente, ambos esperan que la juez de Estepona decida si los considera investigados (la nueva denominación de la figura de imputado) dentro del caso del ático, como pide la Fiscalía Anticorrupción.
El documento policial habla también de la entrega de dinero en "bolsas de plástico" como comisión de otra operación urbanística amañada en la Comunidad de Madrid supuestamente instigada por Ignacio González en 2007 y las posteriores presiones a un juez para que archivara la investigación que se abrió entonces por aquella. También recoge la existencia de cajas de seguridad en un banco a nombre de varios colaboradores del expresidente madrileño que "periódicamente se reunían para repartir cuando éstas estaban llenas".
