La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato más representativo en las Administraciones Públicas, ha garantizado este jueves su voluntad de someterse "sin ningún tipo de matices" a la futura Ley de Transparencia, que ha comenzado su tramitación en el Congreso de los Diputados, informa EP. De esta manera, el sindicato de funcionarios deja en evidencia a Comisiones Obreras y UGT, que han defendido que la obligación de los sindicatos no debería ser la misma que la de los partidos políticos "a la hora de dar cuenta ante el conjunto de la sociedad de su financiación, su actividad y los posibles conflictos de intereses entre sus cargos y dirigentes".
En su comparecencia ante la Comisión Constitucional para dar su opinión sobre la Ley de Transparencia, tanto el secretario de Estudios de CCOO, Rodolfo Benito, como el de Participación Sindical e Institucional de UGT, Frederic Monell i Lliró, han exigido que su aplicación a las organizaciones sindicales no limite su "completa autonomía organizativa", ni suponga una "injerencia de los poderes públicos" en la libertad sindical.
El representante de UGT ha planteado si los medios de comunicación y la banca no deberían someterse también a la ley de transparencia y, en ese sentido, el dirigente de la CEOE ha afirmado que "hay muchas organizaciones privadas que también podrían estar, como los notarios, un colegio concertado o un canal de televisión".
Funcionarios: recuperar la credibilidad sindical
Según CSI-F, los sindicatos son entidades al servicio de la ciudadanía y como no puede ser de otra manera deben rendir cuentas como el resto de las instituciones que reciben fondos públicos. Borra considera que esta es "la mejor manera para que los sindicatos obtengan la credibilidad y el respaldo de los ciudadanos en un contexto en el que por diferentes motivos, se han visto cuestionados".
De hecho, ha anunciado que CSI-F se ha sometido a una auditoría independiente y que prevé hacer públicos sus resultados cuando estén listos, lo que, previsiblemente, ocurrirá incluso "antes de que la futura ley vea la luz en el Parlamento". De esta manera, según Borra, los ciudadanos podrán comprobar cómo la financiación de CSI-F procede fundamentalmente de las cuotas de sus afiliados.
