El título de Príncipe de Asturias como heredero de la Corona fue creado por el Rey Juan I de Castilla en 1388 para su hijo Enrique. Parece que la inmensa Historia española y su realidad superan esa barrera temporal de 1978 que esconde tantas trampas. Ahora se empeñan en fijar con ensañamiento, idiocia y felonía que la Princesa de Asturias es únicamente "heredera de la Constitución". La nación reducida a un texto legal, ambos ultrajados. Esta identificación la hacen todos aquellos que temen que se recuerde que la Princesa Leonor es heredera de la Corona de España, algo que está más allá de un presente político oscuro y de sus siniestros políticos presentes.
Lo que justifica la existencia en democracia de una Monarquía parlamentaria, y especialmente en nuestro país tras décadas sin ella, es que simbolice lo que une, la nación, y vincule el presente político a la tradición nacional. Sé que todo recuerdo de dónde venimos corre el riesgo de provocar tristeza y desasosiego por lo que ahora somos, presos espectadores del discurso sectario pancatalanista de Francina Armengol. Pero sobre todo, se trata de evitar y ocultar toda referencia hispánica de la Corona española porque provoca indigestión, furia y rechinar de dientes en la izquierda y los secesionistas por lo que nunca serán ellos.
Un día festivo en el que la amnesia parecía ser parte del protocolo. Un país ávido de ser siervo confunde la institucionalidad con la ceguera del pueblo, contra el que actúa el Estado. Un día solemne en el que toda la prensa lanar aplaudía el sometimiento de la Princesa de Asturias al imperio de la ley sólo dos días después del anuncio de la Ley de amnistía a los golpistas del presidente del Gobierno en funciones.
Un juramento agrio el someterse a un Estado de derecho al servicio de un Poder Ejecutivo en rebelión que controla al Legislativo, a la cúpula judicial y al allí presente Conde Pumpido
Como si se hubieran esparcido las cenizas de una ilusión en el gris blanquecino del cielo de Madrid, se respiraba cierta burla de úlcera, un desánimo y una impotencia atónita por asistir a un teatro desnudado donde se jura solemnemente cumplir la Constitución ante quienes lideran un golpe de Estado desde el escenario parlamentario. Un juramento agrio el someterse a un Estado de derecho al servicio de un Poder Ejecutivo en rebelión que controla al Legislativo, a la cúpula judicial y al allí presente Conde Pumpido. Todo ello acorde con el propio sistema constitucional.
En un intento de perpetuar y salvaguardar la nación, muchos españoles con buenas intenciones se entusiasman por una formalidad monárquica, como sería lo natural, como si nada sucediese. Pero sucede y es importante aclararlo. La Princesa de Asturias, en su mayoría de edad, debe jurar cumplir la Constitución como acto de sometimiento de la Corona a la ley suprema, expresión de la voluntad popular representada en el Parlamento. Pero por mucho que se repita la teoría no se convierte en verdad, sino que oculta la realidad.
Estamos en un estatismo que persigue a los ciudadanos. Mientras las instituciones han sido inundadas por políticos socialistas, se defiende una amnistía constitucional a los golpistas, se indulta a malversadores y hay oportunos errores judiciales que impiden procesar a altos cargos del Ministerio del Interior por corrupción; a los españoles se les investiga, persigue y multa con miles de euros por no reciclar la basura o por sus opiniones en redes sociales.
Golpe de Estado en curso
El golpe de Estado actual no se realiza sólo desde las instituciones en el poder fingiendo opresión desde el coche oficial, como pasó en Cataluña. Ahora la posmoderna toma del poder absoluto e impune requiere mantener un telón ficticio de normalidad institucional y sacar de ella a la oposición. El delito se torna institucional y el ciudadano que lo denuncia sale de ella, se convierte en lo ilegítimo a repudiar. Como un veneno por goteo, un matarratas dosificado y engalanado, se fusiona la apariencia de institucionalidad presidida por quien delinque para criminalizar la verdad y lo que hasta ahora era la democracia.
El golpe de Estado de Pedro Sánchez y sus socios secesionistas se hará con el BOE y el Tribunal Constitucional. Con el "Estado de derecho". El verdadero poder absoluto e impune requiere reconocimiento de legitimidad y sometimiento voluntario por parte de los ciudadanos. El golpe de Estado en curso requiere, para consolidarse, una ficción mediática e institucional de legalidad y normalidad. Si la amnistía es constitucional es necesario todo juramento y sometimiento a lo que dicten las instituciones del PSOE, en guerra contra los ciudadanos.
