¿Ajustes de cuentas entre los diferentes grupos parlamentarios aprovechando el final de legislatura? Pues algo de eso se huele en las filas de los dos grandes partidos, donde se cruzan informes comprometedores para algunos diputados. De momento, los populares Vicente Martínez Pujalte y Agustín Conde han conseguido sobrevivir sanos y salvos a las informaciones que han desvelado algunas de sus actividades privadas y que apuntan a un posible tráfico de influencias. El PSOE, advierten en el PP, también va a dejarse pelos en la gatera si continúa “en esta especie de caza de brujas”. Primera víctima elegida: el parlamentario del PSC Román Ruiz Llamas, nacido hace 61 años en la localidad malagueña de Humilladero, ponente adjunto de la Ley de Hidrocarburos que ahora se tramita en el Senado y vinculado estrechamente al negocio de las gasolineras.
El diputado socialista reconoce que cuando deje el escaño volverá al negocio de las gasolineras
Ruiz Llamas, adscrito a la parroquia del polémico exdirigente del PSC José Zaragoza, estuvo a punto de ser portavoz de Energía del Grupo Socialista, pero Alfredo Pérez Rubalcaba le vetó para el cargo. Lo que sí logró fue trabajar como ponente adjunto en la Ley de Hidrocarburos que ahora se tramita en la Cámara Alta, donde ha dejado varias huellas dignas de mención, una durante la etapa del propio Rubalcaba y otra de Pedro Sánchez como secretario general del PSOE. La primera data del 22 de marzo de 2013 y la segunda del 6 de febrero pasado. Responden a dos proposiciones de ley, la última firmada también por la responsable de Energía de la ejecutiva federal, Pilar Lucio, en las que se defiende el entierro del oligopolio en el sector de las estaciones de servicio mediante la prohibición de que se renueven los contratos entre gasolineras y petroleras que copen más del 25% del mercado en cada provincia. En otras palabras, que se abra el mercado a firmas independientes ajenas a Repsol, Cepsa y BP para que haya mayor competencia y se abarate el precio que los consumidores pagan por los combustibles.
No habría, en realidad, nada que objetar, aseguran fuentes del PP, si no fuera porque Ruiz Llamas es un empresario vinculado estrechamente al negocio de las gasolineras, en el que fue presidente de la Asociación Catalana de Distribuidores de Gasóleo y en el que pretende seguir ejerciendo en cuanto abandone su escaño al final de esta legislatura para extender su actividad a Andalucía, tierra de la que es natural.
Accionista de varias sociedades
En la declaración de bienes hecha al Congreso por el propio diputado, constan varias propiedades inmobiliarias en Barcelona, Málaga y Teruel, además de ser el propietario de naves y terrenos industriales pertenecientes a la Sociedad Energéticos y Logística 2005, donde tiene el 98,74% de las participaciones, así como accionista de la Empresa de Hidrocarburos de Málaga y de Gasóleos Montmelo, vinculada, a su vez, a la firma antes citada.
Fuentes del PP consideran que “es poco ético defender en el Congreso que haya mayor facilidad para la apertura de estaciones de servicio a nivel estatal cuando se tienen intereses directos en el sector”, sobre todo cuando desde el primer partido de la oposición se ha puesto el grito en el cielo por los casos Pujalte y Conde y se ha pedido la investigación de ambos en la Cámara Baja.
El diputado socialista aludido se defiende: “Lo primero que tengo que decir es que yo no tengo ningún despacho de influencias. Es muy posible que cuando acabe la legislatura, vuelva a mi sector, donde he tenido la sociedad Energéticos y Logista durante 33 años. Si quiero ampliar mi negocio a Andalucía tengo todo el derecho. Pero de ahí a decir que he incurrido en algo irregular va un mundo, porque es una auténtica mezquindad”.
Según la versión de Ruiz Llamas, él vendió dicha sociedad a sus socios en 2005 y con el dinero que obtuvo compró varias naves industriales que mantiene alquiladas con unos ingresos que le reportan 98.000 euros al año, en lugar del millón que podría ingresar de no haberse dedicado a la actividad política. “Yo siempre estuve vinculado al sector minorista de las estaciones de servicio, pero desde 2006 no he tenido ninguna relación con el. En el supuesto de que volviera a lo mío, ¿qué beneficio obtendría de que los consumidores paguen un precio inferior por el consumo de combustible?, se pregunta. Y añade: “Si hubiera barrido a mi favor, le hubiera hecho la pelota a Repsol o a Cepsa, firmas a las que ya denuncié en 2000 como presidente de los distribuidores, siguiendo los criterios de la Comisión Nacional de la Energía y de la Comisión Nacional de Competencia”.
El PP advierte: "Se aplicará la misma vara de medir a todos los diputados"
En una de las iniciativas parlamentarias firmadas por el diputado, se lee textualmente: “Los operadores que quieran entrar a competir en España se encuentran actualmente con enormes dificultades para abrir nuevas estaciones de servicio, dadas las numerosas restricciones de tipo urbanístico existentes… Los inadecuados niveles de competencia efectiva detectados, tanto en el sector mayorista como en el minorista, constituyen un grave perjuicio para los consumidores y las empresas que soportan mayores precios relativos del carburante”.
Fuentes del PP concluyen: “Si el PSOE pretende hacer la guerra contra algunos de nuestros diputados, pinchan en hueso, ya que entonces tendremos que aplicar la misma vara de medir para los suyos”. De hecho, Ruiz Llamas ha sido el primero en entrar en su radar.
