Las multas por exceso de velocidad han sufrido en los últimos años una notable caída, fruto por un lado de la instalación de numerosos radares y, por otro, por los efectos de la propia situación de crisis, que ha llevado a muchos usuarios a bajar el pistón en los largos desplazamientos en aras de un menor gasto de combustible. Una bajada de recaudación que ha llevado a la Dirección General de Tráfico a adquirir, como ya fue aprobado a finales del pasado año, hasta 16 nuevos radares que han supuesto un coste superior al millón de euros. Si cada uno de estos nuevos radares multara cada día a tres conductores por exceso de velocidad —aun con el importe mínimo de 50 euros con la reducción incluida— en apenas un año se habría amortizado.
Pero la novedad no es sólo la compra en sí de nuevos radares, sino que se trata además de modelos de los denominados polivalentes, que supone en la práctica contradecir la decisión anunciada por la propia Directora General de Tráfico (DGT), María Seguí, de no invertir más en radares fijos, y hacerlo sólo en móviles que permitan cubrir, en principio, tramos de carreteras secundarias especialmente peligrosos para el conductor. Y, sin embargo, estos 16 nuevos radares que entrarán en breve en funcionamiento, podrán ser utilizados tanto en vehículos móviles como en paneles fijos, debiendo en este último caso ser señalizado con anterioridad.
Una forma más por tanto para aumentar el poder recaudatorio de un organismo que, más que velar por la seguridad de los conductores, vela por incrementar las arcas a costa de una persecución total hacia el usuario. Hasta tal punto, que entre las nuevas prácticas a la hora de poner multas, encuentran en la presunción de veracidad de los agentes una fórmula con la que multar sin más valor que el propio testimonio, llegando a enviar notificaciones de sanciones por el simple hecho de acceder a una rotonda y, supuestamente, no ceder el paso a otro vehículo. 200 euros y 4 puntos menos en el carné de conducir sin necesidad de bajarse del coche y sin posibilidad de defensión alguna para el conductor. Sin video, sin foto, con la simple apreciación del agente, la maquinaria recaudatoria llega a ser casi ilimitada.
A día de hoy, en España existen cerca de 850 radares fijos instalados en las carreteras, aunque no todos corresponden a la DGT, que se «conforma» con unos 550, toda vez que tanto en Cataluña como en el País Vasco tienen transferida la competencia de la gestión de tráfico, disponiendo de unos 240 los Mossos d’Esquadra y cerca de 60 la Ertzaintza. A ello hay que sumar los cerca de 250 radares móviles instalados en diferentes vehículos de la Guardia Civil de Tráfico.
