La UE impondrá a España un castigo ejemplar si no recupera los 300 millones de euros que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero repartió entre varias comunidades autónomas para llevar la TDT a los lugares más remotos de la geografía nacional. Estas ayudas fueron declaradas ilegales por la Comisión Europea en 2013 debido a que durante su concesión se produjo un claro trato de favor hacia esta tecnología con respecto al resto de las disponibles en el mercado, por lo que esta institución europea instó a España a que exigiera su devolución a quienes se las había concedido. Más de dos años después de este requerimiento, el Gobierno no ha recaudado ni un euro en este concepto y la amenaza de recibir una multa por esta demora ha aumentado después de que Italia haya sido sancionada con 30 millones de euros por un hecho similar.
El caso italiano representa un precedente importante en la Comisión Europea, toda vez que conlleva una sanción a un país miembro por demorarse de forma injustificada a la hora de recuperar las subvenciones que otorgó de forma irregular a un sector de su economía, han explicado a Vozpópuli fuentes jurídicas.
En el caso del país transalpino, la UE dictaminó que las desgravaciones y excenciones de cargas sociales que se concedieron al sector turístico entre 1995 y 1997 (37,7 millones de euros anuales) eran incompatibles con los principios del mercado común, por lo que exigió al Gobierno que las reingresara de las 1.810 empresas que se habían beneficiado de ellas. El Ejecutivo hizo la vista gorda, a pesar de que sus recursos ante el Tribunal de Justicia de la UE no prosperaron. De ahí que haya sido multado con 30 millones de euros, a los que se sumarán 12 millones por cada semestre en que se demore a partir de ahora en la recaudación del montante de estas ayudas.
Rodríguez Zapatero gastó 300 millones de euros en llevar la TDT al 2,5% de la población
Un error del Gobierno de Rodríguez Zapatero
En el caso de España, las subvenciones salieron de las arcas del Estado a partir de 2005, después de que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero aprobara una línea de ayudas para que los habitantes de las zonas en las que resulta más complicado recibir la TDT -por causas geográficas- pudieran dar el salto del sistema analógico al digital, ante el apagón que estaba programado para cinco años después.
Las compañías que disponen de una licencia para emitir en toda España (Atresmedia, Mediaset, NetTV y VeoTV) tienen la obligación de llevar su señal sólo al 96% del territorio, mientras que Televisión Española, sólo al 98%. Por eso, los socialistas idearon un programa de subvenciones para extender la cobertura a las zonas a las que no se recibían sus canales, en las que habita aproximadamente el 2,5% de la población. Lo dotaron de alrededor de 300 millones de euros que repartieron entre varias comunidades autónomas. Éstas, a su vez, sacaron a concurso proyectos para adjudicar a las empresas de telecomunicaciones la construcción de las infraestructuras necesarias para llevar la TDT a estos lugares.
El problema es que la Comisión Europea consideró que, a la hora de conceder estas ayudas, el Gobierno discriminó a otras compañías que también estaban capacitadas para llevar la cobertura de televisión a las zonas de sombra, como las de satélite. Cuando el Ejecutivo quiera cumplir con la exigencia de este organismo comunitario, deberá reclamar estas subvenciones a cada región y, posteriormente, confiar en que cada una de las autonomías sea diligente a la hora de solicitar la devolución del dinero a las empresas concesionarias. Estas últimas, al verse perjudicadas por una mala praxis de una Administración, podrían emprender un litigio por daños y perjuicios. Un asunto delicado que se gestó en el seno del gabinete de Rodríguez Zapatero y que puede desembocar en una multa de varias decenas de millones para España.
El Gobierno deberá reclamar a varias comunidades autónomas que le devuelvan los 300 millones de euros de subvenciones
Un proceso judicial en curso
A finales de este año, se espera que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelva los dos recursos que presentaron, por un lado Abertis, Cataluña, Galicia, Navarra y País Vasco; y, por otro, Castilla-La Mancha, para tratar de anular el dictamen de la Comisión Europea que obliga a devolver estas ayudas. La vista previa se celebró el pasado marzo y, desde entonces, se espera el veredicto de un tribunal que en su decisión tendrá presente el precedente de Italia.
Pero, en teoría, la sanción a España podría llegar en cualquier momento, puesto que no se establecieron medidas cautelares sobre este asunto y, por tanto, el Gobierno está obligado a cumplir con las exigencias de la Unión Europea cuanto antes. Toda una patata caliente heredada por el departamento de José Manuel Soria que puede resultar muy perjudicial para varias empresas importantes del sector de las telecomunicaciones.
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