El Ministerio de Industria, Energía y Turismo diseñará la reforma del sistema gasista a partir de un escenario de costes en el que se incluya el relacionado con el almacenamiento subterráneo de gas de Castor, indicó el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, en un encuentro con la prensa.
La actividad de llenado de gas en este almacenamiento quedó suspendida el año pasado debido a los seísmo detectados en la zona. Pese a ello, la repercusión de su coste sobre la tarifa es previsible, ya sea por su hipotética entrada en operación o por la posibilidad de que los promotores reviertan la instalación al Estado.
Nadal indicó que Industria quiere tener "la máxima información" acerca de "qué hacer con los mil y pico millones" de coste de la infraestructura. "Tenemos que ser muy prudentes" y encontrar una solución que reconozca la inversión al "mínimo coste" para los consumidores, dijo.
Conforme a la cláusula del acuerdo de concesión de Castor en 2008, la empresa Escal UGS, participada por ACS y la canadiense CLP, tiene la opción de renunciar por escrito a la infraestructura. "Es ahí cuando el Gobierno tendrá que decidir cómo se paga", indicó Nadal.
El secretario de Estado de Energía no precisó si Castor podrá entrar en operación. "La pregunta del millón no es saber qué ha pasado, sino saber qué va a pasar en caso de que funcione", y por el momento "nadie" ha sido capaz de ofrecer una respuesta, dijo. "Tenemos que estar muy seguros" y recabar la información "llevará mucho tiempo", añadió.
Junto a esto, reconoció que "hoy en día" el sistema gasista "no tiene necesidad" de este almacenamiento, que se construyó con unas previsiones de demanda muy superiores a las actuales. "Si empezáramos desde cero, diríamos que no a su construcción", si bien "eso no quiere decir que dentro de diez años no se necesite".
Por otro lado, Nadal ofreció algunos detalles acerca de la reforma del sistema gasista en la que trabaja el Gobierno, que entrará en vigor el 1 de enero de 2015. Industria se propone tener "las ideas claras" antes del 30 de junio e iniciar la tramitación en julio, con el objetivo de que entre en vigor el 1 de enero de 2015.
Para acabar con el déficit de tarifa de "700 u 800 millones de euros" el Gobierno fijará un "escenario razonable de evolución de demanda hasta 2020" y condicionará la revisión de la retribución a las variaciones de demanda. Este mecanismo ya se usaba en distribución y regasificación, y ahora se ampliará a otras actividades.
