Seat, que pertenece al grupo Volkswagen, ha reconocido que los motores con problemas de emisiones contaminantes han sido ampliamente utilizados por la compañía en varios de sus modelos, según ha informado Efe este jueves, horas después de que el el ministro de Industria, José Manuel Soria, haya pedido al vicepresidente mundial del grupo alemán, el español Francisco Javier García Sanz, que le suministre "lo antes posible toda la información necesaria para determinar el alcance del problema en general y de manera específica en nuestro país".
Debido a que en España es el Ministerio de Industria el encargado de homologar los vehículos de Seat, marca de Volkswagen, es por lo que ha pedido al Grupo que le informe "en términos concretos sobre cuántos vehículos de los 11 millones afectados han podido ser vendidos en el mercado español"según rezal el texto epistolar.
En medio del escándalo están los 4.200 millones de euros ya comprometidos en inversiones en VW, con lo que la plantilla de Seat en Barcelona se ha mostrado preocupada
No obstante, aseguran las mismas fuentes, aún no tiene la cifra exacta de los motores EA189 montados por la marca en España, iguales que los afectados por el escándalo de las emisiones contaminantes de Volkswagen en EE.UU., porque se está realizando el recuento.
Fuentes de Seat ha informado este jueves de que la actual gama de modelos de Seat ya no utiliza los motores implicados en el escándalo, porque ha incorporado la nueva generación 2.0 TDI adaptada a la normativa Euro 6. Estos motores están fuera de sospecha ya que han sido ampliamente modificados con el fin de reducir drásticamente, sobre todo, las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx).
Este contaminante, catalogado como agente cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud, es precisamente el contaminante en el que el EA189 ha proporcionado valores por encima de los permitidos en el mercado norteamericano.
Soria también ha enviado otra misiva a la comisaria europea de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y de la PYME, Elzbieta Bienkowska, en la que ha expresado su preocupación porque este tipo de escándalos puedan afectar a la recuperación económica de Europa. Por ello, ha propuesto a la comisaria que "de forma inmediata" se organicen las reuniones necesarias para que todos los Estados miembros, junto con la Comisión, puedan analizar la información disponible y valorar las posibles acciones.
Grupo de trabajo de urgencia
Además, el Ministerio ha creado un grupo de trabajo para seguir "minuto a minuto" el escándalo, según ha informado este jueves la secretaria general de Industria, Begoña Cristeto, quien ha apuntado que este grupo de trabajo, del que forma parte el ministro Soria, tiene el objetivo de gestionar todas las informaciones que se reciben sobre este caso.
Volkswagen ha reconocido que, mediante un software, ha manipulado durante años los datos sobre emisiones de 465.000 vehículos diésel en Estados Unidos de los modelos Golf, Jetta, Passat y Beetle, así como del Audi A3, escándalo que ha derivado en la dimisión del presidente del grupo, Martin Winterkorn.
Preocupación en el sector
Entre tanto, las filiales en España de las diferentes marcas de automóviles han pedido cautela para que no se haga un daño mayor al sector del automóvil. El asunto ha sido tratado en la Junta ordinaria que ha celebrado este miércoles la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac). Fuentes cercanas han indicado que en la reunión de Anfac se ha dejado claro que lo que ha sucedido en Estados Unidos no puede pasar en España porque los controles sobre la homologación de vehículos son distintos.
En la carta del ministro Soria no se dice nada de las inversiones comprometidas a primeros de septiembre por Volkswagen por importe de 4.200 millones de euros en las dos plantas que tiene en España, la de Martorell (a la que irán destinados 3.300 millones) y Landaben (Navarra). El Gobierno de Navarra ha asegurado que mantiene la "visión optimista" que tenía sobre Volkswagen y "el posible impulso" de su planta en Navarra. La plantilla de SEAT en Barcelona se ha mostrado más preocupada y ha exigido al Gobierno español y al catalán que tomen cartas en el asunto.
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